Comunidades piden a la CIDH frenar abusos por proyectos fósiles

Representantes de organizaciones civiles y comunidades de América Latina solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecer lineamientos regionales para prevenir violaciones de derechos humanos asociadas a la operación, cierre y salida de proyectos de combustibles fósiles en la región.

La petición se presentó durante una audiencia pública del 195° período de sesiones de la CIDH. En ese espacio, organizaciones y representantes comunitarios expusieron casos en Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana relacionados con la extracción, generación eléctrica y explotación de hidrocarburos.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la mina de carbón Carbones del Cerrejón, ubicada en el departamento colombiano de La Guajira; la central termoeléctrica Central Termoeléctrica Punta Catalina, en República Dominicana; el complejo industrial de Bahía de Quintero y Puchuncaví, en Chile; y la central Norgener Tocopilla.

También se mencionó la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana, incluida la que se desarrolla en el Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con representantes de la Nacionalidad Waorani de Ecuador, la Plataforma La Guajira le Habla al País en Colombia, comunidades de Tocopilla en Chile, la asociación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático de República Dominicana.

Durante la sesión, los participantes señalaron que en varios países de la región no existen marcos regulatorios específicos que garanticen el cierre de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos. Según la información presentada, algunos procesos de abandono o transferencia de activos se han realizado sin mecanismos claros para la remediación ambiental, la reparación de daños o la asignación de responsabilidades.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH emitir orientaciones para los Estados que incluyan estándares sobre prevención de impactos, planes integrales de cierre, monitoreo ambiental y social, y mecanismos de rendición de cuentas. También pidieron fortalecer garantías de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental durante todo el ciclo de vida de los proyectos.

Asimismo, propusieron que las recomendaciones incorporen enfoques diferenciados para pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales, quienes —según señalaron— pueden enfrentar impactos desproporcionados en territorios con actividades extractivas.

Los representantes comunitarios también señalaron la necesidad de cooperación regional para la protección de la Amazonía, considerada uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta y un componente relevante en la regulación climática global.

La CIDH no emitió resoluciones durante la audiencia, pero el planteamiento quedó incorporado al proceso de análisis del organismo interamericano.