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Cambio de régimen: ¿hacia dónde? (Artículo)
por Héctor Tajonar
Foto: Saúl López/ Cuartoscuro

Por Héctor Tajonar/ Colaboración Especial para Aristegui Noticias

A Proceso, cuya pasión crítica es indispensable para el fortalecimiento de nuestra democracia, hoy en vilo.

La obtención del poder a través un proceso democrático no convierte al gobernante electo en un demócrata. En la historia contemporánea abundan los líderes que han llegado a dirigir sus países mediante la victoria en las urnas y, ya en el poder, se han convertido en destructores de la democracia y de los valores que la sustentan. Suelen hacerlo de manera paulatina y sigilosa, simulando aceptar la institucionalidad existente para irla mermando poco a poco. Sean de izquierda o derecha, los autócratas electos democráticamente comparten metas y métodos para asegurar su propósito fundamental: consolidar su poder unipersonal y perpetuarse en él.  

Independientemente de las especificidades de cada país, la estrategia para fortalecer su poderío es similar en todas las variantes de los regímenes autoritarios o despóticos. He aquí un decálogo del autócrata en la era de la posverdad y del declive de la democracia en el mundo:

1) Consolidar la imagen de salvador de la patria. 2) Desarrollar una estrategia de comunicación para fomentar el culto a la personalidad.  3) Ampliar y consolidar la  hegemonía de su partido a escala local y nacional. 4) Eliminar o minimizar a los adversarios políticos. 5) Neutralizar o cooptar a los poderes constituidos: el Legislativo y el Judicial, así como a los gobernadores e instituciones autónomas. 6) Asegurar el dominio de la procuración de justicia. 7) Acotar e intimidar a los poderes fácticos sean empresariales, sindicales u organizaciones de la sociedad civil. 8) Control o censura de la prensa y de los demás medios de comunicación. 9) Continuar con la retórica de confrontación con el régimen anterior como condición para supuestamente recuperar la dignidad y el desarrollo nacional. 10) Perseverar en la simulación hasta convertirse en indispensable e insustituible.

En dos semanas Andrés Manuel López Obrador asumirá el Supremo Poder Ejecutivo de la Unión para llevar a cabo una “Cuarta Transformación” y un “cambio de régimen”.  El primer concepto ubica su proyecto de gobierno a la altura de los tres acontecimientos más destacados de la historia nacional (Independencia, Reforma y Revolución) y a él mismo como un prócer de la patria al nivel de Hidalgo, Juárez y Madero.  Al recibir su constancia como presidente electo exclamó: “¡Viva la Cuarta Transformación!”, como si ya fuese un hecho consumado. El recurso retórico revela no sólo un autoelogio prematuro sino una estrategia de comunicación clave para entender hacia dónde se dirige su “cambio de régimen”.  

De acuerdo con la Constitución, el sistema de gobierno de México está conformado por “una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación” (Art.40). ¿Cuáles de esas características pretende modificar AMLO?

El presidencialismo mexicano ha sido clasificado como autoritario porque desde 1929 hasta la fecha el régimen político del país nunca ha perdido su carácter híbrido, mezcla de elementos democráticos y dictatoriales. Ni los indiscutibles avances en materia jurídica, electoral e institucional, ni la frustrada transición democrática, ni la alternancia del PRI y el PAN en el poder han podido borrar los elementos dictatoriales o autoritarios de la incipiente democracia mexicana.  

Por tanto, convertirla en una democracia sólida fundada en un auténtico Estado de derecho es el cambio de régimen que México anhela y merece. ¿Es eso lo que ofrece López Obrador? En varias ocasiones ha asegurado no pretender implantar una dictadura, pero lamentablemente su temperamento y sus actos suelen conducirlo en sentido contrario. Así lo muestra su biografía política y lo confirma su proceder como presidente electo.

Al parecer, su prioridad no es consolidar las instituciones democráticas y autónomas ni implantar el imperio de la ley, sino fortalecer y extender su propio poder para ejercerlo sin contrapesos institucionales ni limitaciones de grupos de interés. Prueba de ello es haberse negado a modificar el artículo 102 constitucional, que es la condición para garantizar la verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República. El mandatario electo prefirió mantener la procuración de justicia en manos del Ejecutivo como lo ha estado siempre bajo el presidencialismo autoritario. Deplorable regresión. Ello le permitió someter a la élite empresarial tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Tal reafirmación del poder presidencial fue interpretada por el propio mandatario como una muestra de la separación entre el poder político y el poder económico, equiparándola con la separación entre la Iglesia y el Estado mediante las Leyes de Reforma (expedidas entre 1855 y 1863 durante los mandatos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, y elevadas a rango constitucional por Sebastián Lerdo de Tejada en 1874). Además de prematura, la comparación resulta un tanto  presuntuosa.

Deseo de confrontación

El deseo de López Obrador de confrontarse con la élite empresarial para destruir a la “mafia del poder” encabezada por los dos Carlos (Salinas y Slim) pudo haberse originado  por un impulso personal de demostrarle al dueño del Grupo Carso -uno de los hombres más ricos del mundo- que al convertirse en presidente de México tendría el poder para someterlo. Su satisfacción de haberlo logrado (al menos en apariencia) resultó evidente, “haberle ganado a Slim” lo hizo feliz, independientemente del costoso error de haber impuesto la opción de Santa Lucía y del indefendible fiasco de su “consulta”. Acaso por ello ocultó la carta que le envió el magnate ofreciéndole conseguir todos los recursos necesarios para la terminación del NAIM.

Adicionalmente, era necesario cambiar la correlación de fuerzas a fin de robustecer la hegemonía del Estado, de Morena y del próximo presidente frente al máximo representante de la oligarquía mexicana: Y tanto el vencedor es más honrado / Cuanto más el vencido es reputado  (dice El Quijote citado por Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel).

No obstante, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la victoria sobre Slim y el sometimiento de los empresarios no significa la terminación de la confabulación entre políticos y empresarios en el país como fuente de corrupción a gran escala, misma que el mandatario en ciernes se ha comprometido erradicar. Eso está todavía por confirmarse. Aunque así fuera, si se utilizaran los mismos métodos para disfrazar una imposición presidencial de democracia participativa (de pacotilla), no habríamos cambiado de régimen, sino sólo mudado de máscara.

Un estudio reciente del Pew Research Center titulado Amplio apoyo mundial a la democracia representativa y directa. Pero muchos también respaldan alternativas no democráticas (2017), realizado en 38 países, ubica a México entre los tres que menos apoyan a la democracia representativa, sólo por debajo de Vietnam e India. Únicamente nueve por ciento de los mexicanos encuestados apoya con firmeza ese régimen de gobierno, el promedio mundial es de 23%. López Obrador tiene la inmensa responsabilidad de revertir esa situación. Aprovecharla para gestar una autocracia mediante la simulación de favorecer una democracia participativa de pacotilla -como lo hizo para justificar su imposición de cancelar el aeropuerto de Texcoco– representaría la peor regresión política en la historia del país y, por supuesto, el fracaso de su gobierno.

Tampoco puede considerarse una decisión democrática imponer a 32 coordinadores estatales para vigilar los programas de desarrollo en sustitución de los delegados de las dependencias federales. Aunque la medida pudiera ayudar a disminuir la corrupción de gobernadores con contratistas, podría ser violatoria del federalismo y la soberanía de los estados establecidos en los artículos 40 y 41 de la Constitución. Además, no puede garantizarse de antemano la incorruptibilidad de dichos coordinadores.

Aparte de ambigua, la propuesta del próximo presidente para abatir la corrupción carece hasta ahora de un sustento institucional, al desdeñar el Sistema Nacional Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación como entidades claves prevenir, combatir y sancionar la corrupción. Las declaraciones del presidente electo sobre el tema han sido erráticas y centradas siempre en el supuesto de que si el presidente es honesto todo lo demás se dará por añadidura, lo cual es ingenuo o demagógico, a pesar de que él lo afirme con una certeza propia del pensamiento megalómano. Los verdaderos demócratas fortalecen y se apoyan en las instituciones.

AMLO sabe muy bien que conservar la llave del castigo o la impunidad judicial es el instrumento idóneo para intimidar a adversarios y críticos. Que nadie dude quién será el mandamás sin cortapisas del país a partir del 1 de diciembre. Así como le disgustan los organismos constitucionales autónomos por el hecho de no estar sometidos a sus mandatos, también rechaza el desacuerdo con sus decisiones, así se trate de sus colaboradores más cercanos. Su proverbial intolerancia ante la crítica estalla cuando ésta proviene de sus adversarios o del periodismo independiente, como se confirmó con su tajante e intimidatoria reacción ante la portada del Proceso 2192 de la semana pasada.

Ello es particularmente preocupante porque atenta contra la libertad de expresión en un momento en el que el equilibrio de poderes está casi anulado en el Congreso por la amplia mayoría de Morena -suficiente para imponer su agenda legislativa e incluso para modificar la Constitución a su antojo- y amenazado en el Poder Judicial ante el riesgo de que se imponga un Tribunal Constitucional dominado por el presidente entrante, situándolo por encima de la Suprema Corte. La nueva hegemonía de Morena cuenta con una importante presencia nacional al haber obtenido la votación más alta en todos los estados con excepción de Guanajuato, además  de cinco gubernaturas, 19 legislaturas locales y 252 municipios, incluyendo nueve capitales. A eso se suma el debilitamiento extremo del PRI y el PAN, así como la cuasi desaparición del PRD, lo que ha producido una profunda reconfiguración del antiguo sistema de partidos de México ubicando a Morena como un partido hegemónico que se perfila para otra gran victoria en las elecciones intermedias de 2021 y acaso también para 2024, lo cual hace temer a muchos la probabilidad -escasa, pero posible- de que se modifique el principio intocable de la Constitución para permitir la reelección de López Obrador, como lo han logrado con diversos grados de éxito varios de sus contrapartes latinoamericanos, que también aseguraron y juraron que no se reelegirían. La tentación es grande. [De acuerdo a la Biblia, la tentación no es pecado, pero lo antecede: “Dios que es fiel no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas; antes bien, les dará al mismo tiempo que la tentación, los medios para resistir”| (1 Cor. 10, 13). Cuidado.]

Catálogo de dictadores

Todo está por verse. El catálogo de dictadores, demagogos o autócratas surgidos de las urnas empieza con Hitler, continúa en el pasado reciente con los mandatarios de Venezuela, Perú, Nicaragua, Honduras, Polonia, Hungría, Rusia, Turquía, Filipinas, Estados Unidos, Brasil y… seguirá aumentando. La ola autoritaria que invade al mundo está alimentada por el populismo de derecha e izquierda. La legitimidad democrática con la que asumirá la primera magistratura Andrés Manuel López Obrador y el entusiasmo que su triunfo electoral ha generado en un amplio sector de la población lo obliga a no traicionar a la democracia representativa que lo llevó al poder , sin descartar la utilización legal y bien reglamentada de las diversas formas de democracia participativa. Sólo así evitará que México se sume a ese ignominioso inventario de déspotas. La “Cuarta Transformación” será democrática o no será. En la regresión política está la semilla de su fracaso. El cambio de régimen ofrecido por el próximo presidente de México debe conducir al fortalecimiento de la democracia, única vía para que AMLO se erija en el creador de un Estado social de derecho, como el propuesto en 1930 por el jurista alemán Herman Heller como alternativa entre Estado de derecho y dictadura. (Durante la República de Weimar, Heller debatía con Hans Kelsen y rechazaba las ideas pro nazis de Carl Schmitt. Recordemos que Hitler asumió el poder por vía electoral como Canciller de Alemania en 1933 y se convirtió en Füher en 1934.).

De lo contrario, si la soberbia del poder condujera a López Obrador a la gestación de una autocracia el país caería en desgracia y él terminaría en el basurero de la historia. Por supuesto, como millones de ciudadanos, deseo sinceramente que eso no ocurra y que con su discurso de toma de posesión el próximo presidente de México logre recuperar la confianza en su gobierno que ha empezado a decaer, mediante la reafirmación de su compromiso inquebrantable con la democracia, condición sine qua non para cumplir su anhelo y promesa de ser un buen presidente. Democracia o autocracia es el dilema de mayor trascendencia que enfrentará el próximo presidente de México.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.

Héctor Tajonar

Durante cuatro décadas ha combinado la investigación y el pensamiento analítico con la creatividad en las áreas de comunicación, política y cultura. Tiene una maestría en Política de la Universidad de Oxford, ha sido investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego y colaborador de la revista Proceso.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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