Corrupción: otra amenaza grave al Estado | Artículo por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

En los últimos tres meses, la vida política mexicana se ha visto atravesada por una serie de escándalos de corrupción que exponen, con crudeza, la contradicción entre la doctrina de austeridad proclamada por el partido en el poder, Morena, y la realidad de ciertos actores políticos y gubernamentales. La narrativa oficial, que se ha erigido sobre la idea de una “república austera y honesta”, choca frontalmente con la ostentación de joyas, relojes, viajes al extranjero y propiedades de lujo que no guardan proporción con los ingresos públicos reportados por las personas involucradas.

Esta contradicción revela una fisura estructural entre los principios que se presentan como rectores del actual proyecto de gobierno y las prácticas concretas que lo socavan desde adentro. Lo que está en juego en todo ello, es la congruencia ética del aparato gubernamental frente a la ciudadanía y la legitimidad moral sobre la cual se construye cualquier autoridad pública y que de hecho ha sido consigna y proclama desde que Morena era oposición, y ahora en el gobierno.

A esta crisis de coherencia se suma un episodio aún más delicado: el escándalo del llamado “huachicol fiscal” en la Secretaría de Marina, institución que de manera permanente ha sido percibida en las encuestas de Inegi, como una de las más confiables y profesionales del Estado mexicano. La magnitud de este caso, que involucra a altos mandos de la Armada en prácticas de corrupción vinculadas al contrabando y evasión en combustibles y productos derivados del petróleo, es doblemente grave.

Por un lado, pone en entredicho la integridad de una de las columnas vertebrales de la seguridad nacional. Por otro, deja entrever la profundidad de la penetración de redes corruptas en instituciones que, según la narrativa oficial, pero, sobre todo, por mandato constitucional, debían ser las guardianas del orden y la legalidad. Este episodio, sumado a las acusaciones anteriores contra el ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en casos relacionados con el huachicol de gasolina, dibuja un patrón más amplio: la posible captura de espacios estratégicos del Estado por redes de intereses ilegales.

La filosofía política ha subrayado reiteradamente que el Estado no es solo un conjunto de instituciones jurídicas y burocráticas, sino una estructura de legitimidad que se sostiene sobre la confianza de la ciudadanía. Cuando los altos mandos de la Marina, institución históricamente dotada de un alto grado de respeto social, aparecen vinculados a esquemas de corrupción, la fractura no es solo administrativa: es ética y simbólica. La confianza, ese bien intangible que Max Weber vinculaba con la dominación legítima, se erosiona de manera drástica cuando la población observa que incluso las fuerzas armadas participan en los mismos vicios que deberían combatir. La situación se agrava con los reportes de muertes y asesinatos en condiciones sospechosas, vinculados a este entramado de corrupción, lo cual introduce un componente de violencia que acerca peligrosamente estos hechos al territorio del crimen organizado.

En este sentido, el problema de la corrupción no puede entenderse como un fenómeno aislado de la violencia política. La experiencia mexicana de las últimas décadas muestra que donde hay corrupción sistemática, suele haber también vínculos con redes de violencia, intimidación y silenciamiento vía la ejecución o la desaparición de personas.

La corrupción abre la puerta a la impunidad, y la impunidad, a su vez, es terreno fértil para que florezcan expresiones violentas del poder. Así, los recientes casos no deben leerse como episodios independientes, sino como parte de una misma trama estructural en la que la descomposición ética del Estado se expresa tanto en la apropiación ilegal de recursos como en la proliferación de actos de violencia política. En efecto, el debilitamiento de la frontera entre las instituciones legales y los poderes fácticos ilegales produce un escenario en el que el Estado corre el riesgo de perder su monopolio legítimo de la fuerza y, con ello, la capacidad de garantizar derechos y seguridad a la ciudadanía.

El desafío para el actual gobierno es, por lo tanto, monumental. La Presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra frente a una encrucijada histórica. La bandera principal de su antecesor fue el combate a la corrupción, presentada como el eje de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, los hechos recientes revelan que esa promesa no se tradujo en una transformación estructural efectiva: se avanzó en el discurso y en ciertos mecanismos institucionales, pero no se logró desarticular las redes profundas que atraviesan al aparato estatal.

Hoy, la doctora Sheinbaum tiene la oportunidad, pero también la responsabilidad constitucional y legal de asumir con mayor rigor el combate a la corrupción, no como una consigna política, sino como un compromiso estructural con el Estado de derecho y la ética pública. Su credibilidad y la viabilidad del proyecto de gobierno dependen de la capacidad de romper con la dinámica de simulación, imponer sanciones ejemplares y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.

En suma, los escándalos recientes no pueden ser interpretada como meras situaciones anecdóticas: son síntomas de una enfermedad crónica que amenaza con minar la legitimidad del Estado mexicano. La incongruencia entre discurso y práctica, la corrupción en instituciones clave como la Marina, y la imbricación de estos fenómenos con la violencia política configuran un panorama de grave riesgo para la estabilidad democrática. Frente a ello, la Presidenta tiene en sus manos la posibilidad de marcar un punto de inflexión. Si logra enfrentar de manera frontal y estructural este problema, podría sentar las bases de una verdadera transformación ética del Estado; si no, corre el riesgo de que la corrupción se consolide como un componente permanente del sistema político, con todas las consecuencias que ello implica para la vida democrática y la cohesión social del país.

Investigador del PUED-UNAM