Las tierras tepoztecas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Artículo)
La Segunda Sala de la SCJN está por abordar el tema esta misma semana. Se ha dado a conocer el proyecto de sentencia que, de aprobarse, abriría un nuevo espacio a la empresa, devolviendo todo el proceso a los tribunales agrarios, escribe Raúl Benet.

Por Raúl Benet

Hace un cuarto de siglo el pueblo tepozteco libró una histórica batalla contra una empresa fraccionadora encabezada por el entonces gobernador Carrillo Olea y un grupo de empresarios entre los que destacan Ricardo Salinas Pliego y la familia del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, entre muchos otros. Esa empresa pretendía construir casi mil residencias de lujo, además de un helipuerto y un fastuoso club de golf en tierras forestales y de cultivo sobre las que concurren títulos primordiales, resoluciones presidenciales y multitud de sentencias de tribunales agrarios, todas reconociendo plenamente que la tierra le pertenece a la comunidad de Tepoztlán.

Pero el conflicto venía desde mucho antes, de la década de 1960, cuando una primera horda de empresarios, notarios y banqueros instrumentaron un complejo mecanismo para tratar de legalizar compras ilegítimas de tierra comunal en un paraje conocido como Monte Castillo. Con amenazas, engaños y viles falsificaciones de documentos, lograron que un mismo notario público se prestara para extender títulos sin existir antecedentes de propiedad, sin que el supuesto vendedor demostrara de ninguna manera que tenía propiedad o legítima posesión de la tierra. Contratos que se hicieron por dos o tres hectáreas fueron titulados mágicamente por el notario para quedar en títulos de treinta o cuarenta hectáreas, otros contratos se hicieron bajo amenaza, presión y engaños, para llegar a integrar más de trescientas hectáreas de manera fraudulenta. Las autoridades agrarias de aquella época declararon que esas operaciones fueron nulas de todo derecho, pues la ley establecía que la posesión comunal es imprescriptible e inalienable, que las tierras de la comunidad no podían ser vendidas. La misma autoridad constató que las operaciones eran fraudulentas y nulas de derecho, no sólo por violar la ley agraria sino por estar basadas en engaños y falsedades.

 En 1994, ante la frenética promoción del proyecto hecha por el gobernador Carrillo Olea y con una autorización aprobada por la Semarnat, la comunidad se tuvo que movilizar, erigir barricadas y expulsar del pueblo a las autoridades municipales afines al proyecto. Durante varios años la población estableció un gobierno autónomo y mantuvo una férrea resistencia contra el club de golf. La policía estatal reprimió violentamente a los opositores, que era el pueblo en su conjunto, llegando al extremo de disparar armas de fuego contra una movilización pacífica, asesinando al campesino tepozteco Marcos Olmedo Gutiérrez, golpeando y deteniendo a profesores, mujeres, jóvenes. La represión fue directamente encabezada por el jefe de la policía de Carrillo Olea, de nombre Víctor Manuel Ariño. Pocos meses después el mismo gobernador fue destituido de su cargo, pues se le vinculó con homicidios y secuestros. La empresa finalmente se desistió del proyecto, lo que en ese momento parecía el final del conflicto.

 Sin embargo, la empresa no devolvió la tierra. En los años posteriores al conflicto, el pueblo tepozteco, representado por sus autoridades comunales, entabló un proceso legal para demostrar en tribunales la propiedad comunal de esas tierras. Desde entonces, cuatro resoluciones del Tribunal Unitario Agrario y siete resoluciones del Tribunal Superior Agrario han abordado a fondo el asunto y en todos los casos han concluido que la tierra le pertenece a la comunidad. En cada ocasión los representantes legales de la empresa, encabezados por un abogado muy cercano a Carrillo Olea, de apellido Zorrilla, han impugnado las resoluciones mediante amparos que se extienden ya por dos décadas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia está por abordar, esta misma semana, el tema de las tierras tepoztecas. Se ha dado a conocer el proyecto de sentencia que de aprobarse, abriría un nuevo espacio a la empresa, devolviendo todo el proceso a los tribunales agrarios y regresando en el tiempo varias décadas, sin considerar la contundencia de la Resolución Presidencial que restituyó al pueblo tepozteco sus tierras ancestrales, sin considerar tampoco su acta de posesión y deslinde, y su plano, documentos que jamás fueron impugnados por ningún tribunal. Además, el proyecto es incongruente con el rumbo que todas las anteriores sentencias habían marcado después de años de estudiar los documentos de las partes y sus argumentos. También sorprende que a pesar de que los tepoztecos plantearon la restitución de sus tierras en el marco del derecho indígena, el proyecto omite abordar el derecho constitucional y los convenios internacionales en esta materia.

 No deja de ser un misterio el motivo de la Segunda Sala de la Corte, pero lejos de reconocer la conclusión legal que se desprende de todos los análisis que han hecho los tribunales, esta sentencia abriría de nuevo el espacio que están buscando los abogados de la empresa fraccionadora: seguir haciendo tiempo, tal vez con el objetivo de cansar a los comuneros y empujar una salida negociada que favorezca a la empresa, o encontrar un resquicio, una triquiñuela, un juez que finalmente se preste a deslegitimar lo que tantos tribunales han demostrado: LAS TIERRAS DE MONTECASTILLO LE PERTENECEN AL PUEBLO DE TEPOZTLÁN.

 Fotos: Cecilia Candelaria

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