Envejecimiento y crisis de salud mental en México | Artículo de Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes

La discusión sobre el envejecimiento en México ha estado dominada, durante décadas, por una narrativa centrada en la transición demográfica y en la creciente presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Sin embargo, esta perspectiva ha llevado a la invisibilización de una dimensión crítica: la salud mental de las personas adultas y adultas mayores, particularmente en su vínculo con el consumo de alcohol y otras sustancias. La evidencia reciente de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) permite replantear esta omisión no como un descuido técnico, sino como un problema estructural en el diseño de la política pública.

El envejecimiento, lejos de ser un proceso homogéneo y estrictamente biológico, es una experiencia socialmente mediada. Las trayectorias de vida -marcadas por desigualdades económicas, educativas y de género- se sedimentan en la vejez como formas diferenciadas de vulnerabilidad. En este contexto, la salud mental aparece como un indicador sintético de dichas trayectorias: en ella convergen la pérdida de redes de apoyo, el deterioro funcional, la precariedad económica y la exposición acumulada a eventos adversos. La depresión, en particular, no puede ser entendida como una patología aislada, sino como una expresión de un probable “desanclaje” social.

Desde la perspectiva de la política pública, uno de los problemas más relevantes es la fragmentación del sistema de atención. Aunque formalmente existe cobertura en salud para una proporción significativa de la población adulta, esta cobertura no se traduce en acceso efectivo a servicios integrales de salud mental. La atención primaria, que debería ser el espacio privilegiado para la detección temprana de síntomas depresivos y de consumo problemático de alcohol, continúa operando bajo un modelo biomédico restringido, centrado en enfermedades crónicas no transmisibles. La salud mental, en consecuencia, permanece subordinada, cuando no completamente ausente.

Este vacío institucional tiene implicaciones profundas. La falta de diagnóstico oportuno no sólo retrasa la atención, sino que permite la consolidación de patrones de consumo de alcohol como mecanismos de afrontamiento. En ausencia de intervenciones psicosociales, el alcohol se convierte en un recurso accesible para la regulación emocional, particularmente en contextos de soledad, duelo o pérdida de sentido vital. Esta función sustitutiva del alcohol es clave para entender su persistencia en edades avanzadas: en efecto, se trata tanto de un hábito de consumo, la mayoría de las veces, nocivo, así como de una respuesta a la carencia de dispositivos institucionales de contención.

Desde esa perspectiva, la relación entre consumo de alcohol y depresión en la vejez debe ser abordada desde una lógica sindémica, es decir, como la interacción de múltiples condiciones que se potencian entre sí. El consumo de alcohol puede exacerbar síntomas depresivos, deteriorar la salud física y reducir la adherencia a tratamientos médicos. A su vez, la depresión incrementa la probabilidad de consumo problemático, generando un circuito de retroalimentación negativa. Este entramado se vuelve particularmente crítico en personas adultas mayores, donde la comorbilidad es la regla.

A este escenario se suma un elemento frecuentemente subestimado: la transformación de las estructuras familiares. El envejecimiento contemporáneo ocurre en un contexto de debilitamiento de las redes tradicionales de cuidado. La migración, la urbanización y los cambios en la organización del trabajo han erosionado la capacidad de las familias para sostener el acompañamiento cotidiano de las personas mayores. La viudez, la separación o la soltería en edades avanzadas son condiciones que incrementan el riesgo de aislamiento social y, con ello, de deterioro de la salud mental.

Desde el punto de vista de la toma de decisiones, este diagnóstico obliga a replantear las prioridades del sistema de salud. No es suficiente con ampliar la cobertura nominal; es necesario reconfigurar el modelo de atención para incorporar la salud mental como un eje transversal. Esto implica, en primer lugar, fortalecer las capacidades del primer nivel de atención. La formación de personal médico y de enfermería debe incluir competencias específicas para la detección de síntomas depresivos, ideación suicida y consumo de sustancias en personas mayores. Asimismo, se requiere la integración de equipos multidisciplinarios que incluyan psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en gerontología.

En segundo lugar, es indispensable desarrollar estrategias de prevención comunitaria. La evidencia muestra que la salud mental en la vejez está estrechamente vinculada con la participación social y el sentido de pertenencia. Programas que fomenten la organización comunitaria, el voluntariado y la recreación pueden tener efectos significativos en la reducción de la depresión y del consumo de alcohol. Estas intervenciones, además, son costo-efectivas en comparación con los tratamientos especializados, lo que las convierte en una opción viable para sistemas de salud con recursos limitados.

Un tercer componente fundamental es la articulación intersectorial. La salud mental no puede ser abordada exclusivamente desde el sector salud. Las políticas de vivienda, transporte, seguridad y desarrollo social inciden directamente en las condiciones de vida de las personas mayores. Espacios públicos seguros, accesibles y adecuados para la interacción social pueden funcionar como factores protectores frente al aislamiento y la depresión. De igual manera, programas de transferencias económicas y pensiones no contributivas contribuyen a reducir la incertidumbre financiera, un factor clave en el malestar psicológico.

Finalmente, es necesario incorporar una perspectiva de derechos humanos en el diseño de las políticas de envejecimiento. La salud mental debe ser concebida como un componente esencial del bienestar. Esto implica reconocer a las personas adultas mayores como sujetos de derecho, con necesidades específicas que deben ser atendidas de manera integral. La ausencia de servicios adecuados en salud mental y en prevención del consumo de alcohol no es simplemente una falla operativa; constituye una forma de exclusión que vulnera la dignidad de una población creciente.

En conclusión, el análisis del envejecimiento en México exige un cambio de enfoque. La evidencia disponible apunta a la existencia de una crisis silenciosa en la salud mental de las personas adultas y adultas mayores, estrechamente vinculada con el consumo de alcohol y con la precariedad de los sistemas de atención. Atender esta crisis requiere una transformación profunda del modelo de política pública. La integración de la salud mental en el primer nivel de atención, el fortalecimiento de las redes comunitarias y la articulación intersectorial son elementos indispensables para construir un sistema que no sólo prolongue la vida, sino que garantice condiciones dignas para vivirla.

Investigador del PUED-UNAM