Red de huachicol en Marina: 'iceberg de corrupción', alertan especialistas

La reciente detención de 14 personas, entre ellas empresarios y mandos de la Secretaría de Marina, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha puesto en el centro del debate el tamaño de la corrupción en puertos y aduanas.

En Aristegui en Vivo, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y Daniel Balcázar Villarreal, director de MB Consultores e investigador asociado del CESIG del ITAM, coincidieron en que este caso revela fallas estructurales y representa un duro golpe a una de las instituciones con mayor prestigio en México.

Rodríguez Sánchez Lara explicó que lo descubierto va mucho más allá de un caso aislado. “No es un simple caso de corrupción de un vicealmirante y un contralmirante, de empresarios, de funcionarios civiles de la aduana de Tampico, de la ASIPONA. Es toda una red”, dijo, y precisó que no se trata únicamente de robo de combustible, sino de un esquema de “huachicol fiscal” en el que “es combustible robado y que después regresa a México ya procesado para su venta”.

El especialista advirtió que la operación involucra múltiples sectores: “Es una trama en donde está vinculada, por supuesto, corrupción de aduanas, de puertos, pero también del sector de comunicaciones y transportes marítimos de este país”.

Explicó que lo relevante del caso no es solo la participación de mandos navales, sino la magnitud de la red en su conjunto. Según dijo, detrás de los beneficios personales obtenidos por algunos funcionarios “hay un iceberg de corrupción y de delincuencia organizada”, lo que revela que la operación iba mucho más allá de complicidades aisladas y alcanzaba a diversos sectores vinculados con el comercio marítimo y el control portuario.

El señalamiento de un vicealmirante como parte de la red, reconoció Rodríguez, constituye un hecho inédito. “El tema que debemos analizar es el tema de la corrupción que llegó al más alto nivel en una zona naval y en un puerto, que involucra a un vicealmirante. Eso, por supuesto, es lo que resalta”, comentó.

Sin embargo, recordó que la institución mantiene altos niveles de confianza: “Más del 90 % de la población en el país confía en la Secretaría de Marina, y es la institución en la que se perciben menores niveles de corrupción, menos del 20 %”.

Sobre los mecanismos internos, señaló que existen áreas de contrainteligencia y la Unidad de Inteligencia Naval para prevenir infiltraciones, además de la Contraloría Interna. No obstante, advirtió que quienes resulten responsables enfrentarán consecuencias graves, que alcanzarán a sus familias: “Va a ser un golpe tremendo para el futuro de esas familias, de esos marinos, porque van a quedar desprovistos de sus pensiones. Van a quedar desprovistos de los sistemas de salud, de educación, a los cuales son beneficiarios también sus familias”.

Rodríguez apuntó también a la debilidad de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en lucha contra la corrupción, por lo que señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debe fortalecer sus áreas de investigación y que la coordinación interinstitucional resulta clave.

Por su parte, Daniel Balcázar Villarreal, director de MB Consultores e investigador asociado del CESIG del ITAM, recordó que la Armada ya había enfrentado una crisis similar en los años noventa. “Es inevitable pensar, para mí, en lo que ocurrió hace 35 años, cuando hubo un caso muy crítico, siendo Carlos Salinas el presidente, y justamente tuvo que relevar al secretario de Marina […] Viene un proceso de limpia muy importante. Una purga que al interior de la Armada se recuerda como un proceso que permitió blindar de la corrupción a la Secretaría de Marina”, apuntó.

Sobre las detenciones recientes, consideró que la respuesta institucional marca un precedente. “Se está tomando una decisión muy importante. Y aquí será muy interesante cuidar los detalles técnicos, porque recordemos que son todavía presuntos responsables. Es decir, falta probar ante el juez esta responsabilidad”, advirtió.

El investigador también se refirió al asesinato del contralmirante Rubén Guerrero Alcántar, el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, tras denunciar operaciones irregulares en puertos y aduanas. “Me parece que entraría, en teoría, dentro del fuero común, pero por la naturaleza del caso es muy probable que lo atraiga la Fiscalía General de la República”, dijo, y recordó que “habría escrito una carta en la que decía que los almirantes Farías lo odiaban”.

Lo anterior, en alusión al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, detenido el pasado 2 de septiembre, así como a su hermano Fernando (contralmirante), quien cuenta con una orden de aprehensión y sigue prófugo. Según la indagatoria de la FGR, dada a conocer por el diario Reforma, el asesinato de Guerrero Alcántar estaría vinculado a la presunta red de huachicol fiscal.

Para Balcázar, el riesgo es que el huachicol se convierta en un puente entre crimen organizado y corrupción institucional. “Me preocupa mucho que pueda ser el huachicol el elemento de unidad entre el crimen organizado y la corrupción y delincuencia institucional”, alertó, al recordar que incluso en Estados Unidos se han judicializado casos relacionados.

El especialista celebró que el caso se haya enfrentado de manera coordinada por parte del Gabinete de Seguridad: “Lo que vimos ayer es algo que pocas veces se ve: donde tenemos tres dependencias, una militar, que es la Secretaría de Marina Armada de México; la civil, de seguridad; y la Fiscalía, que como bien decía Gerardo, es autónoma, abordando un tema que es de común interés”.

En ese mismo sentido, subrayó el mensaje que envía el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles: “Es un discurso muy interesante, focalizado justamente en el respeto a la ley. Y con esta coordinación interinstitucional que estamos viendo, creo que hay las bases para que podamos revertir mucho del avance criminal que se vio en los últimos años en el país”.