Hasta 10 millones más de pobres por Covid-19 en México; se revertiría desarrollo de una década, alerta Coneval
Se incrementaría entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales (6.1 y 10.7 millones de personas) el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir aquellas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria.
Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

“La contingencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad Covid-19 en México puede revertir los avances en desarrollo social de la última década y comprometer la capacidad de recuperación económica de los hogares”, advierte el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).

El análisis La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México concluye “que esta crisis puede revertir los avances de México en materia de desarrollo social y que afectará en mayor proporción a los grupos más vulnerables”, por lo que llama a ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar la capacidad operativa de éstos, asegurar que beneficien prioritariamente a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso, como resultado de la contingencia, y a los sectores urbanos más expuestos a afectaciones.

El estudio anticipa aumentos preocupantes en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral (población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral) y el riesgo de que, en ausencia de políticas públicas orientadas a esta población, las condiciones de vida de los grupos de ingreso medio enfrenten condiciones de pobreza.

El Coneval estima los efectos potenciales que la emergencia sanitaria podría generar en los niveles de pobreza por ingresos de la población. Para la estimación de la pobreza, se construyeron dos escenarios, en función de la distribución del impacto entre diversos grupos de población:

1) En el primer escenario se simula una caída generalizada en el ingreso equivalente a 5%.
2) En el segundo escenario, se simula una reducción en el ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana.

De lo anterior se obtiene que:

• En ambos escenarios, el total de personas en situación de pobreza por ingresos (las personas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos) se incrementa, entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (entre 8.9 y 9.8 millones de personas).

• El número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos (las personas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria) se incrementa entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales (6.1 y 10.7 millones de personas).

El análisis apunta que “la crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en alguna de estas condiciones”.

Ingreso laboral

Además, se estima un aumento en la tasa de desempleo de 3.3 por ciento a 5.3 por ciento y de 37.3 por ciento a 45.8 por ciento en la pobreza laboral (población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral) en los primeros dos trimestres del 2020.

“Este aumento del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) representaría la cifra más alta de este indicador desde
2005”, precisa.

El Coneval indica que “la pérdida de empleos traerá como consecuencia no solo la disminución en los ingresos de los hogares, sino la pérdida de las prestaciones laborales que el empleo formal brinda. De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza 2018, la carencia por acceso a la seguridad social fue la más alta, lo que significa que más de la mitad (57.3 por ciento) de la población no cuenta con seguridad social.

Las personas más vulnerables en este sentido son las que se encuentran ocupadas en:

1) trabajo subordinado, 2) trabajo por cuenta propia, 3) trabajo en los sectores más afectados y 4) ocupados sin seguro de desempleo.

Por ello propuso las siguientes medidas específicas para disminuir el impacto de la emergencia sanitaria para estas poblaciones.

• Además de los apoyos que ha dado a conocer el Gobierno Federal para microempresas del sector formal e informal de la economía, el Estado podría complementar estas medidas mediante apoyos a la pequeña y mediana empresa, a través de créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses de confinamiento. Con estas medidas se apoyaría a 43.8 por ciento de la población ocupada.

• Se puede apoyar a este sector de la población a través de créditos, como en el caso del Programa Microcréditos para el Bienestar que otorga financiamiento y capacidades técnicas para el inicio o consolidación de micronegocios. En este contexto, el programa podría extender los periodos de vencimiento de créditos, financiar temporalmente el consumo privado y analizar la pertinencia del apoyo de la estrategia “Mes Trece” del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Asimismo, se podrían incluir medidas que incentiven el empleo temporal. Lo anterior permitiría apoyar a 52 por ciento de la población ocupada.

• Se requieren medidas coordinadas de los tres órdenes de gobierno para promover que los hogares que tendrán dificultades en el ingreso puedan atender las necesidades más básicas; por ejemplo, a través de subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda. Asimismo, se debe asegurar la adecuada operación de los programas federales que realizan transferencias monetarias directas.

• Se debe analizar la implementación de nuevas estrategias para proteger a la población más vulnerable, por ejemplo, consolidar la protección social a través de una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales.

En cuestión de alimentación propone:

• Garantizar la operación del Programa de Abasto Social de Leche (LICONSA) y del Programa Abasto Rural (DICONSA).
• Fortalecer el Programa de Precios de Garantía.
• Impulsar la producción agropecuaria en el país a través del Programa Especial Concurrente
para el desarrollo Rural Sustentable (PEC).
• Dar seguimiento al comportamiento del mercado para detectar a tiempo alzas injustificadas en los precios de productos a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
• Otorgar despensas a las familias de los menores que son beneficiados con la provisión de alimentos en las escuelas, en tanto las clases se encuentran suspendidas, a través, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente Asistencia Social (FAM-AS). Este fondo cuenta con recursos que financian la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria, que contempla la entrega de despensas a la población más vulnerable (niñas, niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores).
• Otorgar cupones para la adquisición de alimentos durante la contingencia sanitaria, como mecanismo para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares.

Respecto al hecho de que el 23 de abril el Gobierno Federal estableció como prioritarios 38 programas, 19 de los cuales corresponden al ámbito de desarrollo social, se sostiene que “ninguno de los programas se dirige explícitamente a la población en situación de pobreza, de acuerdo con la medición del CONEVAL, aunque podría coincidir con la priorización territorial aplicada por varios de los programas”.

Además de que “se espera que los mayores efectos adversos de la pandemia sean en las zonas urbanas“.

Lamenta que “hasta el momento ninguna acción está dirigida a la población que perdió su empleo a raíz de la emergencia sanitaria”.

Por lo tanto, “algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno Federal, podrían ser insuficientes para llegar a toda la población que se verá afectada”.

El Coneval puntualiza: “Las transferencias monetarias que entreguen los programas son necesarias, pero dados los cambios que la pandemia tendrá en el contexto social, es indispensable considerarlas como medidas temporales e impulsar la reflexión sobre la nueva complejidad de los problemas que enfrentará la población y, por ende, los nuevos programas públicos requeridos para atenderlos de manera efectiva”.

“La evidencia de que el mejoramiento en los indicadores de desarrollo social logrado en una década se puede revertir nos obliga a mirar más allá de esta crisis y diseñar desde ahora estrategias de protección social y política económica cuyos resultados sean resilientes, para dejar atrás la fragilidad y precariedad con la que las y los mexicanos enfrentan riesgos económicos y sociales“, anota.

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