La fábrica de pruebas en la policía de Nicaragua | Video
La institución actúa como una fuerza política al servicio de los intereses de la familia presidencial, en contravía de su mandato constitucional de proteger sin distinción a todos los ciudadanos.

Por Julio César López para Onda Local, en alianza con CONNECTAS

La escena atrajo a decenas de curiosos. El cadáver del estadounidense Sixto Henry Vera, de 48 años, yacía ensangrentado y desnudo en el pavimento desde las primeras horas de la mañana de aquel dos de junio de 2018. A su espalda, en los alrededores del barrio Rubenia en Managua, su vehículo y otro supuestamente utilizado por sus asesinos ardían hasta convertirse en cenizas. El Instituto de Medicina Legal determinó horas después que la muerte fue violenta y homicida desde el punto de vista legal.

Vera era hijo de ecuatorianos, nacido en New York, con un restaurante en Nicaragua. Dedicarse a ese negocio podía significarle salidas nocturnas en su rutina laboral. Pero la de la madrugada antes de su asesinato fue de otra naturaleza. Celebró su cumpleaños escuchando mariachis hasta que una llamada telefónica, avisándole que un amigo estaba en problemas, lo obligó a salir en su búsqueda sin saber que sería su último viaje, según las versiones de la prensa local.

El cuerpo del estadounidense Sixto Vera quedó tirado en los alrededores del reparto Rubenia en Managua. Crédito: La Prensa/Jader Flores

De manera sorprendente, cuarenta y ocho horas después de que la embajada de Estados Unidos lamentara los hechos, la Policía de Nicaragua señaló a los supuestos responsables del crimen: Ezequiel Gamaliel Leiva García y Néstor Enmanuel Molina Tiffer. Eran dos desconocidos, cuyos nombres se sumaban al cúmulo de sucesos violentos ocurridos en el contexto de las protestas. Hasta entonces habían muerto 108 personas según los datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reportados por la prensa internacional. Meses más tarde aumentaría a 328 muertos y más de dos mil heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló el uso excesivo de la fuerza a manos del Estado contra los manifestantes.

Sin embargo, la trama policial que dio por esclarecido el asesinato de Vera se enredó. Los señalamientos contundentes, proferidos por el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe de Managua, se tambalearon a la luz de los hechos. Leiva García se encontraba en coma en el hospital Salud Integral desde el 31 de mayo por una herida de bala que le ocasionaron tres días antes cuando participaba en las manifestaciones. Según la explicación de su padre, Ezequiel Leiva, quien salió en defensa del honor de este mostrando una constancia del centro médico, era imposible que el joven hubiese atacado al estadounidense. Los tiempos no cuadraban.

El 17 de septiembre Leiva García murió, y el titular de las noticias reportó el fallecimiento de uno de los acusados por el caso. La muerte sería también el destino de Molina Tiffer, el otro señalado por las autoridades y quien sería encontrado sin vida por agentes, en un ataúd, un mes después de la versión policial al requisar un camión. Según la Policía, este fue víctima de un enfrentamiento entre los miembros de una barricada levantada en la zona central del país. El vocero policial, comisionado César Cuadra, dijo que el fallecido fue víctima de “grupos delincuenciales” que se dispararon mientras estaban ebrios.

Documentos contradicen la versión policial. La constancia del hospital demuestra que Ezequiel Leiva García se encontraba hospitalizado cuando ocurrió el crimen contra el estadounidense. Aunque la Policía lo señala como delincuente (abajo), se puede ver que no tenía antecedentes según una constancia de la misma institución emitida en 2017 (derecha).

El caso del estadounidense, que tuvo amplia resonancia a nivel nacional, dejó la sensación de que había sido un montaje, lo que se suma a los cuestionamientos realizados por organismos de derechos humanos a la Policía de Nicaragua, entre los cuales se encuentran asesinatos a ciudadanos, detenciones arbitrarias de líderes estudiantiles, campesinos y opositores en general al gobierno de Daniel Ortega.

En septiembre pasado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, recordó en un informe que se documentaron violaciones a DDHH cometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018, “tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención”.

Una investigación de Onda Local en alianza con Connectas recopiló siete testimonios de víctimas que fueron inculpados públicamente por la Policía, pero además levantó una base de datos con las notas de prensa oficiales en las cuales la institución los señaló por la comisión de delitos, lo que sirvió de base para que posteriormente fueran acusados por la Fiscalía y sentenciados por jueces simpatizantes del partido de gobierno.

 

Para la socióloga Elvira Cuadra, investigadora nicaragüense en temas de seguridad, la actuación de la Policía Nacional no corresponde con los parámetros de un cuerpo profesional, sino “a un aparato armado que responde a intereses específicos del grupo Ortega-Murillo”, refiriéndose al gobernante y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La especialista ha criticado la involución institucional de la Policía desde el ascenso de Ortega al poder al recordar que, aunque fue fundada en los años de la revolución sandinista, después de 1990 inició un proceso de fortalecimiento institucional pasando de ser “sandinista” a “nacional”. Luego todo cambió y se politizó.

“La Policía venía en un proceso de deterioro institucional en relación a su actuación, observancia y protección de los derechos humanos desde antes de abril de 2018 (el inicio de las protestas). Lo que sucedió después de esa fecha fue que se agudizó profundamente. El papel de la institución se ha distorsionado”, afirmó Cuadra.

La institución policial es presidida por el propio Ortega, dado que el Presidente es el jefe supremo de la institución según la Constitución nicaragüense. La dirección está en manos del primer comisionado Francisco Díaz Madriz desde agosto de 2018, cuando el mandatario lo ascendió obviando las críticas de que se trataba de su consuegro y que fue sancionado por la comunidad internacional tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El subdirector general es el comisionado general Ramón Avellán, quien es cuestionado por la comisión de crímenes a manos de agentes policiales en el departamento de Masaya, al oriente del país centroamericano, donde dirigió personalmente la represión y se identificó públicamente con el gobierno.

El abogado Julio Montenegro, integrante de la Organización Defensores del Pueblo, un equipo legal que brinda acompañamiento a los reos políticos en Nicaragua, manifestó que la actuación de las autoridades policiales “ha sido prácticamente contrario a un debido proceso”, ya que las detenciones han ocurrido de forma ilegal sin orden de captura, allanamiento y fuera de los tiempos establecidos en el Código Penal como ocurrió con Bryan Murillo, de 24 años.

Agentes policiales asesinaron a Murillo a las 5:20 de la mañana el 17 de julio de 2019 en León, al occidente de Nicaragua. La Policía alegó que un oficial disparó en defensa propia cuando el joven y otros dos los atacaron con machetes, lesionando al teniente Álvaro José Pichardo Salazar. Las autoridades calificaron a las víctimas de ‘delincuentes’ y ‘prófugos de alta peligrosidad’, pero sus familiares presentaron “certificados de conducta” de la institución, evidenciando que no tenían antecedentes criminales hasta un año antes del suceso.

Karen López, familiar de la víctima, sostuvo a la radio local Darío tras el crimen que ella vio cuando dos oficiales salieron de la casa. “Uno hizo una llamada y dijo ‘manden refuerzos que la encabé (cometí un error)’”. La historia provocó inconformidad entre los ciudadanos que acompañaron el féretro hasta su última morada, protestando contra lo que consideraron un abuso de poder.

A Gennsy Efrén Mairena, originario de Matagalpa, lo capturaron fuerzas paraestatales, pero fue presentado públicamente por la Policía el 17 de octubre de 2018, acusado de los delitos de secuestro, tortura, lesiones, amenazas de muerte y portación ilegal de armas de fuego. Lo excarcelaron el 27 de febrero pasado y asegura que no usa armas. Para él, todas las acusaciones en su contra son falsas. Dice que su delito fue “protestar”.

“Me dijeron que tenían una orden de captura, pero nunca me la mostraron. Me acusaron por una docena de delitos. Es ilógico que por salir a protestar sea acusado por delitos que nunca cometí. Lo que dice el comandante (Ortega), lo que él ordena, ellos lo hacen”, añadió Mairena refiriéndose a las autoridades judiciales.

 

Policía juzgó a opositores ante medios

Según la base de datos construida para esta investigación periodística de Onda Local, basada en las notas de prensa oficiales, al menos 251 personas de mil 900 detenidos entre mayo de 2018 y julio de 2019 fueron apresados por su participación directa en las protestas. Fueron remitidos a 10 de 15 departamentos del país centroamericano: Masaya, Managua, Carazo, Rivas, León, Chinandega, Chontales, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia. También detuvieron en la Región Autónoma del Caribe Norte que tiene una categoría diferente a la departamental según la división administrativa del país.

A estos detenidos las autoridades los exhibieron públicamente como “terroristas”, “delincuentes golpistas” y “cabecillas de tranques (barricadas)”; descalificativos que luego los acusadores (Fiscalía) usaron en los procesos judiciales contra estos opositores.

Al menos 54 de los 251 manifestantes procesados lo fueron también por otros delitos comunes, como robo con intimidación (18), robos (13), abastecimiento de droga (4), tenencia ilegal de armas de fuego (4), transporte ilegal de explosivos (1), asesinato (11), alteración al orden público (1) y saqueo e incendio (2). El dato que resulta más destacable; sin embargo, es que, mientras las acusaciones oficiales a los opositores fueron de manera masiva por terrorismo, el mismo anuario de la Policía reconoció que reportaron 56 denuncias por ese delito y una por financiamiento al mismo en 2018, el año de la crisis. Según este mismo anuario, resolvieron 32. Si se revisan las estadísticas de 2017, en esa ocasión ni siquiera se reportó un caso de terrorismo.

Parte del marco legal para las operaciones policiales la aprobó el partido gobernante tres meses después de iniciadas las protestas del año pasado, es decir en julio de 2018. Se trata de una ley contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Para las autoridades, los opositores fueron acusados bajo la definición del Código Penal. Sin embargo, Amnistía Internacional consideró que la legislación pudo utilizarse “como herramienta para un uso indebido del derecho penal”. La aprobación de la nueva ley coincide con el mes cuando los capturados fueron señalados como terroristas por el Estado.

“La calificación del término ‘terrorista’ por órganos del Estado, contra personas que no cuentan con una sentencia condenatoria firme, significa una afrenta a la honra, dignidad y reputación de la persona de acuerdo al artículo 11 de la Convención Americana”, expresó el organismo en el informe “Sembrando el terror, de la letalidad a la persecución en Nicaragua”, publicado en 2018.

Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, radicado en Costa Rica por amenazas del Estado, cree que “al ponerle la etiqueta de delincuente a una persona se convirtió en una sentencia de muerte. Estigmatizaron a las personas masivamente como si ser delincuente, equivale a la pérdida de derechos”.

Carrión fue víctima de una campaña de persecución estatal. El oficialismo señaló al jurista de encubrir a los asesinos de una familia que fue calcinada en junio de 2018. Según los testigos del caso, algunos de ellos sobrevivientes con los cuales él conversó, los autores del crimen eran parapolicías que actuaron protegidos por los agentes.

El asesinato de una familia, que fue calcinada en el barrio Carlos Marx, fue calificado como un crimen de lesa humanidad por la secretaría general de la OEA. En la imagen, bomberos se acercan a los cadáveres de las víctimas. Crédito: La Prensa (Nicaragua).

A pesar de esos cuestionamientos a la institución, el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, acusó de encubrimiento a Carrión, quien fungió como director jurídico del CENIDH hasta su salida del país centroamericano. El jefe policial declaró primero contra la jefa de éste. “Vilma Núñez (presidenta del organismo), mantuvo oculto a los sobrevivientes (en el caso del crimen de la familia calcinada) en contra de su voluntad, instigándolos a acusar al Gobierno y a la Policía Nacional, prometiéndoles tramitar visa estadounidense y costarricense, ofreciéndoles pagar sus costos de estadía en cualquiera de estos dos países”, afirmó Pérez Olivas.

Según Carrión, la campaña de estigmatización contra los opositores se sostiene en la impunidad con la que el partido de gobierno protege a cualquier simpatizante sandinista.

Las declaraciones de Pérez Olivas concordaron; sin embargo, con el discurso institucional que respaldó al gobierno en su visión de que fueron víctimas de un golpe de Estado, tal como dijo el primer comisionado Francisco Díaz cuando asumió el mando nacional el 10 de septiembre de 2018.

Díaz lamentó entonces la muerte de 22 oficiales durante las protestas del año pasado, la destrucción de propiedades del Estado, mientras sostuvo que jamás atacaron a nadie, porque hicieron “uso legítimo de la fuerza” para garantizar la vida, integridad física y bienes de las personas, familias y comunidades.

“A partir del 19 de abril (de 2018), grupos terroristas intentaron un golpe de Estado, destruyendo la paz que durante más de 11 años habíamos disfrutado, cometiendo crímenes horrendos, abominables”, acusó Díaz quien reconoció 198 fallecidos en el contexto de las protestas, mientras dijo que 900 policías resultaron lesionados.

La opinión del jefe policial contrasta con los testimonios dados por víctimas de la represión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que señalaron a la Policía, grupos de choque (pandillas) y parapolicías como los autores de los ataques a la población.


La Comisión Permanente de Derechos Humanos, que lleva un registro de las denuncias contra estas estructuras represivas, aseguró que hubo resistencia interna a las órdenes de la jefatura. Al menos veinte policías se negaron a atacar a la población, renunciaron y se acercaron a denunciarlo al organismo. “A los que la institución (Policía) logró atrapar, los injurió mediáticamente”, afirmó Pablo Cuevas, asesor legal del organismo.

Cuevas relata que en junio de 2019 conoció el caso del teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa, un oficial antinarcóticos de la ciudad de León, quien fue capturado al intentar desertar. Pensaba huir por Honduras, pero lo detuvieron antes. Lo acusaron por tráfico de drogas, y fue condenado el pasado jueves, 31 de octubre. El testimonio es revelador, porque permite entender cómo funcionarios del Estado, incluidos policías, realizaban labores de vigilancia política a la población.

“Desde su unidad en León los organizan en unidades de 10 y de 20 personas que realizan patrullajes; que estas unidades operativas están integradas por trabajadores del Estado (Poder judicial; Enacal-aguadora, etc). y que son dirigidos por un oficial de inteligencia y antinarcóticos. Existe un rol por entidad: la misión es desplazarse por toda la ciudad y reportar a un mando cualquier sospecha de reunión no autorizada o formación de grupos sospechosos de alguna vinculación o actividad política adversa al gobierno”, explicó Cuevas en su informe elaborado el 21 de octubre pasado.

El asesor legal de la CPDH ha denunciado en otras ocasiones la falta de independencia del sistema de justicia. En los expedientes judiciales de los opositores en general, se puede leer que los delitos por los cuales los acusan son “crimen organizado, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asesinato, robo, lesiones, violaciones, incendio, secuestro” y una figura local denominada ‘entorpecimiento de servicios públicos’ por el levantamiento de barricadas en los barrios en protesta contra el gobierno.

De acuerdo con la investigación realizada por Onda Local en alianza con Connectas, a partir de enero de 2019, la Policía empezó a acusar por delitos comunes, aunque fuesen casos políticos. Una de esas historias es la del preso político de Masaya, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, declarado el 29 de julio de 2019 culpable por el delito de tráfico de drogas. Para el jurista Julio Montenegro, su abogado defensor, le fabricaron el delito. “Ese vicio se venía arrastrado, se cultivaba la prueba (se incrimina) para finalmente detenerlos (a los opositores), ahora estamos hablando que la fabricación de pruebas es mucho más drástica”, precisó.

La madre del preso político Edward Lacayo, Estela Rodríguez, con una pancarta pidiendo la libertad de su hijo meses atrás. Crédito: Manuel Esquivel.

Montenegro explica que en estos procesos la mayoría de testigos suelen ser policías. Lacayo es también propietario de un pequeño negocio de muebles que heredó de sus padres, no tiene capitales y sus deudas alcanzan los 8.900 dólares. Existen videos y fotos en las protestas, pero toda esa prueba “me la eliminaron porque no estaba acorde con la teoría acusatoria” y se basaron en que las autoridades mostraron seis tacos de droga que el procesado “no llevaba” al momento de acusarlo, según él.

Estos juicios denunciados como irregulares, se explican por el control que ejerce el partido de gobierno en el sistema de justicia, el que ha sido reconocido por miembros del círculo cercano a Ortega. Cuando el ex magistrado Rafael Solís, padrino de bodas de la pareja presidencial, renunció en enero de este año se exilió en Costa Rica después de denunciar un “estado de terror” y una serie de juicios políticos que deben ser anulados. Según su criterio, las decisiones fueron tomadas en El Carmen, una alusión local que refiere a la residencia de Ortega por el nombre del reparto donde está ubicada.

Así se encarcelaron a 777 presos políticos, según el Comité Pro Liberación de Presos políticos, formado por los familiares de las víctimas, un número que triplica a la cantidad de capturas reportadas por la Policía según la investigación realizada por Onda Local.

La influencia del ejecutivo nicaragüense en la justicia quedó en evidencia cuando el gobierno usó dos fórmulas legales para proceder a la liberación de 492 reos políticos después que fue presionado por la comunidad internacional que advirtió la posibilidad de sanciones si no los dejaban libres. Así las cosas, 386 salieron bajo el régimen de convivencia familiar (casa por cárcel) y 106 a través de una ley de amnistía aprobada por el partido gobernante.

Sin embargo, hay un debate público sobre la cantidad de reos que aún permanecen encarcelados que sería 285 si se toma como cierta la estadística inicial del Comité. En octubre pasado, el diario digital Confidencial contabilizó 139, incluidos nueve que fueron recapturados desde las excarcelaciones iniciadas en febrero pasado. Se desconoce con exactitud cuántos podrían estar desaparecidos o fueron excarcelados pero no se informó públicamente.

La situación de Nicaragua sigue manteniendo en alerta a los organismos de derechos humanos. En un comunicado divulgado el tres de noviembre de 2019, Erika Guevara Rosas, directora para América Latina de Amnistía Internacional, afirmó que la comunidad internacional debe tener claro que la crisis persiste y las autoridades no han mostrado ninguna voluntad de garantizar derechos. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo en su cuenta de Twitter que en “Nicaragua cada día hay más represión y es selectiva”.

El ejecutivo no ha investigado ninguna denuncia, mientras los diarios locales reportan que la represión policial continúa con el asedio a casas de excarcelados y a opositores en iglesias. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Organización de Estados Americanos para desentrañar lo ocurrido entre el 18 de abril y 30 de mayo de 2018, denunció en diciembre de ese año la comisión de crímenes de lesa humanidad e instaron a una depuración de la Policía de Nicaragua. La investigación debería incluir un análisis sobre el papel del Presidente y la cúpula policial en la represión para considerarse seria, según los expertos de la OEA, que destacaron la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia por su parcialidad al poder político.

Diomedes Reyes, de 22 años y originario de la localidad de Quilalí, al norte en Nueva Segovia, era muy activo en las manifestaciones opositoras y su madre, Mélida Hernández Centeno, dijo a la prensa local que él no es un delincuente. Parapolicías y oficiales lo capturaron el 27 de mayo de 2019. Lo señalaron por portación ilegal de armas de fuego. Días antes se encontraba exiliado en Costa Rica cuando el gobernante anunció su “plan de retorno seguro y asistido” dirigido a quienes “huyeron” del país. Él decidió volver.

La acusación oficial señala que lo atraparon en un retén policial cuando viajaba en una motocicleta. Portaba supuestamente, de manera ilegal, una Colt calibre 45. Le fue decomisada y lo condenaron en el juzgado único de su localidad. La prensa local narra que su tío José Reyes Moreno contradijo la versión policial sobre la detención del joven. Al procesado lo sacaron a “golpes y patadas” de su hogar, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron con rumbo desconocido. No era cierto lo del retén.

Este trabajo fue realizado por Onda Local en alianza con CONNECTAS, en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

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