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Explosión de coche bomba en Michoacán debe ser investigada como acto de terrorismo: Buscaglia Naturaleza Aristegui

El doctor Edgardo Buscaglia, académico y analista político, aseguró en 'Aristegui en Vivo' que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, el pasado fin de semana, debe ser investigada como un presunto acto de terrorismo y llamó a reforzar la coordinación entre autoridades locales, federales e internacionales.

  • Redacción AN / MDS
08 Dec, 2025 09:43
Explosión de coche bomba en Michoacán debe ser investigada como acto de terrorismo: Buscaglia

El académico y analista político Edgardo Buscaglia consideró que la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, el pasado sábado 6 de diciembre, que dejó un saldo de seis muertos y al menos siete heridos, debe ser investigado como un presunto acto de terrorismo.

Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, destacó que así lo indican los tratados de Naciones Unidas, por lo que llamó a la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR) con su homóloga michoacana con las de otros estados y autoridades internacionales que tengan información sobre “cómo llegaron los insumos para producir esas bombas en México”.

Señaló que los explosivos empleados suelen ser plásticos y de uso militar, y que su trazabilidad requiere colaboración entre diferentes fiscalías y centros patrimoniales.

Advirtió que cuando no se clasifican adecuadamente estos hechos, como en el caso de Michoacán, se permiten nuevas agresiones. “Entonces, cuando no tipifican actos de terrorismo, se cometen más actos como el que vimos, presuntamente, que ocurrió en Michoacán. Se tiene que investigar, obviamente, para confirmar que es un acto de terrorismo y que hay una red criminal detrás. Todo haría pensar intuitivamente que sí lo es, pero es un presunto acto. Hay que tratar de investigar, impulsar la causa y ver hasta dónde llega. Entonces, cuando no se hacen esas cosas, las vidas humanas se pierden”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, “tiene que tomar el toro por las astas, tiene que comenzar a trabajar mucho mejor de lo que hizo ella cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México, mucho mejor establecer un mecanismo de coordinación con las fiscalías de los estados, que sea en tiempo real, sin estar esperando de que lleguen solicitudes de las fiscalías”.

Explicó que tipificar un acto de terrorismo permite que México, de manera soberana, declare a grupos como los cárteles de Sinaloa o Jalisco como organizaciones terroristas, activando la cooperación internacional y bloqueando financiamiento en múltiples países.

Advirtió que la ausencia de protocolos claros ha afectado la persecución de la delincuencia organizada: “No hay un manual o protocolo de coordinación interinstitucional en México que obligue al fiscal general a llamar a 18 instituciones del Estado mexicano para que cada una aporte un insumo ligado a un cartel, insumo de información, que después enriquece el mapeo de la red criminal, que no solamente se limita a México. Eso nunca se hizo”.

El analista recalcó que la definición de actos de terrorismo está claramente establecida por las leyes de la ONU y ratificada por el Senado mexicano, por lo que no depende del  criterio de Estados Unidos o su presidente Donald Trump, como lo ha hecho “de manera caprichosa” con Venezuela.

En ese contexto, destacó que “cuando un coche bomba estalla, o se está planificando un ataque con un coche bomba, antes de que suceda, cuando existe, en donde se usa un espacio público a la población civil como medio para obligar al Estado a hacer o no hacer algo, eso es un acto de terrorismo, definido no por el pinche Trump, sino por leyes que México ha adoptado”.

El costo de no tipificar actos de terrorismo

“El temor de los funcionarios mexicanos, Calderón, Peña Nieto, Zedillo, Fox, de tipificar actos de terrorismo, le ha costado miles de vidas a México”, agregó. Señaló que, “por miedo o por corrupción”, las autoridades mexicanas no han aplicado los instrumentos antiterrorismo vigentes, lo que ha permitido que Estados Unidos llene ese vacío.

Recordó que existen más de 14 actos considerados de terrorismo según la ONU -y ratificados por México-, que incluyen desde el uso de explosivos contra infraestructura estatal hasta el secuestro de aeronaves y embarcaciones, susceptibles de aplicación inmediata.

Buscaglia comparó la respuesta de México con la de Europa frente a actos violentos, señalando que países como Francia, Alemania e Italia han tipificado actos de terrorismo sin vacilar cuando la vida de sus ciudadanos estaba en riesgo. “Los países europeos constantemente tipifican actos de terrorismo ante actos similares. Para las expertas y expertos que te dicen que tiene que haber una motivación religiosa o política, eso es un disparate”, afirmó.

Motivaciones político-económicas de los cárteles

Asimismo, explicó que los carteles mexicanos actúan por motivaciones político-económicas: “Cuando hay un acto de terrorismo, sea por motivación religiosa, sea por motivación política, sea por motivación político-económica, porque en el caso de los carteles mexicanos, ellos necesitan colocar a sus actores en el Estado para protegerlos. Hay una motivación política y económica detrás. Quieren formatear al Estado a su imagen y semejanza”.

Subrayó que determinar la motivación detrás de estos actos requiere investigaciones sofisticadas, que permitan fundamentar legalmente la tipificación como terrorismo. “El fundamento legal ya está, no hay que inventar nada. México ya lo tiene como leyes propias, sino simplemente hay que claramente motivar cuál fue el factor que los hizo cometer ese delito y eso requiere de una gran coordinación entre Colima, Michoacán, el gobierno federal y si es una organización criminal transnacional la involucrada”.

El académico enfatizó la necesidad de que México haga uso de todos los instrumentos legales a su alcance para enfrentar este tipo de amenazas. “Entonces hay que combatirlo con todos los instrumentos legales, sin que en ningún país del mundo le imponga a México definiciones de qué es terrorismo y qué no”, afirmó. Subrayó además la importancia de aplicar de manera soberana las leyes nacionales, incluyendo las que sancionan el financiamiento del terrorismo, el uso de explosivos y el secuestro de aeronaves.

El papel de la fiscal Ernestina Godoy

Buscaglia señaló que es necesario otorgarle el beneficio de la duda a la fiscal Ernestina Godoy y evaluar su desempeño en los próximos meses, destacando además la disposición de expertos internacionales a apoyar la coordinación institucional.

Fotos: Archivo Cuartoscuro. Tratamiento: AN (MDS)

“Hay que darle el beneficio de la duda a la doctora Godoy, a Ernestina Godoy, a ver qué hace, y si en cuestión de meses nosotros vemos que sigue la farsa, que solamente promueve a la delincuencia organizada, porque la Fiscalía General de la República, a sabiendas o no, era una sucursal de la delincuencia organizada, de empresarios o de carteles operativos”.

Advirtió que la falta de acción podría derivar en una escalada de violencia en todo el país. “Esperemos de que eso se cumpla para evitar tragedias como las que sucedieron en Michoacán este fin de semana, porque si esto se permite, que continúe, esas bombas van a estallar en la Ciudad de México, van a estallar en Monterrey, van a estallar en centros turísticos”.

“La delincuencia organizada cuando se sale de control comienza a asesinar a los políticos del cartel adversario, comienza a asesinar a la población civil como un mecanismo de presión para que el Estado no los persiga, y comienza esa orgía de violencia que hemos visto en Colombia en los noventa, en Rusia a comienzos del milenio y en otros muchos países que han padecido situaciones similares, sin la enorme escala que tienen los carteles mexicanos, que son los más poderosos de Latinoamérica, seguro, y están entre los primeros cuatro del planeta”, dijo.

Lo que no hizo Gertz Manero

Buscaglia criticó la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, señalando que durante su administración no se implementaron protocolos de coordinación interinstitucional necesarios para enfrentar a la delincuencia organizada de manera efectiva. Destacó que ya existían manuales y experiencias internacionales que podrían haber sido utilizados, pero “ya estaba producido, y nunca lo aplicó y nunca lo solicitaron”.

Foto: Archivo Cuartoscuro

El académico recordó que estos mecanismos permitirían reunir información de distintas instituciones del Estado mexicano y enriquecer el mapeo de las redes criminales, incluyendo su alcance internacional. La ausencia de estas prácticas, subrayó, contribuyó a que muchos homicidios y feminicidios no se previnieran: “Lamentablemente, con muchas muertes que no deberían haber sido homicidios o feminicidios, que lamentablemente lo fueron”.

Señaló que hay experiencias de otros países federales como Brasil y Alemania que pueden servir de modelo, con el fin de fortalecer la persecución del crimen organizado y prevenir tragedias futuras.

El especialista explicó que, en un país con Estado de derecho, el fiscal actúa como un director jurídico que lidera la investigación y el impulso de la causa penal, mientras que un juez de control supervisa que se respeten los derechos y no se cometan irregularidades.

Destacó que nunca se implementó una mesa de coordinación permanente que incluyera a 18 instituciones -como autoridades tributarias, reguladoras, aduaneras, la Unidad de Inteligencia Financiera y bancos centrales-, todas aportando información sobre personas o empresas vinculadas a cárteles.

Además, subrayó la necesidad de canales de coordinación internacional, como el Grupo Egmont, para recibir datos sobre redes criminales en el extranjero. Según Buscaglia, esta falta de organización, que atribuyó a la gestión de Gertz Manero, dejó a México “premiando a la delincuencia organizada” y limitó la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y el tráfico de armas sofisticadas y drogas.

Finalmente, Buscaglia subrayó que México tiene la oportunidad de revertir décadas de impunidad y descoordinación en la lucha contra la delincuencia organizada. Señaló que, con la aplicación efectiva de las leyes nacionales e internacionales, la coordinación interinstitucional y el liderazgo de la fiscal Ernestina Godoy y de la presidenta Claudia Sheinbaum, sería posible desarticular las redes criminales, prevenir actos de terrorismo y proteger a la población civil, dejando atrás un patrón histórico de violencia y complicidad institucional.

“Ojalá que sea la doctora Godoy y la doctora Sheinbaum, dos mujeres que representen la vanguardia histórica en la lucha contra la delincuencia organizada. Así dejamos de tener que lamentar a cientos de miles de desaparecidas y muertos en ese gran país”, concluyó.

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