La vigilancia en México, fuera de control - Aristegui Noticias
opinión*
La vigilancia en México, fuera de control
Para la libertad por Alfredo Lecona

Por Alfredo Lecona

Esta semana, en Jalisco, se desarrolla el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF 2016), la cumbre coordinada por la ONU en la que participan todas las partes interesadas del ecosistema de internet en el mundo (multi stakeholders), como gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad técnica y académica, para dialogar sobre todo lo relacionado con el desarrollo de internet.

Irónicamente, en México. Irónicamente en una entidad cuyo gobierno ha atentado contra la privacidad de los ciudadanos, a través del uso ilegal de herramientas de vigilancia y la adquisición, con recursos públicos, de software capaz de infectar dispositivos conectados a internet con fines muy distintos a la preservación de la seguridad de la ciudadanía.

El pasado 28 de noviembre, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) presentó su informe sobre el estado de la vigilancia en nuestro país; le subtituló “fuera de control” y la aseveración no podría ser más precisa.

A través de sus 102 páginas, el informe de R3D da cuenta del estatus regulatorio de la vigilancia y transparencia en contraste con los controles democráticos a la vigilancia estatal; los números de la vigilancia en nuestro país y los hallazgos, perfectamente documentados, sobre la adquisición y uso de software malicioso (malware) por instancias y gobiernos. Lo revelado es otro episodio escalofriante de la grave crisis de derechos humanos que vive México.

Desde las revelaciones de Edward Snowden en 2013 acerca de la existencia de programas en posesión de las agencias de espionaje de Estados Unidos, el debate sobre la privacidad y los derechos de los usuarios de internet se ha robustecido en el panorama global. Snowden demostró como la CIA y la NSA eran capaces de invadir la privacidad de las personas a través de el acceso discrecional no permitido a los datos y metadatos de los usuarios con la supuesta intención de prevenir crímenes.

No se puede negar que el avance tecnológico ha generado nuevos problemas para los que es necesario crear mecanismos que permitan un combate eficaz, pero siempre proporcional, contra las formas en que el crimen aprovecha la tecnología; pero lo que sucede en países como el nuestro se aleja brutalmente de ese fin legítimo.

El reciente debate sobre la privacidad de los usuarios de internet en México, se detonó desde la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2014. Muchas voces advertimos sobre los riesgos derivados de la ambigüedad de la ley, que permitía a cualquier “autoridad” acceder a datos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones para colaborar con la seguridad y la justicia, además de la obligación impuesta a las empresas de telecomunicaciones de almacenar hasta por dos años, los datos de todos sus usuarios. Los defensores de este esquema autoritario (varios legisladores y funcionarios de órganos de seguridad) nos tildaron de paranoicos. Ante la falta de control judicial expresamente señalada en la ley y la definición clara de qué autoridades podrían hacer solicitudes de, por ejemplo, geolocalización en tiempo real, se aseguró que no habría descontrol. Hoy, la evidencia presentada por R3D evidencia la irresponsabilidad de legislar como se hizo. A pesar de que han habido logros importantes para acotar el poder desmedido de la vigilancia para cualquier autoridad, seguimos muy lejos de armonizar el derecho humano de la privacidad con el uso necesario y proporcional de la vigilancia y la información de las personas.

La ausencia de controles democráticos y gobiernos muy cómodos con la situación, mantienen vivo el falso dilema del sacrificio de la privacidad para preservar la seguridad, sin reconocer que deberían armonizarse ambos derechos si las autoridades expresamente facultadas, al conocer o advertir un probable hecho delictivo, solicitaran las medidas de vigilancia, necesarias y proporcionales, ante un juez y existiera un órgano con facultades legales para supervisar y auditar el uso de dichas medidas. Pero en la imaginación legislativa parece no existir la voluntad para lograrlo.

Para entender la gravedad del problema, R3D presenta el resultado de un exhaustivo ejercicio de transparencia, del cual da cuenta en su informe, presentado los resultados de alrededor de 600 solicitudes de información a autoridades federales y de las 32 entidades federativas, así como resoluciones del Poder Judicial Federal; así como la información obtenida de filtraciones de los correos electrónicos y documentos de empresas como la italiana Hacking Team y la israelí NSO, que vendieron software de espionaje a distintas autoridades y su mal uso por parte de estas.

A continuación, algunos de los datos escalofriantes del Informe:

México es el principal cliente de Hacking Team, gastando $5,808,875 Euros, seguido de Italia con $4,000,729 y de Marruecos con $3,133,50.

La Secretaría de la Defensa Nacional y hasta PEMEX adquirieron software de Hacking Team, a pesar de que las únicas autoridades que (por interpretación de la Suprema Corte, derivada de un amparo de R3D), pueden intervenir las comunicaciones de los mexicanos son la PGR, la Policía Federal, las procuradurías y fiscalías generales de los estados y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen).

La Fiscalía General del Estado de Jalisco u otra autoridad perteneciente al gobierno de ese estado han intervenido comunicaciones privadas utilizando el software de Hacking Team sin autorización judicial, es decir, de manera ilegal.

El Gobierno de Jalisco adquirió software con valor de €748,003.00 euros para utilizarlo en dos ocasiones. Es decir, cada intervención de comunicacio- nes privadas habría costado €374,001.5 euros.

En México, el 98.9% de las solicitudes de acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones se realizaron sin autorización judicial. Sólo en el 8.73% de los casos de espionaje se ha ejercido acción penal.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Policía Cibernética de Querétaro, el Instituto Electoral del Distrito Federal, los Gobiernos de Colima y Estado de México, SCT, SHCP, accedieron a datos de usuarios sin tener facultades legales para llevar a cabo la vigilancia de comunicaciones.

En Veracruz, de 2,339 casos de intervenciones, sólo en 9 se ejerció acción penal.

Entre 2013 y 2015, la Fiscalía de Chihuahua fue la autoridad que, por mucho, intentó obtener la geolocalización de dispositivos en más ocasiones (6,674)

El Cisen aseguró haber realizado 2002 intervenciones con autorización judicial, pero el Consejo de la Judicatura Federal sólo tiene constancia de 654 de ellas.

A las empresas de telefonía se hicieron 35,778 solicitudes, de las cuales 6,819 fueron hechas por autoridades no identificadas y 2,959 por alguna fiscalía o procuraduría no identificada. La PGR hizo 5.418 intervenciones, seguida de la Fiscalía de Veracruz con 2,460, el Poder Judicial Federal con 2.044 y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con 1,999.

Telcel no rechazó alguna de las 1,929 solicitudes de geolocalización en tiempo real de sus clientes, ni tampoco alguna de las 26,000 solicitudes sobre metadatos en el último año. En contraste, AT&T rechazó el 63.47% y Movistar el 7.99% de las solicitudes de metadatos

Poco a poco, el oscuro panorama se clarifica y ante la evidencia se hace necesario avanzar en la creación de controles sobre la vigilancia del estado que, se puede inferir, ha servido para perseguir, hostigar e inhibir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, adversarios políticos y periodistas, que han sido objetivos del abuso de las medidas de vigilancia, como se consigna en el informe de R3D, mientras con opacidad se intenta ocultar la dimensión del problema, como se evidenció el pasado lunes 5 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia desechó el recurso de revisión del Consejero Jurídico de la Presidencia para evitar que el CISEN informara a cuántas personas espió durante 2014, una solicitud de información hecha, precisamente, por R3D.

El gobierno mexicano, en lo que va del IGF 2016, no se ha pronunciado sobre las recientes revelaciones, mientras la sociedad civil intenta advertir a los multi stakeholders lo que sucede en México. En discursos llenos de supuestos logros y de “cosas buenas que no se cuentan, pero cuentan mucho”, la Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, Alejandra Lagunes y el gobernador del Estado de Jalisco, Aristoteles Sandoval, han seguido la línea de un gobierno federal acostumbrado a no reconocer las violaciones a los derechos humanos y la corrupción que también está presente en el abuso de las medidas de vigilancia. “A los jóvenes ya no les importa su privacidad”, afirmó Sandoval el pasado lunes 5 mientras la Suprema Corte resolvía el recurso de revisión promovido por una organización, conformada por jóvenes, que preparó el reporte. De ese tamaño el problema.

(El informe completo “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, se encuentra disponible en: r3d.mx)

Alfredo Lecona

Activista. Defensor de derechos humanos. Manifestante. Nació en la Ciudad de México en 1986. Apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Apartidista. Consultor en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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