Nos acusaban incluso de fraudes cometidos cuando estábamos en prisión, afirma la familia Roa Quintero | Videos | 2a. parte
En Guanajuato los consideraban “una red de defraudadores” en compra de vehículos, y 33 imputaciones los llevaron de penal en penal durante casi 7 años.

[SEGUNDA PARTE]
“Nos acusaban de cometer fraudes incluso estando presos”, dice la familia Roa Quintero

Las autoridades de Guanajuato señalaron a la familia Roa Quintero como “una red de defraudadores” en compra de automóviles a particulares, y a partir de ello un alud de 33 imputaciones en su contra los ha llevado de penal en penal durante casi siete años. Señalan mala actuación de la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa y piden que cese el acoso en su contra

Ana Lilia Pérez

Encarcelados en el Cereso de León desde el 9 de abril de 2013 acusados de fraude, Ma. Guadalupe Quintero y sus hijos Enrique y Erandi Roa Quintero fueron notificados de una nueva imputación en su contra: otro fraude que habría ocurrido en San Miguel de Allende.

Dicho ilícito había sido denunciado por José Luis Cruz, en contra de Alondra Silva Mauricio. Las autoridades de Guanajuato imputaron a Ma. Guadalupe Quintero usar ese nombre para defraudar a Cruz, en complicidad de sus hijos, sólo que cuando esto ocurrió, el 7 de junio de 2013, ellos seguían presos en León.

Los detalles de este caso muestran la mecánica que utilizan los defraudadores usurpando la identidad de otras personas:

En San Miguel de Allende, José Luis Cruz puso a la venta una camioneta Ford Ecosport colocándole un signo de pesos. La tarde del viernes 7 de junio recibió una llamada telefónica de una mujer que se identificó como Alondra Silva Mauricio. Le dijo que estaba interesada en comprar su vehículo y acordaron verse en un centro comercial a la salida a Celaya.

José Luis llegó primero y posteriormente apareció una camioneta blanca, de la que descendieron la mujer de entre 53 o 55 años de edad y dos jóvenes –un hombre y una mujer– a quienes presentó como sus hijos.

Acordaron el precio y que le depositarían 90 mil pesos mediante un cheque, así que fueron a su casa por los documentos y luego al banco. José Luis tenía cuenta en Bancomer y ellos sacaron un cheque de Banorte. Los jóvenes se formaron en la fila mientras “Alondra” y José Luis se quedaron afuera.

“Me dijo que era jubilada, que sus hijos eran muy buenos, que eran empresarios, que eran una familia honorable, dándome confianza”, narraría José Luis en su denuncia ante el MP.

Entrega del vehículo a cambio de un cheque falso

El cheque de Banorte que se usó para depositarle el pago era de una chequera a nombre de Esmeralda Judith Banda Martínez. La misma chequera se usaría para defraudar a otras personas en Querétaro y Colima. Después de que depositaron el cheque, escribieron una carta responsiva comprada en una papelería.

“Alondra” proporcionó a José Luis dos números telefónicos y copia de un IFE en el que aparecía su fotografía con el nombre Alondra Silva Mauricio, con domicilio en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Él le entregó el vehículo, la factura original, tarjeta de circulación y placas.

Dos horas después de que los compradores se fueron, José Luis regresó al banco a revisar su depósito, le dijeron que aún no estaba, que volviera al día siguiente. Ese sábado le informaron que el cheque había sido rechazado, pero que volviera el lunes 10 de junio, día en que le reconfirmaron.

José Luis acudió ante la Agencia 1 del MP en San Miguel de Allende a presentar su denuncia. El agente Marco Antonio Lozano le tomó su declaración en la que describió la media filiación de los defraudadores. Al día siguiente José Luis volvería con su madre en calidad de testigo para ratificar la descripción.

Con base en tales declaraciones, ese 11 de junio, el agente Lozano emitió la “orden de investigación a la policía ministerial”. En esta escribió la media filiación con algunos datos distintos a los narrados por los denunciantes, lo que muestra un proceder desaseado en la integración de las averiguaciones previas que no fueron una excepción en este caso.

 

La verdadera Alondra también había sido víctima de fraude

Luego José Luis y su mamá se trasladaron a Querétaro a buscar a “Alondra” en el domicilio que les había proporcionado. Se encontraron con que era un consultorio dental. La propietaria, en efecto se llamaba Alondra Silva Mauricio, sólo que al tenerla frente a sí descubrieron que no era la misma mujer a la que José Luis le entregó el vehículo. La odontóloga Alondra tenía entonces 32 años de edad, es decir, mucho más joven que la falsa Alondra que aparentaba entre 53 o 55 años y quien aparecía en la fotografía de la copia del IFE que le entregó a José Luis.

Asombrada, la odontóloga les dijo que en noviembre de 2012 ella también había sido víctima de fraude. Describió a las personas que la habían defraudado: una mujer que se identificó como Ana Patricia Zavala Nieto, originaria de Irapuato, quien le ofreció 75,500 por su auto, y en su cuenta de HSBC, le depositó un cheque de Banorte, de una chequera a nombre de Esmeralda Judith Banda Martínez (la misma que usaron para pagarle a José Luis).

Es decir, además de coincidir en las características físicas de la persona que los había defraudado, a ambos, con siete meses de diferencia, se les pagó con cheques de una misma chequera a nombre de Esmeralda Judith Banda Martínez.

La supuesta Ana Patricia Zavala Nieto le entregó a la verdadera Alondra la copia de una identificación con domicilio en Conca 54, Las Misiones, Irapuato. Al día siguiente, Alondra fue informada por su banco que el banco librador (Banorte) rehusó su pago porque “corresponde a la de un talonario que se reportó extraviado”. Ella denunció el fraude en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro.

Posteriormente inició una búsqueda en internet con el nombre de “Ana Patricia Zavala Nieto”, y ubicó una página denominada: “Informativo del sur de Jalisco”, y allí supuestamente vio la fotografía de la mujer que se había llevado su vehículo, a quien se identificaba como quien había cometido un fraude en Ciudad Guzmán.

“Enseguida comencé a buscar más y observé el nombre de Ana Patricia Zavala Prieto (sic). Y en donde observé que aparecían varias publicaciones que dicen ‘Cae familia tranza’… ‘Banda de estafadores’”, expondría la verdadera Alondra en su presentación voluntaria ante el MP de San Miguel de Allende, que llevaba el caso de José Luis, delito para el cual los defraudadores también habían robado su identidad.

“Al observar esto abrí la página que dice ‘Cae familia tranza’ y se observa una publicación de El Sol de León en donde aparecen cuatro imágenes fotográficas y la publicación de que esta es una familia que se dedica a defraudar gente de la misma manera que me defraudaron a mi y dos cosas que llamaron mi atención en esta publicación fueron la imagen fotográfica de una persona del sexo femenino que por los datos que obran en la publicación se trata Ma. Guadalupe Alicia Quintero Domínguez y /o también conocida como Ana Patricia Zavala Prieto, de 56 años de edad, según la publicación de este diario; sin embargo, cuando la observé me di cuenta que era la misma persona que se ostentó conmigo con el nombre de Ana Patricia Zavala Nieto”.

La verdadera Alondra le sugirió a José Luis que también buscara en internet la información que ella había revisado. Así lo hizo.

El 28 de junio de 2013, tras acudir a Querétaro a buscar la “Alondra” que lo defraudó, y hablar con la verdadera Alondra, José Luis Cruz hizo una ampliación de su denuncia ante el MP.

Relató que al volver a su casa hizo una búsqueda en la que encontró que Ana Patricia Zavala Prieto y/o Ana Patricia Zavala Nieto se llamaba Ma. Guadalupe Alicia Quintero Domínguez, “y era la misma persona que ante nosotros se presentó como Alondra Silva Mauricio”.

“Así mismo quiero agregar que una vez que llegué a mi casa me puse a buscar en internet y encontré que la persona que se hacía llamar Ana Patricia Zavala Prieto y se hizo llamar también Alondra Silva Mauricio era en realidad Ma. Guadalupe Alicia Quintero Domínguez y encontré varias publicaciones en donde se establece que esta persona junto con su familia se dedica a defraudar gente con la venta de carros, y cuyas características coinciden con las personas que a mí también me defraudaron, y que utilizaron la misma forma de operar que ahí se señala, por lo que en este momento entrego las publicaciones en donde señalo a las personas que identifico…”

Tanto José Luis como la Alondra verdadera, decían que habían reconocido por las fotografías de internet a su defraudadora como Ma. Guadalupe Alicia Quintero y a sus hijos Erandi y Enrique como sus acompañantes.

Sin embargo, el fraude contra la odontóloga ocurrió en noviembre de 2012 en Querétaro, y para esos momentos Ma. Guadalupe estaba presa en el Cereso de Puentecillas, Guanajuato, según carta de reclusión.

 

El fraude contra José Luis ocurrió el 7 de junio de 2013. Aunque él declaró haber identificado a Ma. Guadalupe y sus hijos como sus defraudadores, ellos estaban en el Cereso de León, según las cartas de reclusión de madre e hijos.

 

Ambas fechas de reclusión coinciden con los datos proporcionados a Aristegui Noticias por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, como parte de la investigación periodística de este caso.
No obstante, los Roa Quintero debieron enfrentar esa imputación en un proceso en el cual fue hasta en enero de 2015 que la autoridad desistió de formularles cargos. Aunque ellos continuaron presos enfrentando aún el proceso 160/2011.

En junio de 2015, las autoridades determinaron dictarles fianza para que siguieran dicho proceso en libertad bajo caución. Así que la madrugada del 19 de junio de 2015, madre e hijos serían excarcelados, pero cuando cruzaban la salida del penal, fueron detenidos nuevamente por policías ministeriales de Guanajuato, quienes los llevaron a las instalaciones de prevención social, donde los retuvieron por 14 horas, hasta que llegaron por ellos policías ministeriales de Colima. Les notificaron que quedaban detenidos por un fraude denunciado por Abel del Río contra Ana Patricia Zavala. Los policías decían que ella, Ma. Guadalupe, era Ana Patricia.

Esmeralda, Ana Patricia y el caso Colima

Un fraude ocurrido el 26 de octubre de 2012 en el municipio Villa de Álvarez, Colima, se le imputó también a la guanajuatense Ma. Guadalupe Quintero y a sus hijos Enrique y Erandi Roa Quintero como sus cómplices.

Se señaló a Ma. Guadalupe Quintero de cometerlo usando el nombre Ana Patricia Zavala. Sólo que el día en que este ocurrió, ella se hallaba a 472 kilómetros de distancia, en el Cereso Puentecillas, Guanajuato, según constancia de reclusión.

El 31 de octubre de 2012, Abel acudió ante el MP de Villa de Álvarez para denunciar por fraude en la compra de su camioneta Ford tipo Explorer, a quien se identificó con él como Ana Patricia Zavala.

Abel había puesto el signo de pesos y el día 26 tocaron a la puerta de su domicilio. Eran tres personas (dos del sexo femenino una joven y a otra alrededor de 65 años y otro del sexo masculino como de unos 28 años, según describiría Abel) que llegaron a bordo de una camioneta Suzuki, color gris sin placas.

Cuando pactaron el precio del vehículo le expidieron un cheque de una chequera de Banorte a nombre de Esmeralda Judith Banda Martínez, sucursal Irapuato. (El cheque había sido reportado extraviado el 28 de noviembre de 2011, es decir, 11 meses antes de que se usara para defraudar a Abel).

Lo depositaron en un banco Santander. Cuando la mujer le dio la ficha, Abel le entregó todos los documentos y el vehículo. Firmaron una carta responsiva de compra-venta a nombre de Ana Patricia Zavala con domicilio en Conca 54, Colonia Misiones, en Irapuato.

El 31 de octubre, cuando fue al banco, Abel descubrió el fraude, y denunció a la mujer que se hizo llamar Ana Patricia Zavala.

Entonces los policías a quienes se les asignó la investigación al parecer simplemente buscaron en internet. Sus pesquisas las expusieron en el expediente de la siguiente manera:

“Al investigar el paradero de Ana Patricia Zavala, en la red mundial de internet Google, encontraron similitudes físicas entre el retrato hablado de Ana Patricia Zavala y Ma. Guadalupe Alicia Quintero, de quien se obtuvo su domicilio en la ciudad de Irapuato”. Así anexaron también fotografías impresas en papel con las imágenes de los hermanos Erandi y Enrique.

De esa manera se señaló a Ma. Guadalupe Alicia Quintero de cometer el fraude haciéndose llamar Ana Patricia Zavala y a sus hijos como cómplices, lo que derivó en su encarcelamiento en el Cereso de Colima.

Los Roa Quintero se dijeron inocentes. En las primeras horas de su ingreso a ese Cereso, sus familiares presentaron la constancia de reclusión con la fecha en la cual Ma. Guadalupe estaba presa en Guanajuato. Sin embargo, fue omitida.

En 2016 se les dictó sentencia equivalente a 2193 días de cárcel; apelaron y el magistrado revocó el fallo determinando que el expediente tenía deficiencias y debía reponerse el proceso. Sin embargo, el 22 de febrero de 2018 se les ratificó la sentencia. Volvieron a apelar, con el argumento de que cuando Abel fue víctima de fraude Ma. Guadalupe, a quien se acusaba de ser Ana Patricia (la compradora), ella estaba presa en Guanajuato.

Como parte de esta investigación periodística, Aristegui Noticias solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato la fecha en la que Ma. Guadalupe Alicia Quintero estuvo presa en el Cereso de Puentecillas. La respuesta fue: del 21 de septiembre de 2012 al 04 de abril de 2013.

Prueba ignorada por más de 3 años

Los Roa dicen que desde que se les ingresó al Cereso presentaron la constancia de reclusión de Ma. Guadalupe.
El que se ignorara la prueba les costó 1327 días encarcelados (del 20 de junio de 2015 al 8 de febrero de 2019). En 2019, el juez de Colima los absolvió.

A partir de entonces, los Roa está en libertad, pero se dicen temerosos, ya que sus nombres aparecen en por lo menos otros 7 procesos aún abiertos en tribunales de Puente Grande, Jalisco y Querétaro imputados por los mismos delitos.

Los Roa Quintero acusan que quienes cometieron los fraudes operan impunes ante la negligencia de las autoridades para investigar a cabalidad.

 

Hay por lo menos otro fraude, pero en Nayarit, que involucra el mismo nombre que se le imputó a Ma. Guadalupe Quintero, cuando ellos estaban presos: en enero de 2015, en Compostela, un hombre denunció haber sido defraudado en la venta de su automóvil por quien se identificó como Alondra Silva Mauricio, en un modus operandi igual al de los casos de Guanajuato, Querétaro y Colima. En esa fecha los Roa Quintero estaban presos en el Cereso de León.

 

Deficiencias de la Fiscalía de Carlos Zamarripa

Los Roa Quintero señalan a las autoridades de la Fiscalía General del Estado que encabeza Carlos Zamarripa, de deficiencias al integrar una carpeta de identificación con las imágenes que obtuvieron de sus licencias y su página de Facebook, a partir de la cual los han señalado como responsables.

Durante su periodo de encarcelamiento enviaron al entonces Procurador y hoy Fiscal Carlos Zamarripa, solicitudes para que se revisara su caso. Dichos documentos en efecto tienen los sellos y acuses de recibido en el “Despacho del C. Procurador”. Dicen que nunca tuvieron respuesta.

Tampoco tuvieron respuesta cuando sus familiares se manifestaron en varias ocasiones a las afueras de los reclusorios donde estaban encarcelados con pancartas en las que pedían al gobernador y al fiscal Zamarripa revisar su caso.

La familia Roa Quintero acusa que las autoridades de Guanajuato los usaron como chivos expiatorios para no investigar redes delincuenciales que operan fraudes en compra-venta de automóviles.
Señalan que la autoridad debe hacer una investigación “seria para identificar a los verdaderos responsables de los fraudes”.

Durante la investigación periodística, por varios meses, se solicitó una entrevista con el fiscal y el personal encargado de este caso. Hasta el momento no se ha dado respuesta.


Robo de identidad, riesgo latente para fraudes
El caso Roa Quintero muestra también la vulnerabilidad cuando se realizan transacciones de compra-venta de automóviles entre particulares. Por ejemplo, el aceptar que quienes se identifican con un nombre les pague con cheques que aparecen a nombre de otra persona, lo que podría entrañar robo de documentos o robo de identidad.

Varios de los cheques con los que se defraudó a las víctimas de los casos aquí narrados eran de una chequera reportada como extraviada meses antes de que se utilizaran; no obstante, en los bancos al momento de depositarlos no se alertó de ello.

Pero tampoco quienes vendían sus vehículos dieron importancia a que se les pagara con un cheque que no estaba a nombre de los supuestos compradores, sino de otra persona.

En esta historia hay muchos cabos que la autoridad dejó sueltos: por ejemplo, a Ma. Guadalupe Quintero se le acusó de usar el nombre Teresa Belman Presa para cometer fraudes. Por lo menos desde el 2008 existen antecedentes por fraudes y robo de vehículos donde aparece el nombre de Teresa Belman Presa.

Sólo entre 2010 y 2011 se abrieron 20 averiguaciones previas contra Teresa Belman Presa por fraude, en los municipios de Irapuato, León, Celaya, Salamanca, Pénjamo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, San José Iturbide.

Teresa Belman Presa se identifica con credenciales de elector con domicilios en Irapuato, Querétaro y Pachuca. Usa tarjetas de presentación a nombre de Teresa Belman Presa, propietaria de Belman Trituradora, en Pachuca. Usa chequeras de Banamex de sucursales de Guanajuato. Todos esos documentos son falsos, puesto que falsa es su identidad.

Pero existe una verdadera Teresa Belman Presa, con media filiación y características físicas completamente distintas. Se trata de una mujer originaria de Juventino Rosas, Guanajuato. Nunca en su vida ha tenido chequera. Nunca en su vida ha comprado un automóvil.

La verdadera Teresa se enteró de que fue víctima de robo de identidad cuando los policías ministeriales que tenían a su cargo investigar fraudes en compra-venta de automóviles la localizaron en su verdadero domicilio. Entonces ella supo que su nombre aparecía en 20 acusaciones.

Otra de las identidades robadas por los defraudadores es la de Joaquín Ramírez Palma, a nombre de quien obtuvieron una chequera de BBVA Bancomer de una sucursal en Celaya. Para cometer los fraudes, el falso Joaquín Ramírez se transporta a bordo de vehículos lujosos con placas que corresponden a otros vehículos.

Hay un verdadero Joaquín Ramírez, a quien se robó la identidad. En diciembre de 2011 se enteró de que fue víctima de robo de identidad, cuando la policía lo buscaba por ordenes de aprehensión en su contra por fraude en la compra de vehículos mediante cheques sin fondos.

El verdadero Joaquín es un obrero que nació en Salamanca. Su grado de escolaridad es secundaria. Nunca ha perdido su IFE, y siempre lleva esa identificación en su cartera, y sólo en la fábrica donde trabaja y en donde ha solicitado empleo ha dejado copias de dicha credencial. Nunca ha firmado documento alguno con Bancomer. Nunca ha utilizado chequera.

Los defraudadores utilizan también múltiples credenciales de elector. Por ejemplo, la fotografía que aparece en la copia del IFE que la falsa Alondra le entregó a José Luis, con domicilio en Querétaro, aparece en otro IFE con domicilio en Guadalajara; también la misma fotografía pero a nombre de Ma. Guadalupe González Cazares, aparece con otro domicilio en Querétaro; la misma fotografía está en la copia de otro IFE con el nombre de Ma Guadalupe González Cazares pero con domicilio en Jalisco.

La misma fotografía de la falsa Alondra, aparece en la copia de un IFE a nombre de Ana Patricia Zavala Nieto con el mismo domicilio de Ma Guadalupe González Cazares en Jalisco; y en otro IFE también a nombre de Ana Patricia en Querétaro.

Tampoco se investigó a profundidad el que en tianguis de autos en Guanajuato se comercializaba por lo menos uno de los vehículos que se reportaron como defraudados a sus propietarios.








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