Diez municipios buscan cambiar votos para frenar revocación de mandato en Morelos
Alcaldes habrían recibido amenazas de retirarles obras y advertencias de procedimientos legales. Diputados de Morena y sus aliados buscan que el Congreso revise las nuevas actas de cabildo.
- Redacción AN / MDS
Por Estrella Pedroza
Diez municipios de Morelos que aprobaron la reforma de revocación de mandato ahora buscan cambiar sus votos. Diputados de Morena y sus aliados pretenden que el pleno del Congreso revise esas nuevas decisiones, cuya validez jurídica está en disputa.
La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual la población puede decidir en las urnas si Margarita González Saravia continúa en el cargo. En Morelos, el proceso podría permitir que la ciudadanía vote en 2027 sobre su permanencia como gobernadora. Para llegar a esa etapa, la reforma constitucional debe completar el procedimiento de aprobación por los ayuntamientos y obtener la declaratoria correspondiente del Congreso.
De los 36 municipios, 24 aprobaron inicialmente la reforma, ocho votaron en contra y cuatro no emitieron su voto. El 8 de octubre, con el respaldo de Tlaquiltenango, se alcanzaron las dos terceras partes requeridas por el artículo 147 de la Constitución estatal para la declaratoria de validez.
Entre el 9 y el 15 de octubre, el Congreso recibió 18 nuevas actas de cabildo. Diez correspondían a municipios que habían aprobado la reforma y ahora buscan modificar su decisión: Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla.
El Congreso, sin declaratoria
Durante una sesión ordinaria, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PT pidieron reconocer los 24 votos favorables emitidos originalmente por los ayuntamientos y avanzar con la declaratoria constitucional. Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde respaldaron revisar las nuevas actas de cabildo.
La diputada priista Gonzala Eleonor Martínez Gómez solicitó incorporar al orden del día la declaratoria de validez. Argumentó que el 8 de octubre, con el voto de Tlaquiltenango, se había alcanzado la aprobación de las dos terceras partes de los municipios y que los ayuntamientos ya habían cumplido con su responsabilidad dentro del proceso legislativo.
El presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, remitió el asunto a la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos, sin someter a votación la propuesta. Sostuvo que era necesario determinar si los acuerdos posteriores de los cabildos modificaban el cómputo constitucional.
Martínez Gómez advirtió que impedir el avance de la declaratoria podría vulnerar los derechos político-electorales de la ciudadanía y obstaculizar sus facultades como legisladora.
El coordinador del PAN, Daniel Martínez Terrazas, sostuvo que la Constitución no contempla una segunda votación municipal ni la posibilidad de retirar libremente un voto una vez notificado al Congreso. Afirmó que los ayuntamientos participan en un proceso constituyente permanente y no en un trámite administrativo ordinario.
“La revocación de mandato no significa destituir automáticamente a un gobernante. Significa reconocer que el poder no es propiedad de quien lo ejerce y que la confianza ciudadana debe poder evaluarse durante el ejercicio del cargo”, expresó.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, pidió una resolución fundada y transparente.
“No pedimos saltarnos procedimientos ni vulnerar la autonomía municipal. Pedimos que este Congreso cumpla con su deber, revise los votos emitidos originalmente y dictamine sin miedo y sin presiones”, dijo.
La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que no dar paso a la revocación sería traicionar los principios de la izquierda.
En contraste, la diputada de Morena Jazmín Solano aseguró que su partido no está en contra de la revocación, pero cuestionó la legalidad del procedimiento. Recordó que la reforma fue aprobada por la 55 Legislatura el 30 de noviembre de 2022 y que, tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos del 24 de junio de 2026, los municipios tuvieron que emitir nuevamente sus votos.
El coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, negó que existieran instrucciones para impedir la declaratoria.
“Ni hay argucias ni tampoco hay instrucciones”, afirmó. Sostuvo que el Congreso debe revisar el periodo y la legislatura en que se aprobó la reforma, así como el procedimiento seguido para enviarla a los municipios.
En entrevista con esta periodista, Reyes Reyes condicionó el avance del proceso a que una autoridad judicial determine si los actuales cabildos pueden modificar los votos emitidos por administraciones anteriores. Negó que exista una intención de proteger políticamente a la gobernadora y aseguró: “Nosotros estamos listos para reiniciar el procedimiento”.
Sobre la discusión legislativa, añadió: “Estamos cuidando el proceso legislativo, nada más”.
El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal establece que los ayuntamientos no pueden revocar sus acuerdos, salvo cuando contravengan la ley, lo exija el interés público o desaparezcan las causas que los motivaron. El presidente estatal del PRI, Elíasib Polanco Saldívar, sostuvo que ninguno de esos supuestos se actualiza en este caso.
Denuncian presiones a alcaldes
Funcionarios de distintos ayuntamientos, quienes pidieron mantener sus nombres bajo reserva por temor a represalias, aseguraron a esta periodista que el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, habría participado en las gestiones para que los cabildos cambiaran los acuerdos que habían aprobado.
Según los testimonios, desde la Secretaría de Gobierno se hicieron llegar documentos a los municipios con indicaciones sobre la manera en que debían justificar ante sus cabildos el cambio de postura y los argumentos que tendrían que exponer ante el Congreso.
Los funcionarios también refirieron llamadas directas del secretario a presidentes municipales. En ellas, afirmaron, se les habría advertido sobre el riesgo de perder obras públicas ya comprometidas, mientras que a otros se les ofrecieron proyectos y gestiones a cambio de modificar el sentido de sus votos.
Foto: Archivo Cuartoscuro. Tratamiento: AN (MDS)
Las presiones, añadieron, también habrían incluido amenazas de auditorías por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de iniciar procedimientos ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción.
Por su parte, Polanco Saldívar acusó que los ediles fueron objeto de amenazas para que dieran marcha atrás y expuso una mecánica coincidente con la denunciada por los funcionarios municipales.
“Para que esos 10 municipios se retracten, los amenazan con retirarles obra pública, actuar contra los alcaldes y les prometen obras que no les van a dar”, declaró.
Marcela Hernández Salgado, presidenta estatal de SOMOS Morelos, también condenó las presuntas presiones, a las que calificó como un abuso de poder. Además, cuestionó que Morena no respete un mecanismo que impulsa desde sus propias filas.
“Ellos son quienes proponen la revocación de mandato para las personas que están en el Ejecutivo y lo que tienen que hacer es respetarla”, sostuvo.
Ante estos señalamientos, esta periodista solicitó al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, una respuesta sobre su presunta intervención en las decisiones de los ayuntamientos. El funcionario contestó por escrito y negó que la dependencia haya ejercido presión sobre las autoridades municipales.
“Rechazamos cualquier señalamiento en el que se establezca la intervención de este Poder para presionar a las y los presidentes municipales en la toma de decisiones”, respondió. También afirmó que el gobierno estatal respeta la autonomía de los municipios y la separación de poderes.
Al cierre de la sesión legislativa no se había emitido la declaratoria constitucional. La resolución del asunto quedó pendiente y fue turnada a la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Legislativos.
