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Pasar la Guardia Nacional a manos de la Sedena profundiza la militarización y contraviene la Constitución: Centro Prodh

El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló en entrevista con Aristegui en Vivo que el acuerdo anunciado por el presidente López Obrador implicaría eludir el debate legislativo.

  • Redacción AN / FPR
08 Aug, 2022 11:23
Pasar la Guardia Nacional a manos de la Sedena profundiza la militarización y contraviene la Constitución: Centro Prodh
Foto: Cuartoscuro

El acuerdo presidencial por el que pasa la Guardia Nacional (GN) a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es una profundización de la militarización, contraviene la Constitución e implica riesgos a los derechos humanos, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, subrayó durante entrevista en Aristegui en Vivo que implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución.

Reiteró que la Constitución señala que la GN debe estar “adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”, por lo que “es muy preocupante que por vía de un decreto presidencial o de un acuerdo presidencial se quiera pasar por encima de esta norma expresa”.

Señaló que el artículo 21, donde se establece dicha norma, era una “salvaguarda” para “garantizar que el carácter civil de la Guardia Nacional sería respetado”.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante conferencia de prensa matutina que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aseveró que, como parte de sus atribuciones como jefe del Ejecutivo, puede modificar por decreto el reglamento.

“Puedo modificar si es necesario, el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios”, declaró.

Santiago Aguirre recalcó durante entrevista este lunes que la militarización de la seguridad aumenta el riesgo de violaciones a derechos humanos y que estas queden impunes.

“Tenemos una larga tradición en nuestro sector castrense de poca rendición de cuentas”, declaró.

Asimismo, sostuvo que se está fortaleciendo a las fuerzas armadas sin que haya controles civiles que aseguren que los militares rindan cuentas. Esto pone en riesgo a la democracia, aseguró.

Por último, advirtió que hay riesgos de que sea una política de seguridad poco efectiva. “La militarización la hemos tenido en los últimos 15 años y los índices de violencia no han disminuido como se esperaba”, detalló.

Por su parte, la organización Mexicanos Contra la Corrupción denunció que es una violación a la Constitución y señaló que la GN ya está militarizada.

A su vez, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que la GN debe estar bajo mando civil y que el “decretazo” pretende violar el artículo que lo estipula.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis E. Cházaro, acusó a AMLO de “pistolear” la constitución.

“Gobernar a base de decretazos es pisotear la Constitución; tan grave es la forma, como el fondo, es decir, la militarización del país”, escribió en Twitter.

Jesús Ortega Martínez, exdirigente nacional del PRD, sostuvo que se está instalando “de facto, un estado de excepción”.

“Con el ejercito encargado de la seguridad pública y de gran parte de la administración, el gobierno es conducido por los militares y se instala, de facto, un estado de excepción”, escribió en redes sociales.

Igualmente, el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que es “inconstitucional” y no lo permitirán.

El diputado del PAN, Damián Zepeda, sostuvo que AMLO busca imponer un “acuerdo ilegal”.

“No tiene los votos e impone un acuerdo ilegal. Se impugnará y quedará en manos de la SCJN”, escribió a través de redes sociales.

El diputado del PAN, Felipe Fernando Macías Olvera, afirmó que el presidente no tiene las facultades para hacerlo y dijo que “esta ilegalidad debe ser combatida” por la Cámara de Diputados “con controversia constitucional”.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria recalcó que el titular del Ejecutivo “no está por encima de la Constitución”.