Reforma a Ley de Amparo asfixiaría a pequeñas empresas al restringir suspensiones: Coparmex | Entérate

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las modificaciones a la Ley de Amparo que se discuten en la Cámara de Diputados tendrían efectos severos sobre las pequeñas y microempresas del país, al restringir el acceso a suspensiones mientras se resuelven controversias fiscales.

Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, explicó en Aristegui en Vivo que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la eliminación de la suspensión provisional, una figura clave que protege a los ciudadanos mientras se tramita el juicio de amparo.

“La suspensión es una garantía que tenemos los ciudadanos para que, mientras el juicio de amparo se tramita, la autoridad no pueda estar ejecutando los actos que son violatorios de los derechos humanos”, señaló.

Según dijo, la reforma limita esta figura al permitir solo suspensiones definitivas y establece excepciones graves: “Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea las cuentas bancarias, prácticamente no puede haber suspensión. Y tampoco cuando se restringe un certificado de sello digital y el contribuyente no puede emitir facturas, tampoco podrá haber suspensión”.

La “asfixia” de las empresas

Ruiz planteó un escenario preocupante para las empresas ante estas restricciones. “Una empresa que tiene sus cuentas congeladas, no puede emitir facturas; sería la asfixia”, advirtió.

Además, destacó que la reforma obligaría a los contribuyentes a garantizar el interés fiscal depositando la totalidad del adeudo en el Banco del Bienestar como condición para defenderse legalmente. “Si el contribuyente se duele de que los adeudos son exagerados, que no corresponden a la realidad económica de la empresa, pues no va a tener los recursos para poder depositar esas cantidades”, dijo.

Subrayó que esta situación afectaría especialmente a las pequeñas y microempresas, que representan la gran mayoría de la economía nacional. “Pensemos en el 95% de las ganancias económicas de este país, que son pequeñas empresas, que son microempresas, que están buscando cómo pagar su nómina, cómo cumplir con proveedores. Pues no van a tener esta liquidez”, afirmó. Sin acceso a la suspensión y sin capacidad para litigar, concluyó, “eso representará prácticamente la asfixia, el ahorcamiento de la empresa”.

Justicia condicionada y derechos en retroceso

Aunque reconoció la necesidad de combatir la evasión fiscal, Ruiz insistió en que no puede hacerse a costa del acceso a la justicia. “Cerrar las puertas a la justicia es indebido, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio”, señaló. A su juicio, cuando se considera que un acto de la autoridad no se ajusta a la ley, deben existir “los mecanismos y los canales para que se defienda”.

También advirtió sobre la posible desaparición de la vía judicial para casos de prescripción de adeudos fiscales. “El día de hoy podemos ir ante la autoridad fiscal a solicitarle que declare que prescribió; si no lo declara, entonces ir a juicio. Esta posibilidad de ir a juicio también estaría desapareciendo con la reforma”, explicó. De concretarse, muchas empresas “van a ir acarreando adeudos fiscales porque no se pueden defender, y solamente se pueden defender si la autoridad les embarga sus bienes y los saca a remate”.

Llamado al Congreso: avanzar, no retroceder

Desde Coparmex, el llamado es a no retroceder en derechos. Ruiz señaló que las reformas implican un retroceso de décadas en la evolución del juicio de amparo: “Estamos regresando a 20 o 30 años atrás de cómo estaba el juicio de amparo, a pesar de que el artículo primero de la Constitución consagra el principio de progresividad de los derechos humanos. Siempre debemos ir en avance”.

El líder empresarial instó a los diputados a considerar el impacto social de la reforma: “La empresa es de interés social porque genera empleo, genera bienestar, genera riqueza. Tomar en cuenta sus intereses, tomar en cuenta los intereses de los grupos ambientalistas, de los distintos grupos de activistas que se han pronunciado, para tomar una decisión de Estado”.

Finalmente, reiteró que el país necesita un entorno jurídico sólido para atraer inversiones y responder a compromisos internacionales. “Si realmente queremos hacer un país atractivo para la inversión, potenciar el Plan México, aprovechar los polos de desarrollo, responder en esta revisión del T-MEC para que sea competitivo México y atraer inversión de distintos lugares, se requiere certeza jurídica. Con un amparo debilitado, no habrá certeza jurídica”.