Red de huachicol descrita por EE.UU. evidencia complicidades de alto nivel y encubrimiento: Dayán y Figueroa

El esquema de huachicol fiscal relacionado con México, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no podría operar únicamente con la participación de funcionarios de nivel medio o bajo, sino que requeriría la intervención de estructuras de poder con capacidad para influir en áreas estratégicas del Estado mexicano.

Así lo señalaron Jacobo Dayán y Alfredo Figueroa durante una mesa de análisis en Aristegui en Vivo, en la que abordaron el informe en el que el Tesoro estadounidense anunció sanciones contra nueve empresas mexicanas y dos ciudadanos presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos coincidieron en que el documento va más allá de las personas y empresas sancionadas y describe un esquema de corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero, financiamiento político y control territorial que, según las autoridades estadounidenses, involucra a organizaciones criminales, empresas, actores políticos y operadores financieros.

Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, destacó que se trata de una investigación compleja sustentada no sólo en testimonios, sino también en información financiera, análisis de datos y elementos operativos recabados por las autoridades estadounidenses.

Señaló que el documento no limita la operación del esquema al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que menciona también a otras organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otros grupos que actuarían en coordinación con distintos actores para sostener el negocio.

Destacó la afirmación contenida en el documento de que “un cuarto o un tercio del combustible vendido en México es ilícito”, por lo que emplazó al gobierno mexicano a contrastarla con los datos de ventas de combustible, importaciones, recaudación fiscal y registros de Pemex.

El académico subrayó además que el informe identifica al huachicol fiscal como el segundo negocio más rentable para el crimen organizado después del narcotráfico y sostiene que genera pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas mediante mecanismos de evasión tributaria.

Sin embargo, desde su perspectiva, la relevancia del documento sobrepasa la dimensión económica. El Departamento del Tesoro señala que esta actividad “alimenta la rampante corrupción y violencia que sustenta las operaciones globales del narcotráfico y su control sobre México”, una afirmación que consideró particularmente significativa porque vincula directamente el tráfico de combustibles con la violencia, la corrupción y la erosión democrática.

Recordó que, de acuerdo con el esquema expuesto por el Departamento del Tesoro, el sistema financiero mexicano juega un papel relevante en el entramado, ya que es utilizado para la transferencia de recursos y el lavado de dinero de estas operaciones.

Las organizaciones involucradas recurren a facturas falsas para aparentar importaciones legales y posteriormente comercializan el producto mediante redes de distribución propias, estaciones de servicio vinculadas a grupos criminales y puntos de venta clandestinos.

Uno de los aspectos más sensibles del informe, agregó, es la referencia al uso de recursos obtenidos mediante el huachicol para financiar campañas políticas y medios de comunicación.

Para Dayán, la magnitud del esquema descrito por las autoridades estadounidenses impide pensar que su funcionamiento dependa únicamente de operadores locales o funcionarios de bajo rango. 

“Cualquier elemento que forme parte de esta empresa criminal continua es corresponsable, es decir, no nada más el crimen organizado con AK-47 en la mano es corresponsable o los que exportan o importan combustibles ilegales, sino quienes ayudan a generar esa red. ¿Quiénes son?”, cuestionó.

“Son miembros de la Marina, miembros del Ejército, miembros de las fiscalías de todo el país, incluyendo la General de la República, gobernadores, miembros de partidos políticos, empresas y medios, es decir, algún día podría haber una orden de aprehensión contra un dueño de medio de comunicación diciendo: usted es parte de esta empresa criminal continua”, agregó el analista.

En ese sentido, llamó la atención sobre la afirmación de que “los cárteles usan a los políticos para obtener posiciones claves en los gobiernos, que faciliten el huachicol”.

El documento sostiene que esas posiciones también sirven para facilitar contratos que permitan lavar recursos procedentes de actividades ilícitas: “¿Quién puede facilitar el huachicol?, ¿un funcionario medio, bajo? No, se necesitan a más alto nivel”, sostuvo.

Frente a ello, cuestionó la efectividad de las investigaciones anunciadas hasta ahora en México, dado que con frecuencia la apertura de carpetas de investigación se convierte en un mecanismo para desactivar la presión pública sin que existan resultados concretos. “Cuando se dice se abrió una carpeta de investigación. Es equivalente a decir, ‘dejen de estar molestando, olviden el asunto’”, señaló.

Consideró que las investigaciones centradas en mandos intermedios son insuficientes para desmontar redes criminales de gran escala.

Por su parte, el analista Alfredo Figueroa sostuvo que uno de los elementos más preocupantes del caso es la ausencia de información pública sobre los avances de las investigaciones mexicanas.

Aunque existen referencias a expedientes abiertos y a pesquisas relacionadas con personal militar y funcionarios vinculados con aduanas y puertos, cuestionó que no se conozcan hipótesis de investigación, resultados o responsables identificados por las autoridades.

“No sabemos nada”, afirmó, al tiempo que señaló que buena parte de la información relevante sobre el fenómeno proviene actualmente de las investigaciones periodísticas y de los procedimientos desarrollados por agencias estadounidenses. “Hay un desplazamiento de la verdad hacia otras instituciones”, apuntó.

A su juicio, la falta de respuestas institucionales frente a la información que se ha acumulado durante años refleja algo más profundo que una simple insuficiencia operativa: “Hay una absoluta práctica de encubrimiento”.

“¿En qué medida Claudia Sheinbaum, como cabeza del Estado mexicano, tiene una colusión con este modo de proceder, con este financiamiento, y con este encubrimiento?”, cuestionó.

El exconsejero electoral sostuvo que, frente a las investigaciones periodísticas, procesos judiciales y reportes oficiales conocidos en los últimos años, resulta cada vez más difícil sostener que no existen elementos para investigar a fondo el fenómeno, por lo que reiteró su apreciación de “un encubrimiento evidente”.

Figueroa consideró que el problema no se limita al tráfico de combustibles y que el informe estadounidense apunta a un fenómeno más amplio relacionado con el financiamiento de campañas políticas.

Señaló que durante décadas han existido mecanismos de financiamiento irregular asociados a empresarios interesados en obtener beneficios posteriores mediante contratos gubernamentales. Sin embargo, aseguró que en los últimos años se produjo un cambio de escala debido a la participación de recursos provenientes del crimen organizado. “Hoy tienes una línea roja que se ha cruzado”, afirmó.

Planteó que el volumen de recursos observado en diversos procesos electorales supera ampliamente las prácticas tradicionales de financiamiento ilegal. “Son pacas de dinero, porque son volúmenes absolutamente incomprensibles”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el ingreso de recursos criminales a la competencia electoral ha transformado la relación entre poder el político y las organizaciones delictivas: “Hay una operación territorial en donde tú haces una medición de opinión pública y dos meses después hay un cambio de opinión que no tiene, digamos, una explicación social sino simplemente de compra de voto de una manera tan importante”.

Figueroa señaló además que el debilitamiento progresivo de las instituciones encargadas de fiscalizar recursos, investigar delitos electorales y supervisar la competencia política ha reducido las capacidades del Estado para enfrentar estos fenómenos, por lo que actualmente las principales presiones para investigar estas redes provienen de agencias estadounidenses como el Departamento del Tesoro, la DEA o el FBI.

“Los principales responsables de la pérdida de soberanía de este país son quienes gobiernan”, dijo.

Dayán coincidió en que el fenómeno descrito por el Departamento del Tesoro representa una transformación profunda respecto de formas tradicionales de corrupción. “Estamos ante un salto cuántico en cuanto a volumen y en cuanto a los nuevos socios o los socios más sólidos que tienen ahora para controlar políticamente el territorio”, afirmó.

Explicó que la diferencia fundamental radica en que los recursos económicos obtenidos mediante estas operaciones fortalecen a organizaciones capaces de ejercer violencia sistemática y control territorial. “Los nuevos socios son generadores de una violencia brutal en el país”, sostuvo.

“No pensemos la corrupción como algo separado de la violencia, o separado de la erosión democrática. Es parte de lo mismo”, mencionó.

Por lo tanto, consideró que el gobierno federal enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su respuesta frente a los señalamientos contenidos en el informe estadounidense.

“Claudia Sheinbaum, si no es partícipe directa de esto, sus colaboradores son directamente partícipes de esto. Y entonces ella es corresponsable de esto. Si no por acción directa, sí por encubrimiento”, concluyó.

Para Dayán, el problema no puede entenderse como un episodio concluido. Sostuvo que el fenómeno “continúa” y que desmontar una red de esa magnitud requeriría una voluntad política que, dijo, no existe actualmente, o bien mecanismos extraordinarios impulsados por la presión social e internacional.