'No sé si ya empezamos a ver que los delincuentes quieren ser Estado’: Cossío

El doctor José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que los recientes hechos violentos en México, principalmente en Michoacán, representan un punto de inflexión en la situación de seguridad y gobernabilidad del país.

“Creo que estamos efectivamente ante un punto de inflexión, si lo queremos llamar así, por el episodio, por el hecho tan lamentable de Carlos Manzo y el de Bernardo Bravo. Pero creo que siendo un punto de inflexión tiene muchos efectos y consecuencias”, señaló durante su participación en Aristegui en Vivo.

Subrayó la debilidad del Estado mexicano frente a la delincuencia organizada, al señalar que “el Estado no está recuperando territorio”, sino que “estamos encontrando cada vez más redes de colaboración, de connivencia, de complicidad entre servidores públicos y las propias delincuencias”. A su juicio, esto evidencia una relación cada vez más estrecha y compleja entre autoridades y grupos delictivos, que va más allá de la visión binaria de buenos y malos.

“En muchas ocasiones nos planteamos esto como si fuera binario. De un lado están los delincuentes que son malos, y del otro lado están las autoridades que son buenas o son incapaces y no tienen esa capacidad”, dijo.

Explicó que la relación entre autoridades y delincuentes se ha vuelto más compleja, con los grupos delictivos cada vez más implicados y con mecanismos de protección más densos y sofisticados. “Que si dieron dinero para las campañas del 18, que si dieron dinero para las campañas y las elecciones del 24, me parece que aquí hay un entramado muchísimo más complejo que esta condición binaria”, señaló.

“La presidenta está atrapada”

Consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum “está atrapada”, porque, por un lado, ha impulsado acciones reconocibles y mejores a las del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero por el otro, carece de la capacidad de desligarse de las decisiones del tabasqueño.

En ese sentido, señaló que por ello se refiere frecuentemente a los gobiernos anteriores, como el de Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, lo que limita su margen de maniobra frente a la delincuencia.

Aseguró que la violencia provoca profundas consecuencias sociales y plantea retos importantes para la autoridad federal. Explicó que cuando la sociedad percibe que las propias autoridades no están protegidas, surgen fenómenos como las autodefensas o las llamadas “guardias blancas”, cuyo papel termina difuminándose entre protección y criminalidad, generando confusión sobre quién realmente ejerce control o quién cobra extorsión.

Romper la cadena de información

Cossío consideró que la “ejecución” del presunto homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo -un menor de edad que, según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ya había sido detenido-, “rompe la cadena de información”.

“¿Quién lo mató? No sabemos. ¿Cuál fue el motivo? No sabemos. ¿Quién le pagó? No sabemos. Entonces, al final de cuentas, queda una especie de asesino solitario con el cual no puede seguir pistas”.

El ministro en retiro comparó el caso con episodios históricos en los que la eliminación inmediata del agresor impidió llegar a los autores intelectuales. Mencionó, por ejemplo, el asesinato de Lee Harvey Oswald, quien fue ultimado por Jack Ruby tras haber sido detenido como presunto responsable del homicidio del presidente estadounidense John F. Kennedy en 1963, así como el de Arnulfo Arroyo, linchado luego de intentar asesinar al entonces presidente Porfirio Díaz.

Cuestionó además la actuación de la fiscalía estatal por divulgar la imagen del agresor y subrayó que esa práctica “contamina las investigaciones” y “tiene efectos sobre el proceso”.

Calificó como “una ejecución” la muerte del joven: “No es un abatimiento, como dijo el gobernador, esa expresión trata de desviar la atención. Es una ejecución de una persona que está sometida, que está rodeada, uno supondría de distintas fuerzas de seguridad, y le dan un balazo para asesinar, entonces es una ejecución”.

Cossío planteó que los grupos criminales ya no solo buscan operar al margen de la ley, sino ocupar el poder político. “Durante mucho tiempo lo que hemos estado diciendo es: los delincuentes quieren ganar dinero, territorio, posición. Pero no sé si lo que ya empezamos a ver es que los delincuentes quieren ser Estado”, afirmó.

Explicó que esta transformación implica “ocupar directamente, expresamente, deliberadamente posiciones de poder” y que, en consecuencia, “lo que se ha empezado a denominar como narcoestado” sería “no sólo el Estado que protege a los delincuentes, sino el Estado que está formado por delincuentes”.

A su juicio, la relación entre crimen y autoridad ha pasado de la corrupción a una integración total: “Ya no hay ese nivel de corrupción, sino que hay una unidad orgánica, funcional, entre autoridades y delincuentes”.

Falta de control civil sobre las Fuerzas Armadas

El jurista explicó que la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la militarización de la seguridad pública han generado un escenario de vulnerabilidad. “Si la fuerza federal es tan grande, si se ha querido tener una Guardia Nacional, si se ha querido militarizar al país, más allá de lo que diga la presidenta y su antecesor, con el Ejército o con la Armada, pues lo que estamos viviendo es una situación de concentración de fuerza”, afirmó.

Advirtió que esa debilidad institucional podría derivar en que la ciudadanía opte por mecanismos de autodefensa: “Va a ser una solución igualmente trágica, la hemos visto en Colombia, en Venezuela, en muchísimos países, pues van a ir al sistema de autodefensas, al sistema de guardias blancas”.

También cuestionó el funcionamiento de la Guardia Nacional y la opacidad en torno a sus operaciones. Apuntó que debe esclarecerse “cuál es el sentido de la operación” de la Guardia Nacional en zonas con alta presencia delictiva: “¿Van como fuerza disuasoria, van como fuerza de combate? ¿Qué es exactamente lo que hacen?”.

Advirtió que la actual crisis muestra “incapacidad de Estado, complicidad de Estado” y  “hartazgos sociales” y “un momento muy denso”.