opinión*
La maquinaria priista y el tiradero en las instituciones
Alegatos por Miguel Pulido

Por Miguel Pulido

La pequeñez política es algo mucho más que una fuente de frustración de la ciudadanía, es un corrosivo que afecta la credibilidad en las instituciones. En días pasados, el Congreso revivió un método que parecía erradicado –la maquinaria priista- y dio un conjunto de notas que deberían tenernos sumamente preocupados.

El primer golpazo vino de la mano de la simulación. No sé si lo sepa, pero el martes 5 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma -menor y bastante trucha- sobre la PGR. Propiamente sobre quién y cómo puede convertirse en el primer Fiscal del país. Y a pesar de su insignificancia, un grupo de legisladores lo andan promoviendo este cambio como si fuera la gran cosa.

Se trata de una reforma atípica por muchas razones y corta por otras tantas. En principio, porque urge transformar a la PGR en una Fiscalía General de la República que sirva. La PGR que hoy tenemos no hace ni lo esencial: investigar delitos y presentar acusaciones con probabilidad de triunfo.

Casi al mismo tiempo que la Cámara de Diputados confirmaba su desidia con la PGR, la procuraduría perdía una vez más, un caso de alto impacto. El Poder Judicial le tumbó otra acusación contra un ex gobernador, en este caso de Armando Reynoso Femat de Aguascalientes. El descalabro debe sumarse a una larga lista de fracasos que le han venido propinando, entre ellos los de Guillermo Padrés o Andrés Granier, y que deberían implicar que las alarmas de preocupación giraran con furia.

Total, en San Lázaro aprobaron cualquier maquillaje para el desastre. Por unanimidad, decidieron derogar un párrafo de un artículo transitorio de una reforma a la Constitución. Uno que decía que el Procurador General de la República se convertiría en automático en el Fiscal General de la República. Apenas eso. No más. ¿Qué se hizo con el diagnóstico, la propuesta, la evidencia de la necesidad de cambios mayores? Nada. O sí, algo: ignorarlos.

La segunda nota es hija de la soberbia. Mientras las y los diputados de este país aprobaban ese parchecito legislativo, en el Senado de la República la bancada del PRI y sus sumisos del PAN amenazaban con aprobar un adefesio legislativo todavía más crítico: la Ley de Seguridad Interior (LSI).

En una de las semanas más intensas de discusión técnica y política, sucedió algo histórico. Por primera vez órganos constitucionales autónomos (CNDH e INAI), organismos internacionales (ONU y OEA), universidades (UNAM, Ibero y CIDE), 250 organizaciones de la sociedad civil, algunos gobernadores, la Coparmex, la Asociación Nacional de Alcaldes y cualquier cantidad de expertos hicieron un llamado al Senado a no aprobar la supuesta regulación de las tareas de las fuerzas armadas, por inconstitucional y peligrosa. Frente a lo que parece consenso absoluto, el PRI y sus aliados del PAN se alzan en soberbia y amenazan con hacer lo que les de su regalada gana. Así sea darle otra maltratada a una de por sí mal herida Constitución.

La tercera nota se la debemos a la incongruencia. En el colmo de los disparates legislativos, el jueves por la tarde circuló información de que un grupo de Senadores del PAN se desistieron de la demanda de acción de inconstitucionalidad que habían presentado apenas unos días antes ante la Suprema Corte. No hay espacio aquí para explicar los detalles, pero la historia se reduce a esto: el Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones que especialistas y organizaciones señalaron como regresiva y que atentaba contra los derechos de las audiencias.

Es decir, básicamente lo poco ganado para sanear la relación perversa entre clase política y medios de comunicación, por ejemplo, la manipulación de contenidos presentando propaganda como noticias, se fue a la basura. A tal grado fue polémica esta iniciativa que al ser presentada se le bautizó como la Ley Televisa-Döring. La aplanadora priista y sus aliados (variados) se propusieron aprobarla y san se acabó.

La Constitución prevé que las minorías legislativas que pierdan votaciones pueden solicitar a la Corte que estudie la constitucionalidad de las normas. Y eso iba a suceder, hasta que, al parecer, el grupo de panistas no aguantó la presión y decidió rajarse en su función más elemental: ser contrapeso.

Así terminó una de las semanas más obscuras de la historia legislativa mexicana. Y aclaro, no me espanta su pequeñez política, sino el tiradero que están dejando en las instituciones.

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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