opinión*
¿Independencia judicial? (Artículo)
El mundo al revés por Ernesto Villanueva

Por Ernesto Villanueva

He sido uno de los críticos más recurrentes a los privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a sus pensiones doradas. En consecuencia, he coincidido con el presidente electo en interponer todas las medidas legales y constitucionales para reducir esos altísimos sueldos de los ministros. Hay otros puntos, empero, sobre los que se debe hacer una reflexión más pausada por su importancia capital.

Primero. Estoy convencido de que el modelo de control adoptado para la función administrativa y jurisdiccional de los juzgadores federales tiene grandes oportunidades de mejora. Hoy, el Consejo de la Judicatura lo preside al mismo tiempo el presidente de la SCJN en un clarísimo conflicto de interés – el vigilado se vigila a sí mismo– y con una abultada presencia de Ejecutivo Federal que acaba por secuestrar a ese Consejo de la Judicatura. ¿No hay otros diseños institucionales en la experiencia comparada mejores? Por supuesto que sí.

Quizá uno de los mejores modelos porque al mismo tiempo que preserva la independencia del Poder Judicial de la Federación contribuye a reducir la corrupción y la impunidad es el previsto en la Constitución Italiana de 1948 que crea un Consejo integrado por jueces y juristas y que se ha vuelto un referente obligado de las mejores prácticas internacionales en la materia.

Segundo. El modelo mexicano tiene, con todo, aspectos muy rescatables. En efecto, el relativo a quienes en el día a día dan vida al ejercicio de la administración de justicia: los jueces federales y magistrados. Es una paradoja que un político o amigo de alguien con poder pueda ser ministro de la SCJN aunque nunca haya pisado un tribunal ni como juzgador ni como abogado. Es muchísimo más difícil con esas credenciales y esos contactos ser juez o magistrado.

En este amplio grupo de titulares de juzgados de distrito y de magistraturas descansa la independencia judicial y la preservación del Estado de derecho. Ser juez o magistrado requiere preparación acuciosa y someterse a exámenes rigurosos por oposición. Eso permite que, salvo excepciones por la falibilidad humana, haya interpretaciones normativas en beneficio de los justiciables, además de calidad argumentativa.

Tercero. Debe preocupar a la comunidad que se vea al Poder Judicial de la Federación como un todo cuando no lo es. Un rubro reposa en las formas de acceso, duración y retribuciones de los ministros así como de los consejeros de la judicatura federal, donde debe haber una reducción racional de sus ingresos que lastiman a la sociedad y no se justifican en un país como en México. Esa responsabilidad y sensibilidad social sí la observan varios países desarrollados cuyos jueces supremos cuentan con un poder adquisitivo menor a la de los ministros y consejeros mexicanos, como Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Australia y un largo etcétera.

Cuarto. Es de preocupar que la ausencia de juristas en el equipo que toma las decisiones en el gobierno electo y en la mayoría legislativa bajo las siglas de MORENA hagan tabla rasa y, peor aún, no faltan quienes quieren desarticular lo mejor que ha producido el país: jueces federales y magistrados bien preparados donde – no son una comunidad de ángeles- no deja de haber corrupción e impunidad, pero como excepción nunca como regla.

Hay en el tintero legislativo ocurrencias surgidas al calor del momento político, pero sin ningún asidero en un estudio de largo aliento. Veo en la inmensa mayoría de los legisladores de MORENA a mujeres y hombres de buena fe, pero que requieren estar debidamente informados para estar en condiciones de tomar las mejores decisiones a favor del interés público.

En materia de combate a la corrupción, a la impunidad y fortalecimiento de la independencia judicial los legisladores de MORENA deben rodearse de un equipo técnico-jurídico de alto nivel. Cercanos a MORENA se encuentran el ameritado abogado Javier Quijano, el maestro Elisur Arteaga, el también reconocido jurista Jaime Cárdenas, tan sólo por citar algunos de los más destacados. En el campo del litigio jurídico, pueden buscar la asesoría de la @BMA_Abogados. Desde la academia, pueden pedir consejo a la máxima casa de estudios del país, la Facultad de Derecho de la UNAM (@DerechoUNAMmx) que dirige el reconocido jurista @RaulContrerasMx. Y desde el ámbito judicial qué decir del prestigiado magistrado @jctronp y de la valiente magistrada Sonia Rojas Castro, quien un día sí y otro también enfrenta presiones del crimen organizado sin que hayan movido un ápice su integridad personal y su imparcial ejercicio como juzgadora, entre otros más, por supuesto.

Quinto. La independencia judicial no reside en percepciones de privilegio, sino en la vocación de muchísimos jueces y magistrados de administrar justicia teniendo como único interés el establecido en la Constitución y en las leyes. Por supuesto, deben tener un sueldo decoroso que les permita vivir en la honrosa medianía parafraseando a Benito Juárez. La independencia de jueces y magistrados no es una cuestión que deba preocuparle sólo a los juzgadores sino a la sociedad toda. Hoy, el único contrapeso frente al gobierno y al Congreso de la Unión descansa precisamente en el trabajo pulcro de jueces y magistrados. Defender la independencia de estos juzgadores es defender a la sociedad frente a todo abuso de poder.

Sumario.
Lamentable la servicial- por decirlo de alguna forma- actitud del INAI frente al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Como el personaje de Zelig de Woody Allen, el INAI se comporta al son que les ponga AMLO en aras de mimetizarse a los nuevos tiempos. Es tan burda la estrategia y su ausencia de acreditación frente a la sociedad que nadie, salvo sus empleados y familias, derramará una lágrima si ese elefante blanco de la burocracia desaparece o se reduce a su justa dimensión.

Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva hizo un postdoctorado en derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Tiene un master en salud mental por la Universitat de Valencia y otro en Neurociencias con énfasis en psiquiatría por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es Investigador titular C por oposición definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Su obra más reciente es "El derecho de armarse. Lo que todo mexicano debe saber sobre posesión y portación legales de armas de fuego en México”. Ediciones Proceso, 2017.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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