opinión*
Revocación del mandato del Presidente: la incertidumbre sobre el resultado | Artículo
por Rogelio Muñiz Toledo
Cuartoscuro / Archivo

Rogelio Muñiz Toledo

“No dejaré de recordar al príncipe que adquiera un Estado nuevo mediante la ayuda de los ciudadanos, que examine bien el motivo que impulsó a estos a favorecerlo, porque si no se trata de afecto natural sino de descontento con la situación anterior del Estado, difícil y fatigosamente podrá conservar su amistad, pues tampoco él podrá contentarlos”. Nicolás Maquiavelo*

Cuando en marzo de este año se votó en la Cámara de Diputados la iniciativa de Morena sobre revocación de mandato, cuyo contenido era muy distinto al que fue aprobado por los senadores en octubre y por los diputados esta semana, existía la percepción de que lo que realmente buscaban el presidente de la República y Morena era alcanzar un objetivo político: que López Obrador estuviera en la boleta en las elecciones de 2021 para favorecer su proyecto político para la segunda mitad de su mandato y apoyar la estrategia electoral de Morena.

Percepción que se reforzó por la resistencia del presidente de la República y de los diputados de Morena a aceptar las propuestas de las oposiciones para que la votación sobre la revocación de mandato no coincidiera con las elecciones intermedias, se realizara después del tercer año de gobierno, solo pudiera ser convocada a solicitud de los ciudadanos y no del Presidente o los legisladores y tuviera reglas claras para evitar condiciones de inequidad que pudieran favorecer el voto por la permanencia del titular del poder ejecutivo federal en el cargo.

La reforma no avanzó en el anterior periodo ordinario de sesiones porque en la Cámara de Diputados Morena apostaba irreductiblemente por la conveniencia -para ellos- de que la votación se realizara en la jornada electoral de 2021 -o en marzo de ese año, como lo propuso el presidente de la República- y porque parecía que las oposiciones se negaban a aprobarla solamente porque consideraban que estaba dirigida a favorecer proyectos políticos personales o partidistas y no en razón de una valoración de las ventajas y desventajas de incorporar este instrumento de democracia directa a la Constitución.

Como escribí en aquella ocasión, cuando se percibe que los promotores del cambio en las reglas del juego político serían los beneficiarios directos de las reformas y el debate se centra en definir si estas tienen o no dedicatoria para una persona, partido o grupo y no en valorar la utilidad y pertinencia de incorporar una figura jurídica en el sistema político, la complejidad del cambio político aumenta y el resultado suele ser el fracaso.

Siete meses después, las propuestas de las oposiciones fueron aceptadas por los senadores de Morena y la reforma constitucional sobre revocación del mandato se aprobó por todas las fuerzas políticas, salvo el PAN, en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Como suele suceder con la toma de decisiones en el poder legislativo, parece que el presidente de la República, Morena y las oposiciones, antepusieron la valoración de las condiciones políticas actuales y sus intereses -tomando ambas variables como si fueran una constante irreductible en las negociaciones para definir los contenidos de la reforma- al imperativo de ampliar los derechos de los ciudadanos y a la construcción de escenarios sobre la implementación de la reforma, a partir de un ejercicio de prospectiva que no se basara exclusivamente en la correlación de fuerzas actual ni en intereses político particulares.

A pesar de los cambios acordados entre Morena y las oposiciones en el Senado, hay quienes aún consideran que la aprobación de la revocación del mandato significará entregarle al presidente López Obrador un instrumento para buscar la reelección en 2024 o al menos para ir a un plebiscito sobre su gobierno del que inevitablemente saldría fortalecido políticamente. Es muy probable que quienes continúan viendo este asunto solo bajo esta perspectiva estén haciendo un valoración política basada solo en variables de la coyuntura actual y a partir de una visión prospectiva de muy corto alcance y, en consecuencia, apuesten por una estrategia política incorrecta.

Pareciera que los opositores a la reforma no están considerando las probabilidades reales de persistencia o cambio de las condiciones políticas actuales, ni construyendo escenarios sobre la base de las modificaciones en la correlación de fuerzas entre el gobierno, su mayoría parlamentaria y las minorías políticas en los próximos dos años y la incertidumbre sobre el sentido del voto -inherente a cualquier proceso democrático-; por lo que sus proyecciones sobre el resultado de la votación de la revocación del mandato del Presidente, que de realizarse se celebraría hasta marzo de 2022, pudieran ser incorrectas.

Es probable que el optimismo del Presidente y de Morena sobre un resultado favorable a ellos y los cálculos de sus opositores sobre una votación desfavorable a la revocación cambiaran si hicieran un análisis prospectivo con base en estas variables:

a) Los alcances y las consecuencias de los cambios a las bases constitucionales para la realización del proceso de revocación de mandato, acordados por Morena y las oposiciones en el Senado;
b) El derrotero que está tomado la 4T y sus efectos en la evaluación del gobierno y en las preferencias electorales;
c) La volatilidad de los índices de aprobación y de popularidad de cualquier gobernante;
d) Un escenario en el que las elecciones de 2021 fueran muy competidas, con el consecuente cambio en la correlación de fuerzas entre el gobierno y las oposiciones, principalmente -pero no exclusivamente- en el Congreso; y
e) El hecho de que la votación sobre la revocación del mandato se realizaría casi nueve meses después de las elecciones federales y locales -con la probabilidad de cambios significativos en el mapa político del país y, por lo tanto, de una modificación en los incentivos que orientan la conducta política de los partidos, los gobernadores y los legisladores frente al Presidente y su gobierno- y seis meses después de la instalación de una nueva legislatura de la Cámara de Diputados, en la que Morena podría perder la mayoría.

Me parece que a pesar del optimismo del presidente López Obrador sobre un resultado favorable a él, en este momento resultan imprevisibles no solo el sentido de la votación sino las consecuencias políticas para su gobierno si la votación le favoreciera solo por un estrecho margen. Y creo que la incertidumbre sobre los resultados y las consecuencias de este ejercicio podría aumentar aún más conforme se acerque marzo de 2022.

Si cerca de tres millones de electores lograran que se convocara al proceso -lo cual por sí mismo sería un logro de los opositores al gobierno por lo difícil que sería conseguir esa cantidad de apoyos en menos de un mes y medio- y hubiera una amplia votación por la revocación, a pesar de que no se alcanzaran los votos necesarios para lograr la declaratoria de revocación del mandato del Presidente, estaríamos, en términos del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional, ante una manifestación expresa de pérdida de confianza en el presidente de la República y en su gobierno, por una parte muy importante del electorado. Escenario que podría significar un duro golpe a la legitimidad del Presidente y afectar gravemente las condiciones de gobernabilidad en la segunda mitad de su mandato.

*Diplomático, funcionario y filósofo florentino, considerado el padre de la ciencia política moderna

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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