Sin protesta no hay respuesta: Tabasco reubicará escuelas de Dos Bocas

Después de más de siete años de denuncias ignoradas y una reciente movilización pública encabezada por madres y padres de familia, el gobierno de Tabasco anunció que serán reubicados el Jardín de Niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro.

Los dos planteles colindan barda con barda con la refinería Olmeca de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, uno de los proyectos más importantes del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

La decisión se da tras la presión social ejercida por más de 200 familias que documentaron riesgos a la salud infantil y la violación de normas educativas.

El anuncio fue confirmado en la conferencia semanal del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aunque aseguró que la refinería se construyó con estándares de certificación.

El caso escaló a la agenda pública estatal y nacional a través de protestas, conferencias de prensa y denuncias acompañadas por organizaciones civiles.

Para las familias, el compromiso oficial representa un avance esperado, aunque advierten que la reubicación deberá concretarse con certeza, tiempos claros y condiciones adecuadas para no convertirse en una promesa más.

Los dos planteles se localizan en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, que antes era de uso habitacional y escolar, pero se transformó con la construcción de la refinería Olmeca porque llegaron obras de gran escala, bardas industriales, ductos, tránsito pesado y operación permanente de plantas.

Se modificó el entorno cotidiano de viviendas y escuelas que quedaron dentro de una zona de riesgo. 

De acuerdo con madres y padres, las niñas y niños toman clases mientras, del otro lado de la barda, operan tanques industriales, ductos y plantas asociadas al procesamiento de hidrocarburos, a lo que se suman ruidos constantes, vibraciones y olores intensos que forman parte de la vida cotidiana escolar.

“Estamos hablando de escuelas que no solo están cerca, sino pegadas a una instalación considerada de alto riesgo”, explicó en entrevista para Aristegui en Vivo, Pablo Montaño, director de la organización Conexiones Climáticas, que acompaña a las familias.

Esto no es una percepción, hay normas oficiales que establecen distancias mínimas entre centros educativos y zonas industriales peligrosas, y aquí esas normas no se cumplen.

Te puede interesar>Más de 200 familias exigen reubicar escuelas cercanas a refinería de Dos Bocas

El colectivo de madres y padres señaló que la normativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohíbe la operación de escuelas a menos de 500 metros de instalaciones que representen riesgos químicos o industriales.

En el caso de Dos Bocas, algunos componentes de la refinería, como los tanques de aguas amargas y las plantas de recuperación de azufre, se encuentran incluso a menos de 300 metros de los planteles.

En estos procesos industriales puede liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico que, en concentraciones elevadas, puede causar mareos, náuseas, desmayos e incluso la muerte.

“No es una exageración ni un miedo infundado, es una sustancia reconocida como peligrosa y por eso existen protocolos de seguridad que aquí no se aplicaron para las escuelas”, señaló Montaño.

Las familias aseguran que estas advertencias fueron comunicadas durante años a autoridades educativas y municipales sin obtener respuestas concretas.

La construcción y puesta en marcha de la refinería avanzó, mientras las escuelas permanecieron en el mismo sitio.

Años de solicitudes sin respuesta

La exigencia de reubicación no es nueva, las familias señalan que en el sexenio anterior comenzaron a solicitar formalmente el traslado de los planteles, mediante oficios, reuniones y gestiones que se acumularon sin resultados visibles.

El 19 de noviembre de 2024, ante la falta de soluciones, las familias entregaron un oficio al titular de la SEP, Mario Delgado, en el que pidieron la reubicación inmediata de las escuelas y la implementación de medidas urgentes de protección civil.

Hasta el momento de la movilización pública, aseguran, no habían recibido una respuesta oficial.

Siempre nos decían que lo iban a revisar, que después, que más adelante; mientras tanto, nuestros hijos seguían ahí.

Cindily Barjau Mendoza, madre de familia y vocera del colectivo del Jardín de Niños Agustín Melgar, refirió que ante el panorama decidieron hacer visible el conflicto y más de 200 familias participaron en protestas y conferencias de prensa en las que expusieron fotografías, mapas y testimonios sobre la cercanía de las escuelas con la refinería y los posibles efectos en la salud infantil.

No queríamos cerrar la escuela ni dejar de mandar a nuestros hijos, porque también tienen derecho a la educación, pero tampoco podíamos seguir calladas.

Sin embargo, Barjau Mendoza reconoció que la movilización fue su última opción después de años de tocar puertas.

Durante una de las conferencias, la vocera relató que la comunidad escolar vive con la incertidumbre constante de una fuga o un accidente.

Estamos a unos cuatro metros y medio de la valla de la refinería, si pasa algo, no hay tiempo de reacción para niños tan pequeños.

Mientras tanto, Pablo Montaño agregó que durante las visitas a los planteles pudo constatar las condiciones denunciadas.

“Yo estuve un par de horas en el preescolar y terminé con dolor de cabeza por los olores, si eso le pasa a un adulto, imagínese a niñas y niños que pasan ahí varias horas al día”, dijo.

Afectaciones a la salud infantil

Las familias también documentaron todo este tiempo evidencias de síntomas recurrentes en sus hijos, como dolores de cabeza, mareos, sangrados nasales y episodios de náuseas.

Aunque no existe un estudio epidemiológico oficial que vincule directamente estos padecimientos con la operación de la refinería, madres y padres consideran que la exposición constante a contaminantes y ruidos no puede normalizarse.

Ante ello, Cindily Barjau recalcó que, lo único que buscan es prevenir y que las autoridades atiendan su responsabilidad.

No estamos esperando a que ocurra una tragedia para que nos crean (…) lo único que pedimos es prevenir.

Ante el aumento de la presión social y la difusión mediática del caso, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, confirmó que los planteles serán reubicados.

El anuncio fue interpretado por las familias como un reconocimiento claro de que la demanda era legítima.

Para el colectivo de madres y padres, el hecho de que la reubicación se anuncie después de las protestas refuerza la importancia de la movilización, aseguró Pablo Montaño.

Si no nos hubiéramos organizado, esto seguiría igual.

El tema también llegó a la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “sí es posible” la reubicación de las escuelas, lo que abrió una ventana de diálogo entre autoridades federales, estatales y la comunidad afectada.

Sin embargo, tras la conferencia de prensa de las familias, surgió una nueva preocupación, el hecho de que autoridades educativas plantearon de manera informal la posibilidad de cerrar los planteles, en lugar de reubicarlos.

“Cerrar las escuelas no es una solución porque significaría dejar a más de 300 niñas y niños sin un espacio cercano para estudiar”, advirtió Montaño.

Ante ello, dijo, las familias permanecerán insistiendo en que el derecho a la educación y el derecho a un entorno seguro no deben contraponerse.

Las madres y padres ya habían presentado varias opciones de terrenos para la reubicación a pocas cuadras de los planteles actuales, lo que permitiría mantener a la comunidad escolar sin desarraigarla.

“Las soluciones existen, lo que falta es voluntad y claridad en los tiempos; no estamos pidiendo algo nuevo ni imposible, solo que se cumpla con la ley y con lo que ya se prometió ”, afirmó Cindily Barjau Mendoza.

Mientras se concreta el traslado, el colectivo exige que se implementen protocolos claros de protección civil, simulacros y monitoreos ambientales permanentes en los planteles.

Una victoria incompleta

Para las familias, el anuncio del gobernador no cierra el conflicto, pero sí marca un punto de inflexión, porque la reubicación, subrayan, deberá materializarse con presupuesto, fechas y garantías.

“Esto demuestra que cuando las comunidades se organizan, pueden cambiar decisiones que parecían inamovibles”, concluyó Barjau Mendoza.

Pero no vamos a bajar la guardia hasta que nuestras hijas e hijos estén realmente a salvo.

En Paraíso la lección fue clara: sin protesta, no hay respuesta.