'No hay forma de que hayan sido confundidos': familia de minero asesinado en Sinaloa

José Manuel Castañeda Hernández, ingeniero en geología y uno de los mineros hallados sin vida en fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, fue sepultado en Taxco, Guerrero y su familia rechazó la versión oficial de que los trabajadores fueron confundidos con un grupo delictivo, señalando que la tragedia está relacionada con extorsión y falta de medidas de seguridad por parte de la empresa minera.

En entrevista para Aristegui en Vivo, su hermano y abogado, Jaime Castañeda Hernández, confirmó que fue sepultado y recalcó que el grupo criminal que controla la zona sabía que los trabajadores eran ingenieros y geólogos.

No hay forma, no hay una manera, no hay lógica de que se les pueda haber confundido con algún grupo armado, sobre todo porque ellos los extrajeron de su campamento en donde estaban durmiendo.

Según Jaime, los mineros fueron sacados de un campamento residencial que la empresa rentaba exclusivamente para su personal técnico mientras dormían, lo que refuerza la percepción de que se trató de un acto deliberado y dirigido.

El abogado dijo que antes de la tragedia, los trabajadores ya habían enfrentado situaciones de riesgo en abril de 2025, cuando la empresa tuvo que suspender actividades debido a problemas de seguridad en la zona pero, señaló, no se tomaron precauciones suficientes para proteger al personal.

“Desgraciadamente, la empresa no hizo nada por ellos, y aquí ahora están las consecuencias”, señaló y sostuvo que estas condiciones dejaron a los mineros en una situación de vulnerabilidad extrema.

Jaime Castañeda detalló que su hermano había advertido a algunos compañeros sobre los riesgos que enfrentaban.

Me decía: ‘Está difícil, está complicado, pero la empresa nos dice que todo está bien, que podemos trabajar’.

“Eso indica que había algún tipo de acuerdo económico con grupos externos, probablemente extorsión”, explicó.

En muchas zonas mineras de Sinaloa, el pago de extorsiones es una práctica que algunas empresas asumen para poder operar, lo que expone a su personal a situaciones de alto riesgo.

La hipótesis oficial de las autoridades, externada por el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Omar García Harfuch, que sugiere que los mineros pudieron haber sido confundidos con criminales, es rechazada de manera categórica por la familia.

“Quien controla la zona sabía perfectamente quiénes eran y qué hacían”, insistió Jaime Castañeda y sostuvo que la línea de investigación no refleja la complejidad del contexto local ni la especialización de los trabajadores.

José Manuel Castañeda tenía una trayectoria profesional sólida, era ingeniero en geología, se especializaba en exploración minera y desarrollo de proyectos.

Había trabajado en estados como Sonora y Zacatecas antes de incorporarse a Vizsla Silver hace aproximadamente un año.

Según su hermano, era un profesional altamente calificado, dedicado y discreto; en este proyecto, estaba a cargo de la exploración y desarrollo de la mina, tareas que implicaban no solo conocimiento técnico, sino también liderazgo sobre otros trabajadores y equipos especializados.

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El último contacto que Jaime tuvo con su hermano fue el 7 de enero, cuando lo acompañó a la terminal de Cuernavaca rumbo a Ciudad de México; durante ese viaje, José Manuel estaba tranquilo y no manifestó amenazas directas, aunque sí era consciente de la situación compleja en la que trabajaba.

Su esposa, Ángeles Velasco Acevedo, mantuvo comunicación con él hasta el 22 de enero, sin que se detectara algún indicio de peligro inminente.

La combinación de estas comunicaciones y la posterior desaparición refuerza la percepción de que los mineros fueron sorprendidos en un entorno que debía ser seguro, expuso Jaime.

También, enfatizó que, si existía presión económica por parte de grupos delictivos, la empresa tenía la obligación de denunciar y proteger a sus trabajadores.

Obviamente la empresa es responsable, aunque sea por coerción; estas personas los obligaron, y la empresa tenía la obligación de denunciar ante la autoridad, desgraciadamente, no lo hicieron.

Por ello, la familia insiste en que todas las líneas de investigación deben ser agotadas, particularmente la relacionada con la extorsión.

Cada día, señaló Jaime, surge nueva información que podría fortalecer esta hipótesis y esclarecer la situación de los trabajadores que aún no han sido hallados.

El Ministerio Público tiene la obligación de revisar todo lo que pudo haber pasado para esclarecer y, sobre todo, para encontrar a los que no han sido hallados y determinar responsabilidades.

El entierro de José Manuel reunió a familiares, amigos y colegas, quienes lamentaron la tragedia y exigieron justicia; su esposa, Ángeles Velasco Acevedo destacó la profesionalidad de José Manuel y la brutalidad del ataque, que puso fin a su vida.

Compañeros de trabajo confirmaron que José Manuel había alertado sobre los riesgos y que incluso les indicó a algunos no regresar a la mina, salvando potencialmente vidas.

Mi hermano prácticamente salvó a otros compañeros al decirles que se quedaran en sus casas.

El entrevistado dijo que empresas nacionales y extranjeras suelen asumir estos pagos para continuar con sus operaciones, exponiendo a su personal a riesgos extremos, por ello rechazó este caso que, afirmó, refleja la vulnerabilidad de ingenieros, geólogos y técnicos, cuya formación y especialización no los protege frente a amenazas directas sobre su vida.

Jaime Castañeda consideró que la Secretaría de Seguridad tiene la oportunidad de recuperar credibilidad frente a la ciudadanía si actúa con eficacia en este caso y en otros similares.

“Este caso es uno entre muchos, pero tiene el potencial de mostrar que las autoridades pueden actuar de manera eficaz y proteger a la gente”, afirmó e insistió en la necesidad de transparencia y rigurosidad en la investigación.

Mientras la investigación continúa, la familia y los colegas de José Manuel insisten en que la hipótesis de confusión no puede ser la única considerada.

La tragedia demuestra que se requiere una revisión exhaustiva de las condiciones de seguridad, la responsabilidad de la empresa y la dinámica de la extorsión en la región y para Jaime Castañeda, la prioridad es que la investigación sea exhaustiva y que los responsables enfrenten consecuencias.

No se puede confundir a profesionales con criminales; este caso muestra la vulnerabilidad de quienes solo buscan trabajar y sostener a sus familias.

La comunidad minera, los familiares y colegas de los trabajadores esperan que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y que se esclarezca la participación de los distintos actores en la tragedia, mientras preparan manifestaciones en distintas entidades mineras para exigir justicia y transparencia.

La desaparición de más de una decena de trabajadores mineros, y otros altamente especializados, en contextos de violencia, revela la urgencia de mecanismos de protección efectivos, dijo el abogado.

Finalmente, Castañeda Hernández dijo que este caso debe visibilizar la responsabilidad institucional, la presión de grupos criminales sobre trabajadores y empresas, y la necesidad de una investigación integral que esclarezca todos los elementos de este crimen y garantice que no se repitan situaciones similares en el futuro.