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Cataluña en vilo: independencia o intervención
Los parlamentarios más moderados de la coalición que gobierna Cataluña dicen en privado que podrían abandonar las reivindicaciones de independencia si recibieran la autonomía fiscal que goza el País Vasco.
(Foto: Reuters)

La previsible declaración de independencia que haría esta tarde, tiempo de España, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, podría tener como respuesta una posible intervención del Estado al gobierno local o la aplicación de medidas de seguridad.

El dirigente nacionalista comparece este martes en el Parlamento de Cataluña, para trasladar los resultados de la consulta independentista del 1 de octubre, que no es reconocida por el Estado español ni por la oposición política en esta comunidad del noreste del país.

Puigdemont y su grupo parlamentario no han revelado cómo se presentará esa declaración, que podría hacerla solo con su mensaje ante el Parlamento, sin dejar firmado ningún documento ni someterla a votación.

Además, se desconoce si su intención es hacer una independencia con efectos inmediatos o por plazos como se especula en el Partido de los Demócratas Catalanes, al que pertenece Puigdemont.

La declaración, en la que se llamará al diálogo y la mediación con el Estado español, es consecuencia de la consulta del pasado 1 de octubre, en la que más de dos millones de personas (de los 5.3 millons convocados) respaldaron el proceso de autodeterminación emprendido en Cataluña.

Los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) confían en que se presente una declaración unilateral de independencia y en que se apliquen las leyes creadas para avanzar en la desconexión respecto del Estado español.

El Gobierno catalán no está pidiendo un acuerdo como el vasco e insiste en cambio en la independencia tras un referéndum a favor de la autodeterminación realizado el pasado 1 de octubre, el cual no fue autorizado por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, los parlamentarios más moderados de la coalición que gobierna Cataluña dicen en privado que podrían abandonar las reivindicaciones de independencia si recibieran la autonomía fiscal que goza el País Vasco.

En Madrid, algunos socialistas han sugerido que esto podría servir como un modelo para un acuerdo que desactivaría la mayor crisis política de España desde el intento de golpe de Estado en 1981, aunque el costo para el Ejecutivo español sería significativo.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró la víspera que se actuará con todos los instrumentos que el Estado de Derecho le permite para impedir que se materialice la independencia catalana.

Las posibilidades pasan por aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que nunca antes se ha empleado, y que supone que el gobierno de Mariano Rajoy asume la responsabilidad por encima del gobierno de Puigdemont y controlarlo desde Madrid.

Asimismo, la Ley de Seguridad Nacional ofrece al gobierno español la posibilidad de declarar una crisis en la que podría intervenir mediante los cuerpos de policía y las diferentes administraciones.

Rajoy explicó en una entrevista el fin de semana con el diario El País que no descarta adoptar ninguna medida, en función de qué tipo de declaración vaya a realizar Puigdemont.

En tanto, la expectación sobre la sesión de este martes en el Parlamento catalán es máxima, y los cuerpos de seguridad custodian el recinto, por lo que está cerrado el parque de la Cuidadela que rodea a la cámara.

Las agrupaciones que respaldan la independencia, como la Asamblea Nacional Catalana, han llamado a un manifestación a la hora del pleno para respaldar la declaración de Puigdemont, mientras en otro lado del parque se reunirán personas contrarias a la secesión.

(Con información de Sonya Dowsett de Reuters y NTMX)



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