'Se ha fabricado una historia': abogada de Brenda Quevedo cuestiona el caso

El caso de Brenda Quevedo, quien permanece desde hace casi 20 años en un proceso penal por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, es un ejemplo de las fallas del sistema judicial mexicano y permanece estancado desde 2014, cuando concluyó la etapa de instrucción, señalaron Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y abogada de Quevedo, y Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora general de CEA Justicia Social e integrante de la Red de Solidaridad por Brenda.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Salas Ramírez sostuvo que el expediente se ha prolongado durante un periodo extraordinariamente amplio y que, con el paso de los años, las pruebas y elementos que originalmente se utilizaron para presentar el caso como resuelto se han debilitado.

“Es un ejemplo muy claro de todo lo que está mal en el sistema judicial mexicano. Es un caso que ha durado, ha tenido un periodo extraordinariamente amplio, que no ha logrado resolverse, donde no hay justicia, donde no hay verdad, donde no hay reparación”, afirmó.

La abogada señaló que, desde la Red de Solidaridad por Brenda, consideran que todas las personas procesadas sin sentencia son las víctimas dentro de este caso. Afirmó que, después de casi dos décadas, han encontrado elementos que permiten cuestionar la versión que durante años se presentó como definitiva.

“Hoy sabemos que este caso, que por muchos años se nos presentó como algo resuelto, se ha ido desmoronando ante la evidencia y donde lo que queda claro es que se ha fabricado una historia, se ha fabricado a unas personas como responsables”, sostuvo.

Para Salas Ramírez, el expediente refleja problemas tanto en las instituciones encargadas de investigar como en el Poder Judicial.

Un caso de criminalización contra una mujer

Por su parte, Ángela Guerrero consideró que el expediente puede ser estudiado como un caso representativo de la criminalización de una mujer y de violaciones a derechos humanos durante un proceso penal.

“A mí me parece que incluso este caso es el caso paradigmático por excelencia que tendrá que estar en todas las universidades de nuestro país y de la región latinoamericana”, señaló.

La coordinadora de CEA Justicia Social explicó que, desde su perspectiva, el caso permite analizar cómo una persona puede permanecer durante más de 18 años sometida a un proceso y cómo, en su momento, los medios de comunicación contribuyeron a construir públicamente una versión sobre la culpabilidad de Quevedo antes de que existiera un proceso justo.

También señaló que durante ese periodo se ocultó que Quevedo había sido víctima de tortura y de violaciones a derechos humanos.

“Es el caso de cómo el Estado puede criminalizar a una mujer, cómo el sistema puede pasar por encima de los derechos de una persona por más de 19 años”, afirmó.

Guerrero destacó además la participación de organizaciones de la sociedad civil, academia y redes de abogadas que han acompañado a Quevedo durante estos años y que, dijo, han contribuido a que actualmente se hable de un proceso de justicia tanto para ella como para otras personas involucradas en el expediente.

Suprema Corte declaró ilegales pruebas obtenidas mediante tortura

En tanto, Salas Ramírez recordó que uno de los elementos centrales para revisar el caso es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida el año pasado, mediante la cual fue liberada Juana Hilda González, otra de las personas señaladas como responsable en el expediente.

La abogada explicó que la Corte determinó que las pruebas utilizadas para condenar a González habían sido obtenidas mediante tortura y que, además, eran ilegales.

“En ese sentido, pues, algo que resulta ser inentendible, todavía está la fecha, es que haya personas que siguen procesadas, como es el caso de Brenda, que haya otras que incluso han sido sentenciadas, con base exactamente en estas mismas pruebas que ya la corte declaró como ilegales”, afirmó.

Por ello, consideró necesario encontrar una salida jurídica para resolver el caso de Quevedo y revisar la situación de las demás personas procesadas o sentenciadas con base en los mismos elementos probatorios.

Salas Ramírez destacó que Brenda Quevedo actualmente puede transitar en libertad por el país, después de que fueron modificadas sus medidas cautelares, pero aclaró que eso no significa que el proceso penal haya terminado.

“Es absurdo que en este país haya una persona prácticamente por veinte años sin que se haya resuelto su situación jurídica. Es que eso en sí mismo tendría que llevar a desacreditar cualquier proceso, cualquier juicio”, sostuvo.

Cambio de medidas cautelares permitió a Brenda recuperar derechos

Guerrero explicó que durante la audiencia en la que se modificaron las medidas cautelares se expusieron también las responsabilidades de cuidado que tiene Quevedo, un elemento que, señaló, permitió mostrar que su vida no se limita al proceso penal.

La defensora indicó que, además de las violaciones a derechos humanos reconocidas ante organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, se tomó en cuenta que Quevedo desempeña otros roles y tiene responsabilidades fuera del expediente. “Parece que la vida para Brenda empieza y termina con un juicio penal y no es así”, afirmó.

Según explicó, Quevedo pasó de tener cinco medidas cautelares a conservar tres: no puede salir del país, no puede acercarse a la víctima y debe acudir a firmar cada cuatro meses.

“Brenda es libre el día de hoy, no es totalmente libre. Simplemente y no es totalmente libre porque el proceso no ha terminado”, señaló. Aun así, consideró que el levantamiento de las medidas más restrictivas le permite recuperar diversos derechos mientras continúa el proceso penal.

Guerrero vinculó el caso de Quevedo con la situación de otras mujeres que permanecen en prisión preventiva sin sentencia. Señaló que CEA Justicia Social documentó que alrededor de 20 por ciento de las mujeres recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 lleva más de dos años esperando una sentencia.

“Tenemos mucha confianza en que a la luz de este proceso se puedan revisar los casos, no nada más de Brenda, sino de todas estas otras mujeres que también están esperando un cambio de medida cautelar”, dijo.

Agregó que también existen mujeres que esperan una sentencia absolutoria, que se reconozca su inocencia o que las autoridades consideren las distintas responsabilidades y roles que desempeñan fuera de los procesos penales.

Pruebas disponibles no confirman el secuestro y asesinato

Al ser cuestionada sobre el hecho central del expediente, Salas Ramírez afirmó que las pruebas disponibles hasta el momento no establecen que Hugo Alberto Wallace, cuyo presunto secuestro y asesinato dio origen al caso haya sido efectivamente secuestrada, torturada y asesinada. “Hasta el momento las pruebas disponibles establecen que no”, respondió.

La abogada agregó que existen elementos difundidos públicamente que apuntan a que Wallace podría estar vivo. Mencionó que periodistas han documentado evidencia en ese sentido.

Sin embargo, sostuvo que el proceso penal no se ha concentrado en determinar qué ocurrió realmente con esa persona. “El proceso penal nunca ha estado centrado en eso, nunca ha estado centrado en llegar a la verdad”, afirmó.

De acuerdo con Salas Ramírez, la investigación se enfocó en mantener como responsables a las personas originalmente señaladas, entre ellas Quevedo, en lugar de esclarecer si la presunta víctima estaba viva o no.

La abogada explicó que el expediente se rige por las reglas del anterior sistema penal mixto y que la etapa de instrucción, durante la cual podían presentarse pruebas, concluyó desde 2014.

Desde entonces, dijo, el proceso permanece a la espera de que el Tribunal determine formalmente el cierre de esa etapa para posteriormente pasar a conclusiones y, después, a una sentencia.

Salas Ramírez atribuyó la prolongación del proceso a los recursos promovidos por los abogados que representan a la parte acusadora, a quienes acusó de interponer recursos para impedir que se cierre la instrucción. “Han interpuesto una serie de recursos, muchos de ellos absurdos, sin fundamento, con el objetivo de seguir alargando y alargando y evitar que lleguemos al cierre de la instrucción”, afirmó.

La abogada sostuvo que esos recursos han impedido que el expediente avance hacia la etapa de conclusiones y posterior sentencia.

Situación de los demás procesados

Salas Ramírez aclaró que su representación jurídica corresponde exclusivamente a Brenda Quevedo, aunque explicó la situación que conoce de otras personas involucradas en el expediente.

Recordó que Juana Hilda González obtuvo su libertad el año pasado luego de la resolución de la Suprema Corte. Además, señaló que hay dos hombres que esperan la resolución de un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado.

Uno de ellos, coacusado de Quevedo en la misma causa penal, permanece en prisión preventiva en Almoloya de Juárez y no ha conseguido modificar su medida cautelar.

La abogada agregó que otras dos personas ya fueron sentenciadas y deberán interponer los recursos correspondientes.

Salas Ramírez consideró relevante revisar integralmente estos expedientes debido a que algunos de los funcionarios que participaron en la investigación original posteriormente fueron sentenciados por delitos como narcotráfico y tortura.

A partir de ello, planteó la necesidad de revisar no solo el expediente de Quevedo, sino otros casos en los que personas pudieron haber sido señaladas, procesadas o sentenciadas injustamente.