PAN pide a la CPI investigar a AMLO por presunta aquiescencia con grupos criminales: Germán Martínez

El diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, defendió la comunicación presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en México y sostuvo que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador existió una relación de tolerancia y colaboración entre autoridades y organizaciones criminales que habría derivado en violencia sistemática contra la población.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el legislador explicó que el documento entregado ante la Fiscalía de la CPI reúne información que, a su juicio, acredita la posible comisión de delitos graves por parte de grupos criminales con la aceptación o aquiescencia de autoridades mexicanas.

Martínez precisó que el procedimiento iniciado ante el tribunal internacional corresponde técnicamente a una comunicación prevista en el Estatuto de Roma, tratado suscrito por México, y no a una denuncia en sentido estricto. “Nosotros acumulamos una serie de información sustantiva y verificable”, señaló.

El legislador destacó que uno de los principales soportes del documento es el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el cual activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ante la gravedad de la situación mexicana.

Desde su perspectiva, dicho informe es particularmente relevante porque plantea indicios sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. “Nosotros decimos que hay crímenes de lesa humanidad en México diario”, afirmó.

Explicó que bajo esa categoría se encuentran conductas como asesinato, desplazamiento forzado, privación ilegal de la libertad, tortura y desaparición forzada. “Esto lo hace crímenes de lesa humanidad en México, de manera continuada y sistemática”, sostuvo.

La teoría de la “aquiescencia transaccional”

Uno de los puntos centrales de la comunicación presentada por Acción Nacional es lo que Martínez denomina “aquiescencia transaccional”, concepto con el que busca describir una presunta relación entre organizaciones criminales y autoridades gubernamentales.

Según explicó, la hipótesis no se limita a atribuir responsabilidad a integrantes del crimen organizado, sino también a servidores públicos que habrían permitido o tolerado sus actividades. “Los organismos criminales con la complicidad, la tolerancia, la aceptación de los gobiernos”, dijo.

Afirmó que durante años se permitió que grupos criminales ampliaran su capacidad de operación territorial y de control sobre comunidades enteras.

“Sospechamos que se cedió el monopolio de la fuerza”, dijo, al tiempo que sostuvo que parte de los recursos institucionales destinados a la seguridad pública fueron utilizados en tareas distintas.

“Se distrajo a parte de nuestra fuerza pública, a nuestros militares, en obras, en actividades que no tienen que ver con la seguridad nacional ni la seguridad pública”, señaló. Resumió esta hipótesis como “un trueque criminógeno” entre autoridades y organizaciones delictivas.

Acusan relación entre violencia y procesos electorales

Al ser cuestionado sobre cuál habría sido el propósito de esa presunta relación entre autoridades y grupos criminales, Martínez sostuvo que la comunicación presentada ante la CPI plantea que existió un beneficio político. “Esta operación es para ganar elecciones a la mala y de manera criminal”, afirmó.

Según explicó, el documento argumenta que la relación habría comenzado antes de procesos electorales, se habría manifestado durante las campañas y posteriormente habría derivado en condiciones de impunidad para organizaciones criminales.

“Hay una complicidad antes de la elección que se actualiza en la elección y después de la elección se genera una impunidad para extorsionar, para matar, para torturar, para desaparecer o para dividir a las familias”, sostuvo.

Martínez mencionó específicamente los casos de Michoacán y Sinaloa, así como la investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre políticos sinaloenses, como el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Indicó que la comunicación retoma elementos contenidos en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en contra del morenista: “Rocha Moya se puso de acuerdo, no lo digo yo, lo dice la acusación de la fiscalía de Nueva York”.

No obstante, evitó asegurar que hubiera existido financiamiento ilícito de campañas y acotó sus señalamientos a actos de intimidación electoral y colaboración política. “Puede ser para recibir dinero, no lo afirmo”, puntualizó.

Martínez explicó que la comunicación incorpora diversos casos que considera representativos de la violencia vinculada al crimen organizado, “fundamentalmente Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas”. Mencionó la extorsión a productores agrícolas, el control criminal de carreteras y las dificultades de movilidad que enfrentan habitantes de distintas regiones del país.

Responde a Sheinbaum

El legislador panista respondió a las críticas formuladas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó de “hipócritas” a los promoventes de la comunicación presentada ante la CPI. Consideró que la mandataria desaprovechó la oportunidad de respaldar una revisión amplia de la situación mexicana.

“Que se juzgue y que atraiga la Corte todo el caso México, todo el dolor de México. Incluyendo a los gobiernos panistas”, apuntó, al tiempo que sostuvo que la actuación de la CPI debería abarcar cualquier responsabilidad que pudiera acreditarse, sin importar la filiación partidista de los involucrados.

Sin embargo, explicó que la comunicación promovida por el PAN se centra específicamente en el sexenio de López Obrador: “Nosotros ponemos el periodo de López Obrador por los abrazos y no balazos”.

Cuestionado sobre la condena contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Estados Unidos y los señalamientos históricos contra gobiernos panistas, Martínez sostuvo que cualquier investigación internacional debe revisar todas las etapas. “Que empiecen por Felipe Calderón. Que empiecen por donde quieran”, señaló.

Afirmó que la CPI tendría que determinar las responsabilidades individuales de cada actor involucrado y establecer criterios sobre el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Defendió las reformas constitucionales impulsadas durante el sexenio de Calderón en materia de derechos humanos, aunque reconoció errores y deficiencias en la estrategia de seguridad de ese periodo.

“Otra cosa es la guerra, yo sí le llamo guerra, y las ineficiencias y los equívocos, y otra cosa es la corrupción”, expresó.

Colapso del sistema judicial

Martínez justificó el recurso a instancias internacionales al considerar que “no hay en México un tribunal profesional imparcial, serio”. Asimismo, sostuvo que existe una incapacidad institucional para procesar casos relacionados con funcionarios de alto nivel y organizaciones criminales.

Respecto a las consecuencias que esperaría de una eventual investigación internacional, dijo que uno de los objetivos es que el expresidente López Obrador comparezca para responder a los señalamientos planteados. “Lo que nosotros pedimos es que se llame al expresidente López Obrador para que rinda cuentas”, afirmó. Añadió que también debería comparecer el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

No obstante, sostuvo que la finalidad de la comunicación no es política ni electoral. “Lo que al final buscamos no es un pastelazo en la cara a López Obrador”, dijo. “Lo que al final buscamos es un consuelo a las víctimas, es un camino de pacificación”, declaró.

Reserva sobre la CPI

En torno a la reserva constitucional que México estableció respecto de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Martínez reconoció que el artículo 21 constitucional prevé que el Ejecutivo federal, con aprobación del Senado, determine el reconocimiento de la jurisdicción de la CPI en cada caso.

Sin embargo, sostuvo que una eventual negativa del gobierno mexicano a respaldar el procedimiento sería una decisión con consecuencias políticas.

“Que digan de una vez si le van a dar fuero internacional a López Obrador”, expresó al referirse a la posibilidad de que las autoridades mexicanas no acompañen una eventual actuación del tribunal internacional.

Insistió en que el propósito de la comunicación es abrir una discusión pública e institucional sobre la violencia que enfrenta el país y las responsabilidades que pudieran derivarse de ella. “Que se discuta, y que se deslinden las responsabilidades del partido que sea, del nivel que sea, y del criminal que sea”, afirmó.

Reiteró además que su expectativa es que cualquier investigación contribuya a la pacificación del país y al esclarecimiento de los casos de violencia y desaparición que afectan a miles de familias mexicanas. “Yo sí quiero ver derrotados a los criminales”, concluyó.