Cienfuegos quiere “ley de impunidad” para encubrir violaciones del Ejército, acusa Gallardo
El general en retiro aseguró que la ONU y la CIDH "han detectado y documentado" la participación de militares en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
(Foto: SinEmbargo)

Lo que en realidad pretende el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es que se apruebe una “ley de impunidad para encubrir y justificar las violaciones del Ejército” al realizar tareas de seguridad pública, acusó el general Francisco Gallardo.

Gallardo Rodríguez consideró que la urgencia del titular de la Sedena, para que el Congreso avale la Ley de Seguridad Interior, se debe a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “han detectado y documentado” que militares han participado en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

En entrevista para Aristegui Noticias, apuntó que lo señalado por el general Cienfuegos contradice los Manuales de Operaciones en Campaña, en los que se establece que además de tutelar la soberanía nacional, es labor del Ejército “tutelar el orden interno”.

“El adiestramiento, la capacitación y la educación de los militares están enfocados al orden interno, por lo que no es aceptable lo que dijo el secretario“, comentó.

Sin embargo, reconoció que hace una década, cuando por instrucción del entonces presidente Felipe Calderón, los militares fueron sacados a las calles para realizar tareas de seguridad pública, se debió definir que esta situación era temporal y los puntos específicos de la geografía nacional donde operarían.

El general Gallardo denunció que la autoridad civil “ha sido omisa” con lo que establece el artículo 21 constitucional, que a la letra señala que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios”.

El general Brigadier del Ejército Méxicano publicó en 1993 un artículo titulado “La necesidad de un ombudsman militar en México” y fue arrestado debido a que se imputaron 27 delitos en 9 averiguaciones previas, como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, destrucción y quema de archivos del Ejército, calumnias e injurias a dicha institución, entre otros.

Fue condenado por un Consejo de Guerra a 14 años de prisión. Organismos nacionales e internacionales iniciaron una lucha para conseguir su liberación, lo que ocurrió hasta el año 2002.

En el mismo sentido, la profesora-investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, ha advertido que otorgar mayores facultades al Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública, representa un riesgo porque restaría legitimidad a las Fuerzas Armadas.

Mientras que Raúl Jiménez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, publicó en Siempre! que asegurar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles “de forma indefinida y expandir su radio de acción a otros campos ajenos al crimen organizado, tales como huelgas de trabajadores, resistencias indígenas, movilizaciones populares y protestas ciudadanas, es jurídicamente inviable“.

A continuación se reproduce la iniciativa del coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho Quiroz, con la que se busca regular las actividades de marinos y soldados en tareas de seguridad pública.

 

Propuesta de César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales by Aristegui Noticias on Scribd

Propuesta de Roberto Gil Zuarth by Aristegui Noticias on Scribd






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