Tribunal reconoce incumplimiento del Ejército en la entrega de archivos de la ‘Guerra Sucia’

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el Poder Judicial de la Federación reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido omisa en sus obligaciones derivadas del Acuerdo Presidencial de 2019, que ordenó entregar y transparentar los archivos relacionados con las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el período de 1965-1990.

El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, en sesión del pasado 6 de agosto, el amparo en revisión 43/2025, relacionado con los archivos de la llamada “Guerra Sucia” que permanecen en secreto en manos del Ejército. Por mayoría de dos votos, de las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, se concedió el amparo de la justicia a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, del mismo nombre, desaparecida desde 1978.

En febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instrucción presidencial para transferir al Archivo General de la Nación (AGN) los archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas contra movimientos políticos y sociales del pasado, así como garantizar que la información transferida sea de acceso público. Esta obligación comprende a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, incluida la Sedena. A pesar de ello, los archivos militares relacionados con la época no han sido transferidos íntegramente al AGN.

La relevancia de esta documentación quedó demostrada durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que tuvo acceso a archivos históricos de la Sedena y encontró documentos, hasta entonces desconocidos, con información relevante para esclarecer graves violaciones a derechos humanos y establecer líneas de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, el Ejército posteriormente obstaculizó la consulta de la información, alteró y ocultó cajas previamente identificadas y finalmente negó el acceso a documentación relevante. Todo ello fue documentado por el MVEH en su informe de octubre de 2023, “Las formas del silencio”.

Frente al incumplimiento de la Sedena, en noviembre de 2023 Alicia de los Ríos Merino, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro Prodh, promovió un juicio de amparo para detener la opacidad y garantizar la preservación y el acceso a la documentación.

Durante la sesión del 6 de agosto, uno de los puntos centrales de la discusión se refirió a la necesidad de establecer medidas concretas para garantizar la obligación de entregar los archivos. Para ello, se determinó que, con el objetivo de garantizar un debido cumplimiento, la resolución final debe incluir la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos, imparcial, en la que participen integrantes del Archivo General de la Nación, para llevar a cabo el proceso de identificación y transferencia de la documentación militar correspondiente, tal y como fue solicitado por la quejosa en sus alegatos.

Te puede interesar > Ordenan a Sedena no destruir archivos sobre ‘guerra sucia’

El Centro Prodh afirmó:

Las organizaciones acompañantes celebramos esta resolución, que constituye un avance significativo para garantizar el derecho a la verdad y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano frente a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la época denominada “Guerra Sucia”.

A su vez, señalamos que la implementación del fallo deberá garantizar una debida conformación de una comisión que funcione con transparencia, preserve la integridad de la documentación y permita que los archivos sean efectivamente entregados al AGN.

Los archivos militares, para Alicia de los Ríos Merino y para cientos de familias de personas desaparecidas durante la llamada “Guerra Sucia”, constituyen un territorio más para la búsqueda de la verdad. En ellos puede encontrarse información indispensable para conocer el paradero de sus seres queridos, reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

Hacemos un llamado enfático al cumplimiento de la sentencia, el cual dependerá de la voluntad política del Estado mexicano en su conjunto. Revertir la opacidad institucional de las instituciones castrenses en estos y otros casos graves de derechos humanos continúa siendo una deuda histórica impostergable con la verdad de las víctimas y la sociedad en su conjunto.