opinión*
Sin derecho a la seguridad social (Artículo)
por Araceli Damián
Foto: Saúl López/ Cuartoscuro

Por Araceli Damián

Las garantías sociales contenidas en la Constitución mexicana tienen una cobertura limitada y diferenciada. La de mayor vigencia es el derecho a la educación básica, ya que es la que cubre a más población. Otras garantías, como el derecho a la seguridad social sólo benefician a un grupo poblacional, a los trabajadores asalariados formales y a sus familias, dejando en el desamparo a una proporción importante de mexicanos. Por tanto, la seguridad social constituye un derecho de clase o de fracción de clase. Por otra parte, a pesar de que algunos trabajadores cuentan con seguridad social, el acceso a ciertos beneficios está restringido, debido a que las leyes que rigen este derecho fueron elaboradas con prejuicios heteronormativos e incluyen varios preceptos discriminatorios por razones de género.

En México el derecho a la seguridad social se fue configurando a través de una combinación de decisiones tomadas por las élites para proteger inicialmente a las fuerzas armadas y a los burócratas y, posteriormente, para desarticular los movimientos sindicales. El derecho a la seguridad social quedó consagrado de forma incipiente y enunciativa en la Constitución de 1917, cuyo Art. 123, Fracc. XXIX planteaba:

Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.

En 1925 se expidió la Ley de Pensiones Civiles que permitió la creación de la Dirección General de Pensiones y de Retiro para los burócratas, la cual se transformó, en 1959, en el ISSSTE (Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). De esta forma, los empleados del gobierno federal fueron, junto con las fuerzas armadas, el grupo inicialmente favorecido con el derecho a la seguridad social.

En la primera reforma al Art. 123 (1929), el legislativo modificó la frase: “Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares”, por la de “Se considera de utilidad pública el establecimiento de la Ley de Seguridad Social” (LSS). Al quedar como de utilidad pública la LSS debió cubrir directa o indirectamente “a la generalidad de las personas que integran la colectividad nacional, sin que ninguna pueda ser privada de ella, en cuanto representa un bien común de naturaleza material o moral” (1). No obstante, hasta 1943 se creó el sistema de salud y seguridad social para los trabajadores del sector privado, que en 1948 se convirtió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya Ley rectora se promulgó en 1955.

La cobertura de este derecho ha sido limitada debido a que la mayor parte de los trabajadores labora en el sector informal. Así, en el tercer trimestre de 2017, tan sólo 37% de los ocupados dijeron tener acceso a los servicios de salud (IMSS, ISSSTE, hospital naval, militar o PEMEX) por parte de su trabajo (2), lo cual constituye un proxi del acceso a la seguridad social. Por otra parte, al estimar la cobertura de la seguridad social mediante las reglas contenidas en las leyes de seguridad social, de acuerdo con el parentesco y la edad de los familiares de los ocupados con este derecho, tenemos que sólo 45.8% de la población total tiene acceso a la seguridad social. Como se muestra en el cuadro 1, el grupo de los de 18 a 29 años es el de menor cobertura, ya que 64% carece de seguridad social, de igual forma 60% de los menores de 18 años no cuentan con este derecho. Lo anterior muestra que es la infancia y la población más joven la que se encuentra más desprotegida. En cambio, la mayor cobertura la tienen los de 60 años y más (58.3%), lo cual puede estar mostrando que cada día menos personas cuentan con este derecho en México.

Como hemos mencionado, las leyes de seguridad social tienen además preceptos discriminatorios que afectan en mayor medida a los hombres trabajadores y a las parejas del mismo sexo. Por ejemplo, las leyes de seguridad social asumen que el cuidado de los menores es tarea de las mujeres, por ello, aun cuando la cuota de seguridad social es la misma sin importar el sexo del trabajador, el acceso a los servicios de guardería se otorga sin restricción (excepto el cupo) a las madres trabajadoras aseguradas, pero para que los trabajadores asegurados puedan hacer uso de esta prerrogativa deben tener la custodia de un menor y no encontrarse casados o unidos en concubinato. De esta forma, las leyes no sólo discriminan al trabajador varón, sino a sus esposas e hijos, violentando además el interés superior de la niñez (Art. 4º Constitucional).

De igual forma, el derecho de los esposos de las trabajadoras a recibir servicios de salud y pensión por viudez es discriminatorio. La LSS y la LISSSTE exigen a los esposos o viudos acreditar que dependían económicamente de la trabajadora para acceder a estas prerrogativas. En cambio, las mujeres las reciben al comprobar que son esposas o concubinas del asegurado.

Finalmente, las parejas del mismo sexo sólo logran acceder a los derechos de la seguridad social si ganan un juicio en contra de los Institutos de seguridad social. Por tanto, la mayoría queda sin protección. Todo ello a pesar de que en 2011 se aprobó la reforma al artículo 1º Constitucional que incorpora en nuestra legislación el principio pro persona (otorgar la mayor cobertura de las leyes) y el de la no discriminación. Sin embargo, el legislativo ha sido omiso en su deber de modificar las leyes de seguridad social, mientras que los Institutos sólo aplican dichos preceptos si los interesados ganan juicios en su contra, lo que restringen aún más el acceso a este derecho fundamental.

1) Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, 29ª edición, México, Porrúa, 2000, p. 493.
2) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Araceli Damián

Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra. Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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