Consejera Dania Ravel denuncia falta de transparencia en investigación administrativa en su contra

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, denunció a través de su cuenta en X la falta de transparencia en el procedimiento de responsabilidad administrativa que enfrenta y que, según dijo, le fue notificado casi cuatro años después de que se presentó la queja correspondiente.

Ravel explicó que el procedimiento deriva de una denuncia interpuesta en diciembre de 2021 por una decisión colegiada del Consejo General del INE, pero que “se me notificó hasta septiembre de 2025”.

Tras conocer la notificación, la consejera solicitó información al Órgano Interno de Control (OIC) del INE para saber si existen otras quejas o denuncias en su contra.

De acuerdo con su publicación, la petición se sustentó en el artículo 6 constitucional, que garantiza el derecho a la información. Sin embargo, Ravel indicó que el OIC “consideró que debía tramitarse como una solicitud de acceso a datos personales, turnándola a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE”.

Casi un mes después, la consejera recibió una notificación en la que se le negó el derecho de acceso a la información solicitada. Según el documento que cita, la resolución establece que “el único supuesto por el que la persona investigada puede acceder al expediente de investigación es cuando sea afectada por algún acto de molestia que proporcione indicios de su calidad en el expediente”.

Asimismo, señala que “la presunción de ser investigada no genera un derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación” y que “la información es estrictamente reservada hasta que se reconozca formalmente la calidad de imputada”.

Ante ello, Ravel puntualizó que no solicitó acceder a la investigación, sino saber si existían más quejas administrativas en su contra. Cuestionó si “no constituye un acto de molestia” requerir su expediente laboral completo, con datos personales de sus familiares, para una investigación que se le notificó casi cuatro años después de presentada, señalando que esa solicitud se realizó antes de ser notificada oficialmente del procedimiento.

La consejera también criticó el mecanismo de impugnación previsto en la resolución: “Si no estoy conforme, puedo impugnar… ¡ante el mismo OIC que negó la información!”, lo que a su juicio implica que “la autoridad que decide también revisa su propia decisión”.

Ravel advirtió que la reciente extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como la creación de órganos garantes internos “diluyen el principio de rendición de cuentas”, ya que “cuando quien decide y quien revisa es el mismo, la transparencia deja de ser contrapeso”.

“La democracia requiere del respeto irrestricto a los derechos humanos y de autoridades autónomas e independientes que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a saber y a defenderse efectivamente frente al poder”, concluyó la consejera.