La Presidenta ante la corrupción | Texto por Héctor Tajonar

Por Héctor Tajonar.

Al iniciar su segundo año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la peor coyuntura de corrupción en la historia reciente de México, que opera como una red de macrocriminalidad. Confrontar dicha realidad heredada de su antecesor representa el mayor reto del actual sexenio.

La macrocriminalidad consiste en una red de complicidad consolidada entre el crimen organizado, las autoridades gubernamentales y militares, así como empresarios, con el propósito de cometer diversos tipos de delitos como narcotráfico, huachicol, desapariciones y tráfico de personas, extorsión y lavado de dinero.

Las redes de macrocriminalidad se caracterizan por contar con impunidad garantizada por funcionarios públicos civiles y castrenses de la más alta jerarquía, además de las fiscalías general de la república (FGR) y locales. Ello les permite ejercer una gobernanza criminal sin cortapisas.

La gobernanza criminal significa que la delincuencia organizada gobierna o controla un territorio específico imponiendo un “sistema paralelo de reglas y sanciones que desplaza el orden estatal” (Vázquez Valencia, Luis Daniel, Redes de macrocriminalidad, gobernanza criminal y desaparición de personas, IIJ, UNAM, 2024).

Dicha situación ha sido denunciada por Donald Trump a partir del primer día de su segundo mandato mediante una orden ejecutiva en la que designa a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y acusa: “Las organizaciones mexicanas de tráfico tienen una intolerable alianza con el gobierno de México. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos” (Casa Blanca, 20 de enero de 2025).

Recientemente, Trump abrió la posibilidad de realizar ataques militares contra ‘combatientes enemigos’ en asuntos relacionados con el crimen organizado internacional. Ello agrava el riesgo para México, así se trate de una posibilidad remota.
Sea en respuesta a la presión del gobierno estadounidense o por iniciativa propia, el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum anunció en una conferencia de prensa ofrecida en domingo 7 de septiembre la detención de 14 personas relacionadas con el huachicol fiscal, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán.

En la mañanera del día siguiente, la mandataria prometió procesar a los responsables: “Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad”, tratándose de una situación en la que “es evidente un entramado de corrupción”. “Hasta donde tope”, enfatizó.

Durante las semanas siguientes, las evidencias acerca de la magnitud y gravedad del atraco se han multiplicado. Hoy se sabe que el monto del desfalco al erario por el huachicol fiscal entre 2019 y 2024 fue de diez mil 700 millones de dólares equivalentes a 196 mil millones de pesos, de acuerdo una investigación especializada realizada por Francisco Barnés de Castro (Leo Zuckermann, Excélsior, 8/X/2025). Más de 10 veces el monto de Segalmex (15 mil millones de pesos), el otro trancazo del obradorato cuyo presunto responsable goza de impunidad macuspana. Hay cálculos que rebasan los 400 mil millones de pesos. El gobierno intenta dar cifras que minimicen el desfalco.

Asimismo, se han divulgado un crimen, un supuesto suicidio y un accidente mortal de marinos involucrados en la trama del huachicol. El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar quien, de acuerdo con una carpeta de investigación de la FGR divulgada por Latinus, envió una carta el 14 de junio de 2024 al entonces secretario de Marina en la que denunciaba una red de huachicol fiscal en la cual participaban sobrinos del almirante secretario. Después del cambio de gobierno, el 10 de octubre de 2024, el contralmirante fue citado en la oficina del nuevo secretario de Marina. Un mes después, el 8 de noviembre, el contralmirante Guerrero Alcántar fue asesinado mientras vacacionaba en Manzanillo. Jacobo Dayán describió el suceso de la Marina y el huachicol fiscal como “empresa criminal continua”, en Aristegui Noticias.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles actual secretario de Marina, pronunció un inusual discurso en el Zócalo, la víspera del desfile militar por el aniversario de la Independencia. Acerca del huachicol fiscal, afirmó: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo… Fuimos nosotros mismos los que dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación.”

Aún está por verse el desarrollo del proceso judicial en torno al involucramiento de la Marina en el huachicol fiscal, incluido el ex secretario Ojeda Durán, a quien el fiscal Gertz Manero y la mandataria han intentado exculpar de antemano.

Paralelamente a la macrocriminalidad del huachicol han surgido otros escándalos de corrupción que exhiben el cinismo putrefacto de la élite cuatroteísta: viajes de lujo a Europa y Oriente, fastuosas cenas y ostentación de una opulencia mal habida. Dichos ejemplos irrebatibles reflejan la gran mentira que sustenta a la 4T: El mito de la superioridad moral de la 4T y el compromiso de López Obrador de que abatiría la corrupción. Todo lo contrario, se ha multiplicado exponencialmente.
Entre todas esas muestras de incoherencia y desvergüenza aludiré sólo a la operación de otra red de macrocriminalidad que ejemplifica la podredumbre morenista amparada por el embaucador en jefe.

El caso de Adán Augusto López Hernández ilustra con nitidez las características y operación de las redes de macrocriminalidad estructuradas mediante la coordinación de crimen organizado, gobierno y empresarios, a fin de garantizar eficacia, impunidad y lucro delincuencial. Este suceso muestra la fusión entre el narcotráfico y la narcopolítica.

El actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado nombró como secretario de Seguridad Pública de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena en 2019, cuando aquél era gobernador de esa entidad. Hoy Bermúdez Requena está preso acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se le conoce como el Comandante H.

Tras la detención en Paraguay del policía narco, el augusto senador declaró que desconocía la calaña criminal de su subordinado y aseguró no arrepentirse de haberlo nombrado encargado de la seguridad en Tabasco.

Con la misma desfachatez, Adán Augusto reconoció haber tenido ingresos por 79 millones de pesos en 2023 y 2024 por concepto de servicios profesionales. Ni su presunta complicidad con el crimen organizado, ni el conflicto de interés, ni los adeudos fiscales parecen preocuparle. Sabe que cuenta con la impunidad plenaria otorgada desde Palenque por su amigo y hermano.

La colusión entre la estructura criminal y la estructura política permite que se comentan los delitos de corrupción como narcotrafico, huachicol, soborno, malversación de fondos públicos; además de impunidad garantizada, abuso de autoriadad, intimidación y obstrucción de la justicia para permitir que la estructura y la logística empresarial de los malechores opere sin obstáculos: lavado de dinero, fraude financiero o fiscal, contrabando.

En los negocios del huachicol fiscal también está involucrado el general Audomaro Martínez, jefe de seguridad y amigo cercano del caudillo escondido.

La narrativa fundacional de la 4T se derrumba a consecuencia de la erupción de la macrocriminalidad dentro de la oligarquía de Morena. La militarización emprendida por López Obrador con el fin de cooptar a las fuerzas armadas propició una corrupción sin precedente oculta tras la opacidad militar disfrazada de “asunto de seguridad nacional”.
El Programa Sectorial de Defensa 2025-2030 aumenta el poder económico y político de las Fuerzas Armadas, y con ello el potencial de macrocriminalidad impune.

Dos discursos de la mandataria revelan el dilema que enfrenta la presidenta Sheinbaum. En el primero de ellos, pronunciado el 4 de octubre, día del 204 Aniversario de la Armada de México, dijo:

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la que debe verse siempre como como lo que es: la traición a todos los valores, es deslealtad, por eso no tiene cabida en nuestras instituciones.” Y enfatizó: La corrupción “no sólo destruye las instituciones sino corroe el alma nacional”.

Al día siguiente, durante la celebración del primer año de su gobierno, en el Zócalo, hizo una loa de su antecesor: “Andrés Manuel López Obrador es un ejemplo de honradez… nunca se apartó de sus principios.” Asimismo, afirmó que quienes se empeñan en separarlos buscan “acabar con el movimiento de transformación”. Y subrayó: “compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México”.

Existen múltiples indicios y pruebas de que el expresidente López Obrador no es un ejemplo de honestidad. Claudia Sheinbaum lo sabe. Por ello omitió mencionar en su discurso del Zócalo los dos escándalos de macrocriminalidad que heredó de su antecesor: El huachicol fiscal, que involucra al almirante Rafael Ojeda, ex secretario de Marina, y el caso Bermúdez Requena-Adán Augusto.

El expresidente sabía del huachicol fiscal al menos desde 2020 en que el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, se lo informó por escrito en una carta que le entregó en mano. (Aristegui Noticias, 1 oct. 2025). No se diga de las andanzas de su paisano y carnal Adán Augusto.

Todo apunta a que el jefe máximo también es el capo mayor. No olvidemos que el propio patriarca de la mafia morenista aseguró en varias ocasiones que nada ocurre en materia de gran corrupción sin el conocimiento y aval del presidente de la república. Escuchémoslo:

A confesión de parte, relevo de pruebas. Encubrimiento es complicidad.

Cuando las redes de macrocriminalidad alcanzan los más altos niveles del Poder Ejecutivo y de la procuración e impartición de justicia, estamos ante un Estado fallido, un narco Estado o un Estado criminal.

Combatir la macrocriminalidad implica riesgos graves que incluso podrían poner en peligro la gobernabilidad del país. El desafío es tan grande como ineludible. Es preciso enfrentarlo con extrema cautela y decisión inquebrantable. En los hechos, hay algunos indicios que podrían apuntar en esa dirección.

Es responsabilidad jurídica, política e histórica de la presidenta Claudia Sheinbaum, jefa del Estado mexicano y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, enfrentar la gobernanza criminal prevaleciente en amplias zonas del territorio nacional, “hasta donde tope”. ¿Lo hará?