Nuevo programa de estancias infantiles viola derechos humanos: CNDH
Existen al menos 6 mil 620 niñas y niños que no fueron censados por la Secretaría de Bienestar, pese a ser beneficiarios del programa anterior.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Andrea Murcia).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que los cambios realizados por el gobierno federal al Programa de Estancias Infantiles violan varios derechos humanos, por lo que recomendó el pago retroactivo de subsidios, un aumento presupuestal y establecer mecanismos para verificar que los apoyos otorgados a padres y madres sean utilizados para el cuidado de sus hijos.

De acuerdo con la recomendación emitida este lunes, la sustitución del Programa de Estancias Infantiles, vigente de 2007 a 2018, por el Programa de Apoyo para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras viola el principio del interés superior de la niñez; el derecho a una vida digna, a la supervivencia y al desarrollo; el derecho a la educación y el derecho a la salud, entre otros, de niñas y niños.

Además, los cambios hechos al programa “constituyen medidas de carácter regresivo, tanto en lo normativo como en sus resultados” y limitan “injustificadamente el monto de los beneficios otorgados anteriormente”.

Entre las medidas regresivas detectadas por la CNDH se encuentran la reducción de 150 pesos mensuales al monto de apoyo para niñas y niños de 0 a 4 años de edad, la eliminación del apoyo que se entregaba a las estancias por concepto de Impulso a los Servicios de Atención y Cuidado Infantil y la eliminación de la contratación del seguro contra accidentes personales de niñas y niños que anteriormente adquirían las estancias.

También fueron eliminadas las atribuciones del DIF Nacional en materia de capacitación al personal de las estancias, así como de supervisión, y la participación de la Secretaría de Educación Pública para tener por acreditado el primer año de preescolar.

La CNDH también destacó el cambio en la modalidad de la entrega del subsidio sin que se establecieran mecanismos de control y auditoría.

“La ausencia en las reglas de operación del programa de mecanismos para verificar que los recursos públicos que se entreguen a las familias se destinen al pago de los servicios de cuidado infantil, impedirá medir el impacto que la inversión estatal tiene en el cumplimiento de sus derechos y los beneficios reales en su desarrollo, además, representa una medida de carácter eminentemente asistencial que no considera a niñas y niños como sujetos de derechos que ameritan la protección reforzada por parte del Estado, sino como sujetos de protección cuyo cuidado y bienestar pertenece al ámbito privado de las familias”, afirmó la Comisión.

El organismo nacional también mencionó las irregularidades en el censo realizado por la Secretaría de Bienestar, originadas en parte por la omisión de la Secretaría de señalar en las reglas de operación cuál sería el mecanismo para la selección de las personas que podrían tener acceso al apoyo, con reglas claras y transparentes.

De acuerdo con una encuesta realizada por responsables de estancias infantiles, así como madres y padres de familia, existen al menos 6 mil 620 niñas y niños que no fueron censados, pese a ser beneficiarios del programa anterior.

La omisión de la Secretaría de Bienestar de publicar reglas claras y transparentes para seleccionar a las personas beneficiarias del nuevo programa había sido señalada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria desde marzo pasado, antes de que se publicaran las reglas de operación del programa. En total, la Conamer había hecho 10 observaciones al anteproyecto de reglas de operación de la Secretaría de Bienestar.

Sin embargo, la dependencia federal publicó las reglas de operación sin corregir nueve de las 10 fallas detectadas por la Conamer. “Causa extrañeza a este organismo nacional que siendo la Conamer un organismo cuyo objetivo es promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos (…) las observaciones que formule a través del dictamen regulatorio no se cumplan en los hechos”, expresó la CNDH en su recomendación.

Además, la CNDH señaló la inobservancia del gobierno federal respecto de las medidas cautelares emitidas por la propia Comisión el 5 de marzo pasado, las cuales incluían medidas de seguridad urgentes para responsables de estancias infantiles que hubieran sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información divulgada por el Poder Ejecutivo, el pago de los apoyos correspondientes a enero y febrero y una disculpa pública por parte de las autoridades federales.

Por lo anterior, la CNDH recomendó a la Secretaría de Bienestar establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los apoyos económicos, que puede consistir en un sistema de “vouchers” o tarjetas que sólo puedan ser utilizadas en una red de estancias infantiles, o canalizar directamente los apoyos a las estancias, como se hacía anteriormente.

También le recomendó que actualice el padrón de beneficiarios, labora que tendrá que cumplir en un plano no mayor a dos meses a partir de la aceptación de la recomendación.

En un plazo no mayor a un mes, la CNDH le recomendó pagar los subsidios correspondientes a enero y febrero de este año, mientras que a la Secretaría de Hacienda le recomendó ajustar el presupuesto para que el programa de estancias tenga, al menos, los mismos recursos que tenía en 2018.






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