Bosque de codicia: conceden prisión domiciliaria a comunero de Salazar
El líder de los comuneros, Cutberto Vilchis, seguirá en prisión hasta que junte los 420 mil pesos que le impuso el Juez de Control. Siete personas más continuarán en la cárcel por un conflicto agrario.

En una audiencia pública, un Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, concedió la prisión domiciliaria al representante de bienes comunales de la comunidad de Salazar, Cutberto Vilchis García, pero la condicionó al pago de 420 mil pesos que las víctimas fijaron como monto para la reparación del daño.

Debido a que su familia todavía no cuenta con el monto de la garantía exigida, el líder de los comuneros de Salazar continúa en prisión y el regreso a su hogar podría demorarse hasta 15 días, señalaron fuentes cercanas al caso.

El cambio de la medida cautelar para Cutberto Vilchis, encarcelado por un conflicto agrario, fue autorizado por el impartidor de justicia luego de que la defensa de éste solicitó al Juez de Control revisar la prisión oficiosa impuesta en su contra, derivado de que es un adulto mayor de 71 años y de que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) permite esta posibilidad para cualquier persona mayor de 70 años.

La defensa tenía listo el expediente médico de Cutberto Vilchis, quien padece diabetes, hipertensión y atrofia en los huesos de su pierna derecha, misma que le impide caminar de manera normal desde los siete años. Sin embargo, el Juez de Control, se remitió al artículo ya citado de la norma penal, por lo que ya no se debatió la salud del líder campesino.

En la acusación presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de Vilchis García se afirma que pateó repetidamente al abogado Mario Alberto de León Venegas, a pesar de que necesita apoyarse en ambas piernas para estar de pie debido a la propia discapacidad que padece.

En la vinculación a proceso dictada por el Juez de Control, este detalle no fue tomado en cuenta y se avaló el dicho del litigante, sin ninguna prueba adicional por lo que respecta a este hecho en específico.

La resolución judicial para conceder la prisión domiciliaria al líder de los comuneros de Salazar se dio a pesar de la férrea oposición del Ministerio Público y de la defensa de las víctimas, quienes argumentaron que Cutberto Vilchis pedía matar al abogado, a su secretaria Natalia Miguel Marín y a su chófer, Juan Carlos Ríos Soto.

En la acusación inicial, la defensa de las víctimas encabezada por la abogada Mariana León no había hecho estos señalamientos en contra de Cutberto Vilchis, por lo lo que el Juez de Control desestimó este planteamiento.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juez de Control advirtió que para materializar la prisión domiciliaria del representante de bienes comunales de Salazar se tiene que garantizar la reparación del daño alegada por las víctimas, por lo que condicionó el traslado al domicilio de Cutberto Vilchis al pago de una fianza de 419 mil 726.96 pesos.

Además, tendrá prohibido acercarse a las víctimas y tanto la Policía Estatal como Ministerial del Estado de México deberán certificar cada 15 días que Vilchis García se encuentra en su domicilio de la comunidad de Salazar.

Los otros comuneros encarcelados y el origen del conflicto

El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Jacinto Justino Martínez Santiago, había actuado con rigor extremo en contra de los ocho comuneros de Salazar que están encarcelados desde el 31 de agosto del 2017, luego de que fueran imputados por los delitos de lesiones, robo con violencia y privación ilegal de la libertad en contra del abogado Mario Alberto de León y de dos personas más que lo acompañaron en un intento fallido para tomar posesión de una parcela agrícola realizado el 30 de septiembre del 2016.

Dicha parcela forma parte de varios predios que están en disputa entre la comunidad de Salazar y los ejidatarios de La Cima San Mateo Atarasquillo, derivado de los derechos adquiridos que demandan los primeros por la ocupación centenaria del lugar y de los límites territoriales que defiende el Ejido de San Mateo Atarasquillo.

El conflicto agrario inició en 1947, pero se agudizó a partir del 2005 cuando San Mateo Atarasquillo y Salazar comenzaron una disputa territorial. Los fallos del Tribunal Superior Agrario (TSA) han favorecido casi siempre a San Mateo, pero también han reconocido la existencia de la comunidad de Salazar, sin que ambas partes se pongan de acuerdo en los límites de uno y otro poblado.

Tras la fallida toma de posesión de una parcela que ocupa Miguel Ángel Vilchis García, acción en la que el abogado Mario Alberto de León se hizo acompañar por un ex policía municipal de Lerma, mismo que disparó y se dio a la fuga, así como por otros dos agentes municipales en activo y que actuaron fuera de su jurisdicción, se iniciaron dos carpetas de investigación.

La primera fue presentada por los propios comuneros en contra de sus agresores, puesto que portaban armas de fuego y el ex policía municipal les disparó; y la otra, iniciada por petición del abogado Mario Alberto de León Venegas, quien acusó un intento de linchamiento que todavía no está acreditado en el expediente; así como golpes, lesiones y el robo de un celular.

La primera indagatoria nunca avanzó pese a que hay un desglose en la Procuraduría General de la República por la portación ilegal del arma, mientras que la segunda concluyó en un operativo con más de mil elementos policiacos y hasta del Ejército Mexicano para detener a los comuneros de Salazar.

A pesar de que los comuneros no están imputados por delitos que acrediten prisión oficiosa y de que la media aritmética de los actos ilícitos que se les atribuyen es menor a cinco años, con lo que podrían llevar su proceso en libertad, el Juez de Control había avalado hasta el día de ayer todos los argumentos presentados por la Fiscalía para negarles ese beneficio a los ocho imputados, quienes no cuentan con ningún tipo de antecedente penal.

Apenas el pasado 22 de febrero, el juzgador local se negó a suspender el proceso a dos de los imputados, Miguel Ángel Vilchis Zarco y Francisco Miguel Ceballos Vargas, quienes ofrecieron el pago de 100 mil pesos para garantizar la reparación del daño en la parte proporcional de los 420 mil pesos que demandan las víctimas.

Sin embargo, la representante legal de las víctimas y el Ministerio Público rechazaron esta propuesta, argumentando que no se garantizaba la reparación integral del daño.

Entre los comuneros de Salazar que están sujetos a proceso penal hay dos madres, una de ellas soltera, Daneira Kikey Becerril Villavicencio y su hermana Yuriko Becerril Villavicencio; una mujer que tiene una cocina y que además es hipertensa, Beatriz Pérez Flores; dos obreros, Fermín Esquivel Rojas y Miguel Ángel Vilchis Zarza; un taquero, Francisco Miguel Ceballos Vargas; un bibliotecario y campesino, Miguel Ángel Vilchis García, y el propio líder de los comuneros, Cutberto Vilchis García.

A la libertad de estas personas, sin antecedentes penales como está acreditado en el expediente, se les ha negado la posibilidad de llevar un proceso fuera de prisión, pese a que uno de los principios del sistema acusatorio es, justamente, reducir el uso del sistema penal a los casos que más agravien a la sociedad, como podrían ser el secuestro, el homicidio y la desaparición forzada de personas, delitos en los que el Estado de México tiene una alta incidencia.

Mediante llamadas telefónicas y mensajes electrónicos a través de aplicaciones, Aristegui Noticias volvió a buscar al abogado Mario Alberto de León Venegas para que expusiera su opinión sobre este tema y para que pudiera ejercer su derecho de réplica en torno a las dos primera partes del reportaje Salazar, Bosque de Codicia, pero no hubo respuesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 








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