Diputados avalan que nadie gane más que el presidente | Video
Los salarios de servidores públicos superiores al del presidente deberán ser disminuidas un año después de que entre en vigor la reforma.
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La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un dictamen de reforma constitucional para que ningún funcionario público –federal, estatal o municipal– tengan una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo federal.

El documento señala, en su régimen transitorio, que las remuneraciones de servidores públicos superiores a la del Ejecutivo federal deberán ser disminuidas al año siguiente de aquél en que entre en vigor la reforma.

El pleno lo aprobó por mayoría calificada con 357 votos a favor, 62 votos en contra y 1 una abstención; pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El dictamen modifica los artículos 116 y 127 de la Constitución Política, en materia de remuneración de servidores públicos.

Surgió de tres iniciativas que presentaron, por separado, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), el pasado 6 de febrero; la diputada María Chávez Pérez (Morena), el pasado 14 de agosto, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ese mismo día.

La discusión inició a las 11:50 horas, con la fundamentación del dictamen, en tribuna, por parte de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez (Morena); que fue la instancia que elaboró el documento.

Tras ello, la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) presentó una moción suspensiva que fue rechazada por el Pleno.


La legisladora Carrillo Martínez señaló que las remuneraciones que perciben algunos servidores públicos son altas respecto a los tabuladores generales vigentes en el sector público y las que reciben sus pares en otros países.

Asimismo, dijo, no se ajustan a la reforma constitucional de 2009 que establece que ningún servidor público pueda tener un ingreso mayor que el del titular del poder Ejecutivo.

En ese sentido, subrayó, la nueva reforma tiene el objetivo de fortalecer los principios constitucionales y modificar su ley secundaria, y se presenta bajo los principios de austeridad y racionalidad en el gasto.

“De acuerdo al estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, no hay impacto presupuestal. Por el contrario, se generaría un ahorro sumamente importante de aprobarse este dictamen”, aseveró. (Notilegis)








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