Liberan a defensores de migrantes; investigación de FGR continúa: abogado
Los activistas Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, acusados de tráfico de personas, fueron liberados por un juez de control en Chiapas, sin embargo, la investigación de la FGR sigue su curso.

Los activistas Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez fueron liberados la madrugada de este miércoles, tras la determinación de un juez de control de no vincularlos a proceso y la orden de ponerlos en libertad de inmediato. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue su curso.

Elementos de la FGR detuvieron a Mujica y Sánchez el pasado 5 de junio, por la probable comisión del delito de tráfico de personas, basándose en denuncias de personas de origen hondureño, a las que -presuntamente- les habían cobrado diversas cantidades de dinero, a cambio de ingresarlos ilegalmente en el país para llevarlos a la frontera norte de México, con objeto de introducirse ilegalmente a los Estados Unidos.

Durante su entrevista en Aristegui en vivo, su abogado defensor, Santiago Núñez, explicó que, en ambos casos, se presentaron suficientes pruebas testimoniales y documentales para acreditar que ninguna de las dos personas estaban en el lugar de los hechos en el día y en la hora en que la Fiscalía señaló que habían incurrido en el delito señalado.

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“El juez de distrito valoró las pruebas que se ofrecieron en la audiencia y determinó no vincularlos a proceso”, dijo Núñez, por lo que les fueron levantadas las medidas cautelares que les fueron dictadas, que consistían en prisión preventiva, por lo que quedaron en libertad.

También confirmó que las cuentas bancarias de los dos activistas no fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Libres, pero siguen siendo investigados

El abogado aclaró que, aunque los activistas fueron puestos en libertad, la investigación continúa. Esto significa que el Ministerio Público puede y debe investigar más a fondo las acusaciones que se les atribuyen a estas dos personas.

Si se encontraran elementos se podría solicitar nuevamente la vinculación, pero, desde nuestro punto de vista esto va a ser muy difícil, porque, si en verdad se ponen a investigar los hechos, se darán cuenta de lo que efectivamente acreditamos el día de ayer”.

Núñez explicó que a Cristóbal se le acusó de haber cometido el delito el 29 de marzo de 2019, en la frontera entre Tecún Umán, Guatemala, y Ciudad Hidalgo, México, sin embargo, se pudo acreditar que el activista se encontraba en la Ciudad de México en ese momento.

También se aportaron pruebas para establecer que respaldar que Irineo Mujica tampoco se encontraba ni en el lugar ni en la hora establecida por la Fiscalía General de la República.

Aunque advirtió que el caso no ha terminado, Núñez señaló que “claramente tienen que ver con la criminalización de los defensores de derechos humanos y la situación tan delicada dentro del contexto de la relación bilateral”.

El día de la detención de los activistas promigrantes, la organización Pueblo sin fronteras, a la que pertenecen, manifestó a través de un comunicado que la imputación de delitos forma parte de “represalias ejecutadas bajo presión de los Estados Unidos”, ejecutadas “por un gobierno mexicano que prometió defender los derechos humanos, pero que en realidad se doblega ante la presión del gobierno anti-migrante de los EEUU”.

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Tras su detención, el delegado de la FGR en Chiapas, Ignacio Alejandro Vila Chávez, afirmó que la detenciones habían sido “objetivas, con estricto apego a derecho, y observando, en todo momento, el debido proceso”.

 






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