Gobierno atiende opinión pública por caso Manzo, no la violencia estructural: Mesa de Análisis

Ambos analistas señalaron que las autoridades privilegian atender la presión pública que generan los crímenes de alto impacto, mientras la inseguridad estructural sigue sin resolverse.

Jacobo Dayán señaló que la reacción estatal busca “contener la indignación social, la movilización social, la presión al gobierno”, tras un crimen que generó protestas y amplia condena pública en Michoacán y a nivel nacional.

Aseguró que “este tipo de gobiernos autoritarios populistas se sostienen a partir de una épica discursiva” y criticó que el anuncio se produzca solo después de un caso de alto impacto mediático.

Recordó que en los últimos años han sido asesinados más de 70 presidentes municipales en el país, además de empresarios como el productor limonero Bernardo Bravo, “y ahí no hubo reacción”.

En ese contexto, advirtió que la investigación en manos de la Fiscalía estatal será insuficiente, debido a que el propio Manzo denunció vínculos criminales de autoridades. “Esa fiscalía no va a poder investigarse a sí misma”, afirmó.

Para Dayán, México enfrenta una “gobernanza criminal” donde “el crimen organizado ocupa gobernaduras, presidencias municipales, puestos en el Congreso” y opera junto con agentes del Estado.

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“Si no empezamos presionando por una descaptura del Estado, los problemas técnicos no se van a resolver”, sostuvo.

Por su parte, la directora de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, coincidió en que el plan busca administrar la crisis antes que transformar la realidad.

Los gobiernos anuncian acciones muchísimo más orientadas a la administración del problema más que con indicadores de desempeño.

Señaló que el mensaje del asesinato de Manzo es disciplinar y pretende “intimidar a la sociedad, a los empresarios, a los funcionarios públicos de que denunciar tiene un costo y que el costo de la denuncia es la vida”.

Sánchez advirtió que la propuesta federal carece de objetivos medibles para fortalecer policías locales, instituciones de investigación y mecanismos de control al poder criminal.

“Si no modifican sustancialmente lo que origina y perpetúa la violencia, este plan va a entrar al Museo de los Planes”, expresó.

Ambos especialistas concluyeron que sin verdad, justicia e independencia institucional, la violencia seguirá replicándose en Michoacán y otras entidades.

“La sociedad está harta, pero no puede sustituir la responsabilidad del Estado”, subrayó Sánchez.