Libra Mancera orden de arresto por incumplimiento en juicio laboral
Según la resolución de la SCJN, los tribunales laborales solo pueden imponer como medida de apremio multas de mil pesos a quien no acate los fallos.

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, libró una orden de arresto administrativo derivada de un juicio laboral, gracias a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó un amparo para dejar sin efecto una resolución dictada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Al resolver el juicio de amparo en revisión con expediente 679/2016, la Segunda Sala de la Corte determinó que los Tribunales de Conciliación y Arbitraje no tienen facultades legales para ordenar arrestos administrativos en juicios de carácter laboral presentados contra un gobierno, ya que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado solo prevé multas para sancionar a los funcionarios públicos que incumplen las sentencias que emite ese órgano jurisdiccional.

De acuerdo con el expediente, el amparo fue promovido por la Consejería Jurídica del gobierno capitalino en contra de un acuerdo emitido por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se decretó un arresto administrativo de hasta 36 horas por no acatar una sentencia de pago a un ex empleado.

Los ministros argumentaron que, conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los tribunales laborales solo pueden imponer como medida de apremio multas de mil pesos a quien no acate los fallos y citatorios dentro de los juicios laborales.

Por lo tanto, la Segunda Sala de la Corte consideró que la orden de arresto administrativo girada por una Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, carecía de fundamentación y de apego a la ley, por lo que revocó el acuerdo y concedió un amparo a Mancera para evitar que se cumpla la orden de arresto administrativo.

“El acuerdo reclamado no se ajusta a lo estrictamente establecido en los artículos 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el primero de los cuales sólo autoriza la imposición de multas hasta por mil pesos como medida para hacer cumplir las resoluciones en materia burocrática”, señala un extracto del fallo.

El amparo concedido por la Segunda Sala de la Corte al Jefe de Gobierno capitalino agrega que incluso existe una jurisprudencia de ese órgano colegiado en el que se advierte que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no autoriza la imposición del arresto como medida de apremio, puesto que solo se prevé una sanción financiera dentro de los juicios laborales.

Los ministros explicaron qué si bien existen otras medidas para ejecutar un laudo o exigir su cumplimiento, también es cierto que la autorización de las mismas no debe interpretarse como un permiso, es decir, que los tribunales laborales no pueden ordenar un arresto administrativo con el argumento de que este se puede incluir en la autorización genérica.

Se señala que si bien los tribunales federales necesitan imponer medidas de apremio para hacer cumplir con sus obligaciones a los demandados y para sancionar a quienes incumplen con sus fallos, también es cierto que fue el Poder Legislativo excluyó de forma deliberada la posibilidad de llegar al arresto en un juicio burocrático, puesto que se trata de una medida extrema que afecta la libertad personal.

“Resulta indispensable que el medio de apremio se establezca en ley y que en ella se contengan los elementos necesarios para generar certidumbre en su aplicación y acotar los poderes de coerción otorgados al juzgador, razón por la que no basta el mandato constitucional de protección al derecho de tutela jurisdiccional ni el precepto legal que ordena al tribunal adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar sus laudos, a fin de estimar que el órgano jurisdiccional está facultado para imponer el arresto como medida de apremio”, señala el resolutivo.

Por lo tanto —concluye la sentencia—, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje carece de atribuciones para imponer el arresto como medida de apremio y, por ende, resultó indebido el fundamento invocado en este caso, por lo que se otorgó el amparo al Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y se dejó sin efectos la orden de arresto en su contra.






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