MSF alerta sobre importancia de píldora anticonceptiva, a 10 años de su prohibición en Honduras
“Honduras es el único país del continente americano que prohíbe la PAE y es fundamental para prevenir embarazos no deseados", recordó Marcelo Fernández, jefe de misión de MSF en ese país.
(Foto: MSF).

Entre 2009 y 2018 en Honduras ocurrieron 215 mil 551 partos de niñas y jóvenes menores de 18 años, y en 2018 el 20 por ciento de los egresos hospitalarios por aborto correspondió a niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, de acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres y cifras oficiales.

Este 2019 se cumplieron 10 años de la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) en Honduras. En 2009 el Congreso aprobó una ley para prohibirla y el presidente Manuel Zelaya la vetó, pero tras el golpe de Estado que sacó del poder a Zelaya, el gobierno de facto retomó la prohibición.

En ese contexto, Médicos Sin Fronteras alerta sobre la falta de un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, cuya aprobación está pendiente desde octubre de 2017 precisamente por la prohibición que pesa sobre la PAE, parte esencial del protocolo.

 

A continuación, el comunicado de Médicos Sin Fronteras al respecto:

El proceso por el que pasa una persona que ha sido víctima de violencia sexual es tremendamente difícil y doloroso. En Honduras, de acuerdo con testimonios de pacientes atendidas por Médicos Sin Fronteras (MSF), las sobrevivientes son estigmatizadas y les niegan la asistencia de emergencia en los centros de salud porque creen que sin una denuncia no las pueden atender. De acuerdo con la ley del país centroamericano y los protocolos internacionales, la denuncia es un derecho y no un deber. Sin embargo, a pesar de que la violencia sexual es una emergencia médica, no existe un protocolo de atención en salud integral para este tipo de casos.

A 10 años de la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) en Honduras, diversas organizaciones que conforman el Grupo Estratégico por la PAE, como MSF, muestran su preocupación constante ante la falta de este insumo que es parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con la prohibición no se ha logrado aprobar un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual.

A partir de 2014, MSF junto con otras organizaciones -como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Mujer, el Observatorio de la violencia de la Universidad Autónoma de Honduras y en conjunto a la Dirección de Normalización de la Secretaría de Salud- han participado en la mesa de trabajo para la aprobación de un protocolo de atención integral, dedicado a sobrevivientes de violencia sexual en Honduras. Su aprobación está pendiente desde octubre de 2017 debido a que la PAE continúa prohibida y es parte esencial del protocolo, para que las sobrevivientes de violencia sexual tengan la opción de prevenir un embarazo no deseado producto de abuso sexual.

“Honduras es el único país del continente americano que prohíbe la PAE y es fundamental para prevenir embarazos no deseados, especialmente en casos de violación. La píldora, como ha reiterado la OMS, no causa aborto ni daña la fertilidad futura”, asegura el doctor Marcelo Fernández, jefe de misión de MSF en Honduras.

Desde la prohibición de la PAE mediante Decreto Ejecutivo emitido a través del Despacho de Salud (Decreto Ministerial 2744), entre 2009 y 2018, han ocurrido 215 mil 551 partos de niñas y mujeres menores de 18 años; en 2017, 21 mil 150 mujeres menores de 18 años dieron a luz, con un aumento de más de 5 mil partos de 2009 a 2016, de acuerdo al reporte del Centro de Derechos de Mujeres realizado en 2017.

Entre enero 2016 y junio 2019, en Tegucigalpa, MSF atendió de manera integral a 94 mujeres que consideraron estar embarazadas tras sufrir violación. Esta cifra es un reflejo de una emergencia sanitaria nacional que debe atenderse inmediatamente

A la fecha, el gobierno hondureño ha hecho caso omiso al llamado de múltiples organizaciones que abogan por la salud y los derechos de las mujeres desde hace una década, a pesar de ser el país que tiene una de las tasas más alta de embarazo adolescente (1 de cada 4 ha estado embarazada) y de violencia (41.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018) en la región; todavía no integra en sus programas nacionales de planificación familiar la anticoncepción de emergencia; un método que impediría que muchas mujeres tuvieran embarazos no deseados.

Los llamados que se han realizado al gobierno hondureño han sido diversos, desde constantes reuniones con la Secretaría de Salud, la comisión de Salud del Congreso Nacional y otros actores de la sociedad civil, hasta comunicados públicos, donde se ha aclarado el mecanismo de acción del medicamento, la importancia del mismo para la salud de las mujeres y su fundamental uso dentro un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, avalados por la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Honduras.

Al no tener acceso a la PAE, las mujeres se enfrentan al riesgo de un embarazo no deseado y, consecuentemente, son obligadas a buscar sitios clandestinos para interrumpir su embarazo. Según cifras del informe de violencia sexual de 2017 del Centro de Derechos de Mujeres, en Honduras el aborto inseguro representó el 12% de las muertes maternas en el país.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de la Salud, en 2018 el número de egresos hospitalarios por abortos fue de 12 mil 042. De estas pacientes, 20% fueron mujeres entre los 10 y los 19 años.

A pesar de los continuos esfuerzos y la abundante evidencia científica, la Secretaria de Salud no ha aprobado el protocolo de atención integral y ha pasado por alto lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en su Hoja Informativa que dice que: Las PAE-LNG no interrumpen un embarazo en curso ni dañan un embrión en desarrollo.

Las organizaciones en favor de la PAE reiteran su llamado a la Secretaría de Salud para que apruebe de forma inmediata el protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual a nivel nacional, e insta a esta entidad y al Gobierno de Honduras para que elimine la prohibición de la PAE, ya que el medicamento es parte fundamental para la salud de las mujeres a nivel nacional.

Buscar el bienestar médico de las y los sobrevivientes de violencia sexual, en definitiva, es una de las prioridades para esta causa en el mundo, pero esto solamente es posible si las instituciones de salud prestan un servicio integral, con la conciencia de que las personas necesitan, como cualquier ser humano, un trato digno, empático y de calidad.








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