La estrategia de la 4T de endurecer la ley en contra de los más pobres | Columna de Ana Lorena Delgadillo Pérez

Por Ana Lorena Delgadillo Pérez

Si hay algo que debe temer la ciudadanía, es la concentración del poder en una persona o en uno de los poderes del Estado. El camino que ha elegido la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la 4T, es justamente ese. En un abrir y cerrar de ojos, hemos perdido lo que con tanto esfuerzo se construyó. No era perfecto, distaba mucho de serlo, pero giramos justo en la dirección contraria, hacia un mayor autoritarismo que implica la pérdida paulatina de nuestros derechos. 

En menos de 10 años perdimos el Poder Judicial, varias autonomías y la policía civil federal, pero pareciera que esto no fuera suficiente y la 4T encamina todos sus esfuerzos para darle más poder a las instituciones que a las personas. Los esfuerzos por lograr una democracia más participativa, en la que la sociedad pueda ser partícipe de la construcción de una gobernanza, han quedado diluidos. Pero lo más grave es cuando el Estado usa su arma más poderosa contra las personas: el poder discrecional y autoritario del derecho penal. 

No satisfecha con haber cooptado a la Fiscalía General de la República hace unos días, con el nombramiento de Ernestina Godoy, la Presidenta ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Resaltan como preocupantes, la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, la ampliación de supuestos para detener en flagrancia, la regulación de los “jueces sin rostro” y el aumento de actos de molestia sin control judicial. 

Desde el ámbito internacional se han cuestionado estas medidas por ser contrarias a los tratados internacionales de los que es parte de nuestro país y contrarias a los derechos humanos, pero además, es importante resaltar algo: hasta el momento, ninguna de las medidas que ha impulsado la 4T, van encaminadas a que las personas más vulneradas tengan justicia o a reducir la impunidad. No se está atacando la causa: la corrupción que reina en los cuerpos policiales, el ejército y las fiscalías. No se están fortaleciendo las capacidades de investigación de las fiscalías. El aumento de facultades discrecionales para encarcelar a una persona se debe a su incapacidad para investigar. 

Como no se piensa fortalecer las fiscalías, es preciso otorgarles más poderes discrecionales para que puedan, de manera arbitraria, detener a las personas y luego “investigar”. Esto, además de los riesgos que se pueden abrir para continuar con las prácticas de tortura. Cuando se tienen fiscalías que realmente funcionan, las medidas que quieren impulsar desde la Presidencia se aplican de manera excepcional o simplemente no se aplican porque no las necesitan: tienen cuerpos de investigación realmente capaces de presentar evidencia e investigar, más allá de depender de la persona detenida para obtener resultados. En este año, el aumento de detenciones ha sido tremendo, pero no así el fortalecimiento de capacidades para investigar. Un artículo de Beatriz Guillén de El País, que toma las cifras del Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad, muestra que en México hay 102.053 personas en la cárcel sin sentencia; esto equivale al 40,4 % de las personas en prisión.

Refiere también que precisamente en este año, en 2025, la cifra aumentó a 14.354 personas, siendo que en los años anteriores la población penitenciaria crecía una media de 3.800, y refiere que, al desglosarlo, los presos sin sentencia son 12.816 más en solo ocho meses. 

La estrategia de detener y poner a las personas presas sin evidencia y en violación de sus derechos fundamentales ha sido fuertemente cuestionada en países como El Salvador, donde más de 85 mil personas han sido detenidas desde el inicio del régimen de excepción. Esta no es una solución permanente ni a largo plazo en materia de seguridad y justicia. 

Pero lo más grave es que estas medidas terminan lesionando a las personas más vulneradas, a las personas más pobres que carecen de recursos para contratar un abogado. Serán los más pobres quienes vayan a la cárcel. Basta ver el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) donde se muestra que el 65.8% de las mujeres y el 72.8% de los hombres en prisión, no contaban con ningún nivel de escolaridad o contaban con el nivel básico (prescolar, primaria o secundaria).

Medidas como estas también pueden provocar la famosa puerta giratoria. Si lo que quieren es demostrar a los Estados Unidos de América que son exitosos porque están deteniendo a más personas, su estrategia fallará cuando no puedan sostener las acusaciones ante los jueces, porque nunca se fortaleció la fiscalía en sus capacidades para investigar y sostener las acusaciones en el juicio.  Las personas serán detenidas y luego saldrán. Es fundamental vigilar cómo actuarán los jueces cuando tengan ante sí una gran cantidad de casos sin evidencia ni investigaciones sólidas. Tal vez por eso era preciso coaptar al Poder Judicial. 

Por otra parte, es ilógico que el partido de MORENA, sus aliados y la 4T hayan dicho que los jueces elegidos por el pueblo sí traerían justicia, cuando, con estas reformas, quieren quitarles justamente el poder a los jueces para decidir si hay suficiente evidencia y se acreditan los supuestos para que una persona deba estar en prisión. 

Un Estado que privilegia la aplicación del derecho penal frente a la criminalidad y a los problemas sociales es un Estado punitivista y autoritario y, en cierta medida, fracasado, porque tiene que aplicar su medida más dura debido a que no obtiene resultados en el resto de sus funciones. Las políticas de prevención o de seguridad ciudadana nunca habían estado más lejanas y no se necesitan porque, bajo la lógica de este gobierno, se detendrá y se encarcelará sin que existan los contrapesos para que las personas puedan defenderse. Así es como nos han vendido su estrategia de seguridad y justicia. 

El Colectivo La Justicia que Queremos se ha manifestado en contra de todas estas medidas, por ser contrarias a un Estado democrático. 

Por encima de todo, lo más importante es que no permitamos que haya engaños. Por más que digan que estas serán facultades que ayudarán a frenar la impunidad, la verdad es que son medidas para otorgar mayores poderes a la policía y a la fiscalía, a costa de nuestros derechos. Al menos merecemos tener claridad sobre lo que está pasando.