Falta de recursos y desconocimiento afectan implementación de Ley contra Desapariciones
El Consejo Nacional Ciudadano detectó que la confusión de algunas autoridades es tal que personal de fiscalías se ha negado a realizar acciones de búsqueda.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Isaac Esquivel).

Falta de recursos, desconocimiento de la ley y falta de coordinación entre autoridades son algunas de las debilidades que afectan la implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada.

El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emitió este miércoles sus primeras recomendaciones a las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda.

Identificó que aunque la Comisión Nacional de Búsqueda ya opera en instalaciones propias, no cuenta con recursos suficientes para ejecutar las acciones requeridas.

Sólo en nueve estados se han creado comisiones locales de búsqueda (Baja California, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz) y sólo 13 entidades tienen una fiscalía especializada en desaparición de personas.

El Consejo también encontró que aún existe un amplio desconocimiento del contenido de la Ley General y confusión sobre las responsabilidades de diferentes instituciones, al grado de que personal de algunas fiscalías se rehúsa a llevar a cabo acciones de búsqueda alegando que dicha tarea ya no les corresponde.

Las autoridades tampoco han facilitado la participación efectiva de las familias en los procesos de redacción de los Protocolos Homologados de Investigación y Búsqueda.

El Consejo hizo recomendaciones para resolver cada una de las deficiencias encontradas, como garantizar la asignación de recursos suficientes, impulsar medidas para homologar el conocimiento de los contenidos de la Ley y garantizar el derecho de participación efectiva de las familias.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue promulgada en noviembre de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto y el Consejo Ciudadano fue instalado oficialmente el 16 de mayo de 2018.






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