opinión*
Morena ha postergado el proyecto constitucional de la Ciudad de México | Artículo
por Rogelio Muñiz Toledo
Fotos: Archivo Cuartoscuro

Rogelio Muñiz Toledo

“Todos los derechos fundamentales, de hecho, requieren una legislación que los haga aplicables”: Luigi Ferrajoli*

El pasado 5 de febrero se cumplieron tres años de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México y ha pasado casi año y medio desde el inicio de la vigencia de la mayoría de sus disposiciones, sin que el paradigma constitucional contenido en ella haya permeado en el orden jurídico local. El proyecto constitucional para la Ciudad de México, que por un amplio consenso aprobó la Asamblea Constituyente, ha sido postergado e incluso se han aprobado reformas constitucionales y leyes contrarias a él.

El 31 de diciembre de este año vence el plazo establecido por la Asamblea Constituyente para que el Congreso local adecue la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la Constitución y debido a la ineficacia de la I Legislatura del Congreso local y a que dentro del Gobierno de la Ciudad de México y al interior del Grupo Parlamentario de Morena persisten las resistencias al cambio político, hasta ahora el saldo del proceso de reglamentación, implementación y desarrollo legislativo de la Constitución es negativo en términos cuantitativos y cualitativos.

Aunque en el grupo gobernante en la Ciudad de México hay quienes tienen claro que la Constitución contiene un mandato para reformar el poder y un proyecto de cambio de régimen orientado al bienestar social, la economía distributiva y la universalidad, progresividad y garantía de los derechos para asegurar una vida digna para todas las personas, como quedó de manifiesto con algunos de los discursos pronunciados en la sesión solemne del Congreso local con motivo del tercer aniversario de la Constitución, desde las posiciones más conservadoras dentro del Gobierno de la Ciudad de México y del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local se ha impuesto un proyecto político contrario a los contenidos progresistas y garantistas de la Constitución, al cambio político y a la progresividad de los derechos.

Las resistencias al proyecto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente y al cambio del régimen político y del modelo de desarrollo de la Ciudad de México provienen de quienes dentro del grupo gobernante en la Ciudad de México se oponen a la Constitución por razones ideológicas, por intereses políticos, por añoranza de las reglas del régimen anterior o simplemente porque la consideran una herencia política que, independientemente de su contenido progresista y garantista, hay que repudiar porque forma parte del legado del gobierno anterior.

Con la decisión del Gobierno de la Ciudad de México y de la mayoría parlamentaria de Morena de aplazar la reglamentación, el desarrollo legislativo y la implementación de los contenidos de la Constitución, los poderes legislativo y ejecutivo locales incumplen el mandato contenido en el artículo 122 de la Constitución Federal de establecer las garantías para el goce y protección de los derechos y han pospuesto el ejercicio efectivo de los derechos a la vida digna, al bienestar social, al desarrollo económico distributivo y a la Ciudad, entre otros, así como la progresividad, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México.

En lugar de avanzar en la expedición de leyes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución, la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aprobó leyes violatorias del derecho de los adultos mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad a recibir del Gobierno de la Ciudad de México una pensión económica no contributiva, una beca o un apoyo no contributivo; así como de los derechos al acceso a la justicia constitucional local, a la tutela de los derechos humanos, a la buena administración pública, a la participación ciudadana, al ejercicio periodístico, a la propiedad privada y a la vivienda, a un presupuesto orientado al cumplimiento efectivo de los derechos y a la ampliación progresiva de los recursos destinados al bienestar social.

La decisión de aplazar el desarrollo legislativo del paradigma contenido en la Constitución de la Ciudad de México forma parte de la estrategia de quienes se oponen al cambio político y a la instauración del constitucionalismo garantista en la Ciudad de México, porque ello implicaría la existencia de mayores contrapesos, controles y límites al poder, así como el establecimiento de garantías para la protección, tutela y ejercicio efectivo de los derechos y de las garantías jurisdiccionales que evitarían que los poderes públicos vulneren los derechos o impidan su ejercicio y que los obligarían a tomar todas las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, incluidos los económicos y sociales.

La expectativa de que con base en un debate racional con arreglo a los fines constitucionales, el Grupo Parlamentario de Morena privilegiaría la formación de consensos para establecer las bases para el cambio político en la Ciudad de México, sobre todo cuando se tratara de reformar la Constitución y de aprobar leyes reglamentarias de las disposiciones constitucionales, ha dejado de ser una posibilidad razonable.

El desdén de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a la Constitución y al proyecto contenido en ella, así como el autoritarismo y la incapacidad de la mayoría morenista en el Congreso local para construir los consensos necesarios para conducir el proceso de cambio político con base en el proyecto contenido en la Constitución, podrían provocar un grave déficit de legitimidad en el nuevo régimen político e incluso erosionar las bases del sistema democrático en la Ciudad de México.

Déficit de legitimidad que solo podría solventarse en las urnas con el triunfo de un bloque opositor que en 2021 le disputara a Morena y sus aliados la mayoría en la II Legislatura del Congreso local y que tuviera como eje de su plataforma electoral la reivindicación de la Constitución de la Ciudad de México y el compromiso de desarrollar legislativamente el proyecto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente.

* Jurista ítalo-francés. Fue juez en Italia y es uno de los principales teóricos del garantismo jurídico

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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