opinión*
En defensa de la Carta de Derechos de la Ciudad de México
por Rogelio Muñiz Toledo
Alejandro Encinas Rodríguez, quien será subsecretario de la Secretaría de Gobernación y Porfirio Muñoz Ledo, diputado electo.

Rogelio Muñiz Toledo

 

La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía de éstos. 

Constitución Política de la Ciudad de México

En la Carta de Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México se reconocen decenas de derechos, algunos de ellos inéditos en el orden jurídico nacional, como los derechos a la vida digna, al cuidado y a la ciudad. Su principio rector supremo es la dignidad humana y tiene como finalidad lograr la igualdad sustantiva entre todas las personas, erradicar toda forma de discriminación y alcanzar progresivamente la plena efectividad de todos los derechos.

Por su contenido en materia de derechos y por su sistema de planeación para el desarrollo sustentable, cuyo principio rector es la función social de la ciudad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han reconocido que la Constitución de la Ciudad de México se encuentra alineada con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por los 193 Estados que integran la ONU.

En agosto de 2017, en la víspera de que la Suprema Corte resolviera la primera parte de las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo: “Uno de los grandes aciertos de este texto constitucional es a la vez uno de sus mayores retos: mantener el enfoque de derechos como horizonte, por encima del enfoque de intereses que tanto ha permeado en el andamiaje institucional de nuestro hemisferio, para avanzar hacia una cultura de la igualdad que desmonte la cultura del privilegio”

El Estado mexicano se ha comprometido al cumplimiento de la Agenda 2030; por eso, resulta inconcebible -por decir lo menos- que al impugnar la Constitución de la Ciudad de México, el gobierno federal haya demandado la invalidez de toda la Carta de Derechos argumentando que las entidades federativas, y en particular la Ciudad de México, están impedidas para reconocer o ampliar derechos. No sorprende esta posición conservadora y contraria a la ampliación de los derechos humanos y al federalismo, del gobierno de la República. Para entenderla, basta revisar las más recientes recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y recordar que de las 79 reformas al artículo 73 constitucional, más de la tercera parte se han dado en los dos últimos sexenios y casi el 18 por ciento en el actual, en la mayoría de los casos para trasladar competencias constitucionales a los poderes federales, en detrimento de las atribuciones de los estados.

Lo que sí sorprende de la posición del gobierno federal, entre otras cosas porque evidencia un profundo desconocimiento de la realidad política y social de la Ciudad de México, es que en su demanda señale que: “lo que en este desiderátum constitucional se decide es la mucha o poca cercanía que el texto de la Constitución de la CDMX posee respecto de la ciudadanía a la que pretende regir”. En el proyecto de sentencia que analizará la Suprema Corte en los próximos días, la respuesta a este sinsentido es contundente: “Este planteamiento no tiene sustento constitucional alguno. Al Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos no le corresponde evaluar consideraciones políticas subjetivas ni mucho menos servir como corrector de estilo, sino que su labor es calificar la compatibilidad de las normas de la Ciudad de México con la Constitución Federal”.

Tal vez el verdadero desiderátum detrás de los cuestionamientos a la Carta de Derechos, sea dar marcha atrás en las conquistas que en materia de derechos han logrado la Ciudad de México y sus habitantes y cerrarle el paso al avance de la “cultura de la igualdad que desmonte la cultura del privilegio”. No lo lograrán.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si la Carta de Derechos de la Ciudad de México es constitucional o no. El proyecto de sentencia del Ministro Javier Laynez Potisek propone “reconocer la facultad de la Ciudad de México” y de los estados de la República “para ampliar derechos humanos y crear derechos nuevos”. Los antecedentes en el constitucionalismo mexicano y los precedentes de la Suprema Corte, en la materia, apuntan hacia la declaratoria de validez de la Carta de Derechos de la Ciudad de México. En breve sabremos qué decide el Tribunal Constitucional.

10 de agosto de 2018

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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