Acreditan vínculos de ex secretario Adjunto del PRI con empresas imputadas por desvío de 1.7 mdp
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez es accionista mayoritario de Jet Combustibles, compañía en la que su hijo es apoderado. Además, su hijo es Alejandro Gutiérrez Gómez, quien aparece como representante legal de la empresa Promotora de Señalamiento Integral.

Por Juan Omar Fierro

Tras una semana y cuatro audiencias, la Fiscalía General de Chihuahua presentó documentos que acreditan los vínculos del ex Secretario General Adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, con las dos empresas que son acusadas de un presunto desvío de un millón 740 mil pesos mediante la simulación de obras y servicios que jamás se realizaron.

Los presuntos desvíos forman parte de la llamada “Operación Safiro”, una trama diseñada por políticos y funcionarios ligados al PRI para desviar recursos públicos mediante la contratación de obras simuladas y su posterior desvío a campañas electorales de ese instituto político.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), este esquema permitió la malversación de 650 millones de pesos en siete estados del país.

Los documentos fueron presentados por dos analistas tácticos de la propia Fiscalía, identificados con las siglas GFB y JCVL, quienes presentaron actas constitutivas de las empresas Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, en las que participan en calidad de socios y apoderados el propio Gutiérrez Gutiérrez y su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez.

Frente al tribunal de enjuiciamiento, la testigo GFB explicó que con fecha 23 de noviembre del 2017 hizo una búsqueda en el Registro Público de Comercio (RPC) localizando a la empresa Jet Combustibles y del representante legal que firmó con el Gobierno de Chihuahua los contratos “simplificados”, de una hoja y solo seis cláusulas, avalando un supuesto gasto de 835 mil 420 pesos.

La analista de la Fiscalía detalló que Jet Combustibles contaba con nueve movimientos registrales, incluyendo el acta constitutiva de la empresa en la que aparecen como socios fundadores la compañía Jets Compartidos del capitán piloto Luis Alfredo Rayet Díaz y el ex procurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, analista político de Aristegui Noticias.

Entre 2003 y 2006, las acciones de la empresa cambiaron de propietarios, por lo que Reyes Orona salió y entró Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien se conviertió en accionista mayoritario, mientras que Jets Compartidos se mantuvo como socio minoritario de la compañía.

La funcionaria explicó que en el año 2016, la empresa presidida por el ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera designó como apoderado y representante legal para la firma de contratos y otros trámites a Alejandro Gutiérrez Gómez, hijo de Gutiérrez Gutiérrez.

A pesar de que la Fiscalía General de Chihuahua no lo expuso de manera tácita, Gutiérrez Gómez es el vínculo de Jet Combustibles puesto que el hijo del político priista es también apoderado de la empresa Promotora de Señalamiento Integral, beneficiada con un contrato de 904 mil 579 pesos por presuntas obras simuladas, de acuerdo con la indagatoria de la “Operación Safiro”, conocida también como “Operación Zafiro o Saneamiento Financiero”.

El siguiente testigo de la Fiscalía, con las siglas JCVL fue quien presentó los documentos de dicha empresa o persona moral tiene como representante legal a Alejandro Gutiérrez Gómez, el hijo de Gutiérrez Gutiérrez.

Los socios de la compañía son Francisco Javier Dávila Moreno y David García Garza. En su calidad de apoderado, Gutiérrez Gómez era el encargado de crédito y cobranzas, además de contar con poderes para la celebración de todo tipo de contratos, incluyendo los prestados o firmados con gobiernos de los tres niveles.

De esta forma, las autoridades de Chihuahua establecieron en el juicio un primer vínculo entre Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, así como de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez con el presunto desvío de un millón 740 mil pesos a través de obras simuladas.

En esta ocasión, la defensa se limitó a realizar preguntas sobre la fecha de constitución de las empresas y los años que llevaban operando para demostrar la legalidad de las mismas, una estrategia que la Fiscalía de Chihuahua considera distractora, puesto que no hay imputaciones de que sean compañías fachada, sino de que simularon las obras y servicios para las que fueron contratadas, a pesar de que jamás se realizaron.

Otro pilar de la defensa es señalar la celeridad con la que se tramitaron las imputaciones contra su cliente, puesto que los analistas tácticos de la Fiscalía General de Chihuahua recibieron la orden de buscar los vínculos de las empresas y personas investigadas el mismo día que realizaron las búsquedas y entregaron los informes correspondientes a sus superiores jerárquicos, es decir, el 23 de noviembre del 2017.

La ausencia de los “entregables”, una constante en el juicio

Durante las tres primeras audiencias, la Fiscalía General de Chihuahua anticipó que la ausencia de comprobantes o “entregables” sobre los servicios prestados por Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, es uno de los principales pilares de la imputación que sostiene por peculado agravado contra el ex Secretario General Adjunto de la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Se conoce como “entregables” a los comprobantes que las empresas contratistas deben entregar a los gobiernos cuando han prestado un servicio o han realizado cualquier tipo de obra pública, con el fin de que se liberen y autoricen los pagos correspondientes por parte de las autoridades.

En por lo menos tres sesiones del juicio, la defensa de Gutiérrez Gutiérrez no ha combatido el argumento de que no existen comprobantes ni “entregables” de ningún tipo por los servicios que presuntamente prestaron las empresas Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral al gobierno de Chihuahua.

Incluso, el Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda Estatal, identificado con las siglas ORS, explicó que no sólo no hay fotografías o videos de esas obras o servicios, sino que tampoco se localizaron las actas de entrega-recepción de esos contratos.

“Para emitir el oficio sobre las irregularidades detectadas en estos dos contratos, revisamos los documentos de las áreas que solicitaron los servicios, en este caso las Direcciones de Mantenimiento y Administrativa de Personal. Ambas deben guardar copia de los servicios o bienes recibidos, pero no existen oficios ni actas para corroborarlo”, concluyó el funcionario.






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