INE genera ‘el escenario perfecto para una elección cuestionada’: Castillo

El consejero electoral Arturo Castillo advirtió que la credibilidad y confiabilidad de la elección de 2027 están en riesgo por la falta de disposición de los partidos para cumplir las reglas, los recortes presupuestales al INE y decisiones del propio instituto para retirar mecanismos de vigilancia que, sostuvo, contribuían a generar confianza en el proceso.

Aunque aseguró que el 6 de junio del próximo año habrá casillas, boletas y votación, insistió en que existe un problema serio con el arbitraje y la responsabilidad política de los actores involucrados en la elección.

Uno de los cambios que cuestionó, en entrevista para Aristegui en Vivo, es la decisión del INE de dejar de verificar de manera proactiva que los observadores electorales no sean funcionarios públicos.

Recordó que para la elección de 2024 el Tribunal Electoral ordenó al instituto realizar esa revisión, particularmente para detectar a los llamados “servidores de la nación”.

Castillo explicó que en aquel proceso el INE cruzó los registros de los observadores con las listas de empleados del gobierno, pero para la próxima elección, en cambio, el Consejo General decidió confiar en la declaración de cada persona sobre si es o no funcionaria pública y dejar de realizar ese cruce.

Reconoció que la resolución del Tribunal se refería específicamente al proceso de 2023-2024 y que jurídicamente no obliga al INE para la nueva elección, pero consideró que constituye un precedente importante; por ello, dijo que votó en contra de retirar ese mecanismo de verificación.

El consejero también cuestionó otro cambio relacionado con los capacitadores y supervisores electorales, quienes tienen entre sus funciones visitar a la ciudadanía y trasladar paquetes electorales y explicó que la ley establece que no pueden estar afiliados a un partido político.

Según Castillo, anteriormente el INE revisaba de manera proactiva los registros de afiliación partidista de quienes buscaban desempeñar esas funciones.

Si una persona negaba estar afiliada pero aparecía en el padrón de algún partido, el instituto podía iniciar un procedimiento contra la fuerza política por una posible afiliación indebida.

Ahora, señaló, ese mecanismo también fue eliminado y el INE optó por confiar en la declaración de la persona aspirante, aunque sus registros pudieran mostrar una afiliación partidista.

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Otro punto que consideró preocupante son las llamadas “boletas planchadas”, papeletas que llegan a los cómputos distritales sin marcas de doblez, pese a que debieron ser introducidas en las urnas.

Castillo señaló que esta práctica no se había observado desde los años 80 y reapareció en la elección pasada y aunque no fue generalizada, consideró que genera dudas sobre quién marcó esas boletas y cómo llegaron hasta los consejos distritales.

Explicó que inicialmente se propuso que esas papeletas no fueran contabilizadas, debido a que no existía certeza de que hubieran sido depositadas en una urna.

Sin embargo, la mayoría del Consejo General determinó que los consejos distritales decidirían si las contabilizan, sin establecer previamente un criterio sobre su validez.

Parece que el INE está claudicando a su función de vigilar y arbitrar la elección.

A sus señalamientos sumó los recortes presupuestales al INE; dijo que durante al menos los últimos nueve años la Cámara de Diputados ha reducido los recursos solicitados por el instituto, con recortes que han llegado hasta 40 por ciento de lo requerido.

Afirmó que los efectos de esas reducciones pudieron observarse en la elección judicial y advirtió que el anteproyecto de presupuesto presentado recientemente apunta a que nuevamente habrá un recorte para el instituto.

Castillo también consideró preocupante la renuncia de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, ocurrida horas antes del inicio del proceso electoral.

Apuntó que su salida genera preguntas y sospechas, aunque señaló que desconoce si obedeció a razones de salud, como ella misma explicó, y pidió asumir que esa explicación puede ser cierta.

Expresó su confianza en que el secretario ejecutivo en funciones, Roberto Félix, desempeñe un buen trabajo y recordó que cuenta con experiencia como director ejecutivo de Organización durante la elección judicial, un proceso que, dijo, fue administrativamente complejo.

También se refirió a la renuncia de la magistrada Mónica Soto y consideró que ambas salidas resultan preocupantes y poco explicadas.

Dijo esperar que no se deban a que funcionarios estén observando un proceso electoral complicado y prefieran no asumir la responsabilidad que les corresponde.

El consejero sostuvo además que los partidos políticos han mostrado poca disposición para cumplir las reglas que ellos mismos establecieron y recordó que desde hace más de seis meses ha advertido sobre los procesos políticos anticipados, pero, señaló que las fuerzas políticas parecen no estar dispuestas a respetar las reglas sobre los tiempos electorales ni las disposiciones constitucionales relacionadas con el discurso político y la calumnia.

Castillo también cuestionó la eventual discusión sobre la distribución de diputaciones de representación proporcional y señaló que los partidos podrían intentar modificar o desconocer reglas constitucionales que existen desde 1997.

Esto es un escenario preocupante.

Sin embargo, insistió en que sus críticas no significan que esté en duda la realización de la elección.

La ciudadanía puede estar segura que el seis de junio del siguiente año, va a haber casillas instaladas, va a haber boletos para votar, y la ciudadanía va a poder votar.

El problema, sostuvo, está en las condiciones bajo las cuales se desarrollará la contienda y en la confianza que pueda generar el arbitraje electoral. “A todos nos conviene tener elecciones confiables. A todos nos conviene tener un árbitro fuerte”, afirmó.