Cofece investiga posibles prácticas monopólicas en mercado de petrolíferos
Las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general, señaló el organismo.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas en el mercado de comercialización, almacenamiento y transporte de petrolíferos en México.

En un comunicado, recordó que las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan las empresas con poder sustancial con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.

Ejemplo de estas prácticas, apuntó, son las compras o ventas atadas, discriminación de precios, la elevación de los costos a otros agentes económicos, la negativa de trato, entre otros.

La Cofece señaló que los petrolíferos son fundamentales para la economía del país, por lo que su disponibilidad y precio impactan de manera transversal en todos los sectores productivos.

En ese sentido, el organismo dio a conocer que tiene indicios para suponer que en este mercado se pudieron haber realizado prácticas monopólicas.

Sin embargo, aclaró que la investigación, con número de expediente IO-001-2018, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni quienes serían considerados como probables responsables al término de la investigación.

La Comisión precisó que el periodo de esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 7 de mayo de 2018, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones adicionales.

De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta el 8 por ciento de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.

“En el caso de las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente, en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal (Unidades de Medida y Actualización o UMAs), inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por 5 años, y para los coadyuvantes multas de hasta 180 mil UMAs”, subrayó.



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