“Vandalismos”, artículo de Sergio Aguayo sobre hechos del 1-D
En su análisis publicado en el diario Reforma, el analista político considera que el 1 de diciembre 'se repitió una parte del pasado', al recordar los acontecimientos del 2 de octubre de 1968.
(Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

Artículo íntegro del analista político Sergio Aguayo.

Vandalismos

Sergio Aguayo

Reforma/ 12 de diciembre de 2012

Para Alejandro Solalinde, justamente reconocido.

La violencia vandálica es terca y se niega a salir de la vida pública. Reaparece en la calle y busca resquicios por doquier.

El 2 de octubre de 1968 los vándalos que dispararon indiscriminadamente contra la multitud eran un puñado de oficiales del Estado Mayor Presidencial que obedecían órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La historia difundida desde el gobierno era diferente y fue adoptada por la mayor parte de los medios de comunicación mexicanos: jóvenes violentos habían agredido a las fuerzas del orden.

El gobierno impuso su versión y su voluntad en el corto plazo. Los Juegos Olímpicos se inauguraron como si nada hubiera sucedido, jueces serviles refundieron en Lecumberri a los líderes más connotados y el 10 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores escenificó en Bellas Artes una primorosa conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las instituciones de la República sirvieron de alfombra para que se deslizara la voluntad presidencial. Al final, fue una endeble puesta en escena. La llamada “noche de Tlatelolco” es símbolo de lo que no deseamos para nuestro país.

El 1o. de diciembre de 2012 se repitió una parte del pasado. Un pequeño grupo de vándalos incendió la calle y algunos medios desprestigiaron al movimiento juvenil y minimizaron los excesos policiacos, los ministerios públicos y los jueces de la capital compitieron en torpezas, ineficiencias y parcialidad. Once días después la autoridad capitalina sigue siendo incapaz de esclarecer quiénes planearon y financiaron los desmanes.

Sin embargo, hay diferencias enormes con la historia de 1968. Hubo medios de comunicación que señalaron desde un primer momento las inconsistencias de la versión oficial utilizando, para ello, la abundante evidencia que circuló por las redes sociales demostrando los excesos policiacos. Fue también determinante la indignación de esa parte de la ciudadanía decidida a defender las libertades alcanzadas.

Otra diferencia notable es el extraordinario trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que presentó el 6 y 7 de diciembre dos informes en los que documentaba abusos, torturas y contradicciones gubernamentales. Al actuar con tanta determinación y rapidez demostró la importancia que tienen los organismos públicos de derechos humanos comprometidos con los derechos de las víctimas.

Las trifulcas callejeras se dieron en medio de una batalla parlamentaria ligada directamente con el uso de la fuerza por parte del Estado. Desde hace unas semanas el equipo de Enrique Peña Nieto ha impulsado una reestructuración de la Administración Pública Federal. Una pieza fundamental del proyecto es la creación de una supersecretaría de Gobernación que incorporará en su organigrama a las decenas de miles de efectivos encuadrados hasta hoy en la Policía Federal.

El PRI y el Verde presentaron esa propuesta en el Congreso. Las fracciones del PAN, PRD, MC y PT en el Senado detectaron riesgos potenciales para la vida democrática y pusieron varias condiciones para aceptarla. Se inició un feroz forcejeo. El PRI fue cediendo y aceptó, por ejemplo, que el titular de la Secretaría de Gobernación comparezca cada seis meses ante comisiones legislativas. El punto de mayor desacuerdo era la exigencia opositora de que dos terceras partes del Senado ratifiquen los nombramientos del comisionado nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estamos ante una petición sensata y legítima porque el historial y la personalidad de quienes ocupen esos cargos influirán en la manera en que se comporten las corporaciones policiacas. En México sigue habiendo políticos y gobernantes dispuestos a utilizar la violencia como forma de gobierno y quien lo dude puede revisar lo sucedido en Atenco, Estado de México, y en la Alameda capitalina.

El PRI hizo todo lo que pudo para vencer la resistencia opositora. A tanto llegó su frustración que la semana pasada se lanzó a tomar la tribuna de la Cámara Alta. Ayer martes, 11 de diciembre, la fracción del PRI en el Senado rectificó y dio un ejemplo de cordura con la abstención de sus senadores, e hizo posible la aprobación de candados democráticos al uso de la fuerza. Es una actitud que se aprecia porque México vive una institucionalidad democrática incompleta; no podemos dejar resquicios al vandalismo embozado o al de cuello blanco almidonado.

La miscelánea

El 1o. de diciembre hubo desmanes y violencia en otras ciudades de la República. Las similitudes entre la capital y Guadalajara son tan notables que valdría la pena investigar si estamos ante un plan desestabilizador más amplio. Ayudaría que el responsable de la seguridad pública federal, Manuel Mondragón y Kalb, explique por qué aseguró el 1o. de diciembre que la violencia que asolaba al centro de la ciudad era deliberada.



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