Corte IDH condena a Argentina por violar independencia judicial con destitución de un juez
Los jueces interamericanos concluyeron que dicha actuación constituyó una injerencia indebida en la separación de poderes y una afectación a las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo.
- Redacción AN/ SBH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Argentina por la destitución arbitraria del juez Eduardo José Antonio Moliné O’Connor durante el juicio político de 2003, según notificó el tribunal este jueves desde su sede en San José de Costa Rica.
El tribunal internacional determinó que el Congreso de la Nación vulneró la independencia judicial al remover al magistrado de la Corte Suprema de Justicia por sus votos jurídicos en la causa ‘Meller’, lo que representó una sanción indebida sobre el contenido de resoluciones jurisdiccionales.
Los jueces interamericanos concluyeron que dicha actuación constituyó una injerencia indebida en la separación de poderes y una afectación a las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo.
La sentencia acreditó que el Senado de la Nación incurrió en arbitrariedad procesal al rechazar sin fundamentación las recusaciones promovidas contra diversos legisladores y al suspender preventivamente al magistrado sin goce de haberes. La Corte Interamericana remarcó que las autoridades parlamentarias omitieron cualquier justificación razonada sobre la necesidad o proporcionalidad de esas medidas disciplinarias.
La Corte Suprema de Justicia argentina también vulneró el derecho a la protección judicial al desestimar las impugnaciones de la defensa sin revisar el fondo de la destitución ni responder a los reclamos sobre la falta de imparcialidad legislativa. El fallo interamericano puntualizó que la judicatura interna negó indebidamente la vía de control constitucional sobre un procedimiento sancionatorio que menoscabó garantías fundamentales.
El Estado argentino violó además los derechos a la seguridad social, a la propiedad privada y al plazo razonable tras revocar en 2004 la pensión vitalicia del magistrado y demorar más de diez años en resolver los litigios previsionales correspondientes. El tribunal internacional destacó que Moliné O’Connor falleció el 20 de agosto de 2014, a los 76 años, sin haber recibido una respuesta oportuna ante la retención de sus haberes jubilatorios.
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Los magistrados declararon la violación de las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos, el trabajo, la seguridad social y la propiedad privada, sumando la afectación al proyecto de vida de la víctima por la interrupción abrupta de su carrera profesional. El pronunciamiento contó con los votos concurrentes y parcialmente disidentes de los jueces Rodrigo Mudrovitsch, Patricia Pérez Goldberg, Ricardo Pérez Manrique, Nancy Hernández López y Alberto Borea Odría.
La resolución ordenó a la República Argentina regularizar la pensión vitalicia en favor de los derechohabientes del juez fallecido y difundir ampliamente el texto de la condena en el Diario Oficial, medios de prensa y portales institucionales. Las autoridades argentinas deberán abonar 600 mil dólares por lucro cesante a la cónyuge e hijos de la víctima, 25 mil dólares por daño inmaterial y 30 mil dólares por reintegro de costas y gastos procesales.
El fallo dispuso finalmente que los poderes públicos argentinos deben interpretar el artículo 53 de la Constitución Nacional de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos para impedir futuros juicios políticos motivados en discrepancias con criterios jurisdiccionales. La Corte Interamericana subrayó que ningún magistrado puede ser castigado o separado de sus funciones por las opiniones vertidas en el ejercicio legítimo de su tarea judicial.
*Titular de EFE.
Ver sentencia:
corte-idh-caso-molin-oconnor-vs-argentina-fondo-reparaciones_es
