opinión*
“Al diablo con sus instituciones” (Artículo)
El mundo al revés por Ernesto Villanueva
Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro

Por @evillanuevamx

Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por sus detractores por su lapidaria frase: “Al diablo con sus instituciones” emitida en el 2006. Se trató de lo que se denomina un acto fallido; es decir, de una expresión que no pasó por el matiz de la razón para modular qué decir y cómo decirlo. Se trató, pues, de una frase animada por la convicción del nuevamente candidato presidencial. Y la verdad tiene toda la razón. El diseño institucional en México está hecho para garantizar las asimetrías económicas, sociales y culturales. Peor aún su confección ha hecho de la corrupción una política pública en su modalidad, por ejemplo, de conflicto de interés. Si se quiere realmente hacer un cambio debe avanzarse en dos rutas de manera paralela, la primera en una reingeniería constitucional que modifique las pautas del ejercicio del poder y la segunda en una reforma fáctica del comportamiento de los servidores públicos mediante los instrumentos más eficaces del desarrollo tecnológico.

De manera enunciativa deben modificarse la Constitución y las leyes, de modo tal que:

Primero. Se garantice una efectiva división de poderes y se acote a su mínima expresión la figura de los organismos públicos autónomos que han sido una pretendida forma remedial que no ha arrojado mayores cambios al país, salvo los altísimos ingresos que se destinan a esas instituciones que bien podrían destinarse a rubros sociales que se han dejado fuera de la atención pública por las propias necesidades de reproducción del poder que se mantienen intactas hasta la fecha.

Segundo. Se optimice la educación pública internalizando elementos básicos de conciencia crítica y no sólo adiestramiento formal, se fortalezca sustancialmente a las instituciones de salud para los más amplios sectores de la población y, por el contrario, se eliminen privilegios como los que gozan los expresidentes de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en activo y en retiro, los titulares de los organismos públicos autónomos, los directivos de las instituciones financieras y bancarias del Estado que se reflejan no sólo en sueldos por arriba en promedio a la media de los países de Europa occidental donde, sobra decir, el costo de la vida es inmensamente mayor que en México. También en seguros de gastos médicos mayores con cargo al pueblo, viáticos excesivos conforme a los estándares internacionales, tan sólo por mencionar algunos ejemplos. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, a Alonso Lujambio y su tratamiento médico con cargo al erario en el mejor hospital de Estados Unidos sin renunciar a su cargo de secretario de Educación Pública?

Tercero. Se transforme la relación entre el Estado y los empresarios en materia de adquisiciones. Se ha vendido como “práctica democrática” las “licitaciones públicas” que en los hechos es una versión un poco más compleja que las asignaciones directas. La mayor parte de la sociedad ignora que las famosas licitaciones son retratos hablados hechos en contubernio entre la autoridad y muchos empresarios que venden servicios a las instituciones públicas con sobreprecios que van a los bolsillos de algunos en perjuicio del interés público. Por lo anterior se debe crear una figura legal diferente que incentive la competencia y los mejores precios con calidad.

Cuarto. El Estado debe asumir su rol con la legitimidad de la que hoy carece y eliminar las agrupaciones de “la sociedad civil” como figuras de “acompañamiento” en una suerte de vertiente “legitimadora” que en la práctica busca privatizar la toma de decisiones que le corresponde a las instituciones públicas, con el conflicto de interés y la puesta en práctica de filias y fobias que ello significa. Bienvenidas las organizaciones de la sociedad civil pero con los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona con ciudadanía mexicana. En los últimos años algunas de esas organizaciones actúan como “aval” de decisiones de los titulares del poder público ante la erosión de credibilidad y, por ende, legitimidad de ellos que- se supone- deberían ser garantes del interés comunitario, pero son exactamente al contrario.

Quinto. La “honestidad” debe transformarse en mecanismos verificables a la luz de las mejores prácticas internacionales adoptando para ello las herramientas de acceso y permanencia en los puestos públicos no sólo por criterios de idoneidad curricular, sino mediante la aprobación de exámenes toxicológicos y de control de confianza retomando, como ejemplo, los que realiza la DEA americana a sus agentes y directivos o las principales empresas trasnacionales preocupadas y ocupadas en ganar lo más posible con los mejores perfiles. Paradójicamente en México el dinero público se entiende como tierra de nadie razón por la cual cualquiera puede acceder a los cargos sin mayores requisitos que buenas relaciones reproduciendo con ello la corrupción y la impunidad tan nuestra. En la medida en que el dinero público se perciba como el dinero que la comunidad debe ejercer un escrupuloso escrutinio las cosas empezarán a cambiar.

Sexto. Ojalá y sea cierto el “pacto” entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto traducido en cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley que hasta ahora ha sido violentada un día y otra también por el actual gobierno cuya corrupción e impunidad es la más alta del México contemporáneo. Si es el caso, por vez primera la expresión popular en las urnas y la definición de quién gana la elección podrían transitar por el mismo sendero.

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Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva hizo un postdoctorado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Tiene un master en salud mental por la Universitat de Valencia y otro en Neurociencias con énfasis en psiquiatría por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es Investigador titular C por oposición definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Su obra más reciente es "El derecho de armarse. Lo que todo mexicano debe saber sobre posesión y portación legales de armas de fuego en México”. Ediciones Proceso, 2017.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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