ONU en México insta a PGR a continuar la investigación sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo
La organización expresó que no es la primera vez que el uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos.
(Foto: Archivo Cuartoscuro)

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México hizo un llamado a continuar la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre cuatro hechos violentos ocurridos la noche del 24 al 25 de marzo de 2018, en los que fallecieron al menos ocho personas y resultaron heridas otras 14, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con un comunicado de la ONU-DH, lo sucedido en la avenida Luis Donaldo Colosio, donde fallecieron dos menores de edad y su madre y resultaron heridos otro menor y el padre, todos integrantes de una misma familia, es de especial preocupación.

La PGR, con base en sus peritajes, afirmó que estas personas fueron víctimas de disparos realizados desde un helicóptero de Semar desmintiendo así las versiones previamente difundidas por dicha Secretaría sobre los hechos.

El 6 de abril, el coordinador de Servicios Periciales de la PGR, Anselmo Apodaca Sánchez, dijo que la camioneta de la familia presentaba impactos por arma de fuego con trayectoria de arriba a abajo y en un ángulo de 45 grados.

Al respecto, la ONU-DH señaló que los efectivos de Semar solo pueden usar sus armas de fuego, incluidas las incorporadas en helicópteros, sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para repeler la agresión sufrida, de acuerdo con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego” de las Naciones Unidas que están incorporados por las fuerzas militares mexicanas en su manual de uso de la fuerza.

En este sentido, Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, aseveró que “todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con dichos Principios”.

“La información hecha pública por Semar que niega que se hubieran realizado disparos desde el aire y luego la que atribuye la causa de las muertes por disparos de efectivos de Semar a la presencia de grupos delincuenciales, irían en contra de estas obligaciones”, manifestó Jan Jarab.

Y añadió: los informes públicos en los días siguientes a los hechos en los que no se informa de las personas muertas y heridas por los disparos realizados desde un helicóptero de Semar podrían constituir un incumplimiento del deber de “enviar rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial.

 

La investigación debe incluir quién efectuó los disparos y quién lo ordenó 

ONU-DH también indicó que las medidas disciplinarias pertinentes en la investigación de la PGR deben incluir quién efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido.

La organización expresó que no es la primera vez que el uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos. Sin embargo, este tipo de casos no han derivado en cambios de comportamiento institucional. “La gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento”, añadió Jarab.

La ONU-DH considera positivo que el mensaje de la Semar, donde asume la responsabilidad, pero expresa su preocupación por la calificación de la muerte de una madre y dos hijos como un “hecho circunstancial” y lamenta que el comunicado no ofrezca ninguna disculpa por haber pretendido evadir su responsabilidad en declaraciones anteriores.

Adicionalmente, preocupa a la ONU-DH que, según información recabada, se haya querido criminalizar y desprestigiar a las víctimas y defensores de derechos humanos de la localidad. Cabe resaltar que la familia tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que no se reduce a una atención médica y una indemnización económica.

La ONU-DH insta a la PGR a continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables.






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