Querétaro y embajada de EE.UU. violentaron Ley de Seguridad Nacional por academia: Rodríguez Sánchez Lara

El gobierno de Querétaro y la Embajada de Estados Unidos en México incurrieron en violaciones a la Ley de Seguridad Nacional al avanzar en el proyecto para construir una Academia Internacional de Capacitación en la entidad sin informar a las autoridades federales sobre el alcance de la colaboración, consideró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y especialista en seguridad.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el académico señaló que la legislación establece obligaciones específicas para los gobiernos estatales y municipales cuando sus funcionarios mantienen reuniones, intercambios de información o comunicaciones con agentes extranjeros en materia de seguridad.

“Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum fue terriblemente precisa en explicar por qué tanto el gobierno de Querétaro como la embajada de Estados Unidos violentaron la ley de seguridad nacional”, afirmó.

Rodríguez Sánchez Lara explicó que el 18 de diciembre de 2020 se realizó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular la actuación de agentes extranjeros en México. A la luz de dicha reforma, también se consideran agentes extranjeros aquellos integrantes de embajadas que participan en actividades relacionadas con seguridad, como las que estarían vinculadas con la academia proyectada en Querétaro.

El especialista recordó que los tres niveles de gobierno tienen responsabilidades concurrentes en materia de seguridad pública, pero subrayó que la legislación establece obligaciones concretas para las autoridades estatales y municipales cuando mantienen contacto con agentes extranjeros.

“Cualquier contacto, reunión, llamada telefónica que tengan servidores públicos en el ámbito municipal y estatal tienen que reportarlo al menos tres días después como máximo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, señaló.

Por lo tanto, un proyecto de las características de la Academia Internacional de Capacitación requería una coordinación previa entre autoridades estatales, federales y estadounidenses, debido tanto a la participación internacional como al financiamiento estatal involucrado.

Rodríguez Sánchez Lara explicó que la Ley de Seguridad Nacional dedica su título séptimo a la cooperación de gobiernos extranjeros en materia de seguridad y establece mecanismos para reportar los contactos entre agentes extranjeros y autoridades locales.

El académico indicó que la Embajada de Estados Unidos mantiene desde hace décadas vínculos con autoridades estatales de México y de otros países para impulsar agendas de cooperación en materia de justicia y seguridad. Añadió que la representación diplomática estadounidense cuenta con nueve consulados en México, que también mantienen relaciones con gobiernos estatales y municipales.

“Son miles de funcionarios de materia de seguridad pública, procuración de justicia, inteligencia, que se han capacitado en Estados Unidos en las academias de policía y de justicia en ese país”, apuntó.

Responsabilidad del secretario de Seguridad de Querétaro

El especialista sostuvo que la responsabilidad por la falta de comunicación con el gobierno federal también alcanzaría al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández.

“Precisamente, quien cae también en responsabilidad de la ley de seguridad nacional es precisamente el secretario de seguridad pública o seguridad ciudadana del estado de Querétaro, porque él tuvo que haber informado desde hace semanas o meses de estas pláticas con el gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.

Señaló que existen funcionarios y áreas específicas dentro de la estructura federal encargadas de recibir y coordinar este tipo de información, entre ellas la Subsecretaría para América del Norte y la Dirección General de Asuntos Especiales, vinculada con la coordinación del Grupo de Alto Nivel en Materia de Seguridad, que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional.

Precisó que el segundo párrafo del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional establece las obligaciones de los servidores públicos estatales y municipales respecto de sus contactos con agentes extranjeros.

“Los servidores públicos de las entidades federativas de los municipios deberán entregar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas, o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros un informe por escrito de las mismas”, citó.

Sostuvo que estas disposiciones también alcanzan a funcionarios de cooperación de la Embajada de Estados Unidos vinculados con ámbitos policiales, como el FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL).

Detalló que las reuniones con estos agentes deben ser autorizadas por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y contar con la presencia de un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cooperación con Estados Unidos sí es posible

El académico consideró que la controversia no implica que la cooperación con Estados Unidos en materia de capacitación policial deba detenerse. Por el contrario, sostuvo que las fuerzas de seguridad mexicanas necesitan preparación permanente y que la colaboración internacional puede contribuir a ello.

“Me parece que es un muy buen mensaje del canciller Velasco, porque esta cooperación ayuda. La verdad es que nuestras fuerzas del orden necesitan más y mejor preparación y de manera permanente”, afirmó.

Recordó que México también ha recibido cooperación de cuerpos de seguridad de otros países. Mencionó como ejemplos a la gendarmería francesa, que participó en capacitación de policías federales, y a la policía montada de Canadá.

“Entonces me parece que es un mensaje diplomático correcto, porque se puede hacer la cooperación y lo ideal es que se haga”, señaló.

Rodríguez Sánchez consideró que sería positivo concretar la academia de Querétaro, siempre que el proyecto se desarrolle dentro del marco legal y con la coordinación correspondiente con el gobierno federal. “Sería extraordinario que tuviéramos esta academia”, sostuvo.

Como antecedente, mencionó la Academia Zaragoza, en Puebla, que fue financiada por la Embajada de Estados Unidos durante la implementación de la Iniciativa Mérida, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.

“Esta academia Zaragoza ya está en control absoluto y total del gobierno del estado de Puebla”, explicó. Señaló que el proyecto implicó transferencia de equipo y entrenamiento y que actualmente las instalaciones son aprovechadas por el gobierno estatal.

En ese sentido, afirmó que la cooperación internacional puede desarrollarse sin conflicto si las autoridades cumplen con los procedimientos establecidos. “Todo en orden, informando a la Cancillería, informando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se puede hacer esta cooperación”, afirmó.

El proyecto pudo incorporar a la Federación

Rodríguez Sánchez Lara consideró que las autoridades de Querétaro pudieron haber informado a la Cancillería sobre las conversaciones con la Embajada de Estados Unidos y buscar la participación del gobierno federal en el proyecto.

Explicó que la embajada estadounidense tiene facultades para establecer contactos con autoridades subnacionales, pero que la coordinación con la Federación habría permitido ampliar los beneficios de la academia a otros estados.

“La embajada tiene todo el derecho para platicar con funcionarios subnacionales en México y en cualquier país”, señaló.

“Que no sea un proyecto nada más embajada y gobierno del estado, que se puedan beneficiar funcionarios policiales de investigación de otros estados de la república, y eso generaría confianza”, agregó.

Para el académico, el problema central fue la falta de comunicación entre las autoridades involucradas. “La clave aquí es, aquí se rompió un pequeño eslabón de confianza”, afirmó.

Diferencias con el caso Chihuahua

Al ser cuestionado sobre las similitudes entre el caso Querétaro y la situación registrada en Chihuahua por la presencia de agentes de la CIA, Rodríguez Sánchez Lara marcó diferencias entre ambos escenarios.

Señaló que tanto Querétaro como Chihuahua son gobernados por fuerzas políticas distintas a Morena, pero sostuvo que la relación entre el gobierno de Querétaro y la administración federal ha sido distinta a la que existe entre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“A diferencia del gobierno de Chihuahua, donde había mucha tensión política con la gobernadora y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el caso del gobierno de Querétaro, ha habido magníficas reuniones del gobernador, de su gabinete, con autoridades federales, fluye muy bien la cooperación”, dijo.

También destacó que Querétaro mantiene un proyecto de interés para el gobierno federal, el tren entre la Ciudad de México y Querétaro, y sostuvo que hasta antes de esta controversia había observado una buena coordinación entre ambos gobiernos.

Rodríguez Sánchez Lara advirtió que la ausencia de información hacia la Federación puede generar dificultades si ocurre algún incidente relacionado con el proyecto de capacitación. “Porque precisamente si algo pasa mal, por ejemplo en la academia, en alguna situación, y la federación no está al tanto de esto, pues complica las relaciones diplomáticas”, explicó.

El académico insistió en que la cooperación internacional puede ser útil para fortalecer las capacidades de las corporaciones mexicanas y recordó que durante las últimas cuatro décadas miles de funcionarios mexicanos han recibido capacitación en instituciones estadounidenses.

Mencionó específicamente la Academia del FBI en Quantico, Virginia, así como instalaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), donde existen programas especializados en identificación y rastreo de armas.

Capacitación para rastrear armas

Consideró que una de las posibilidades para la eventual academia de Querétaro sería incorporar cursos especializados impartidos por agentes de la ATF.

“Qué importante sería que en esta academia, ojalá y se haga, con todo el visto bueno del gobierno federal, que haya agentes del ATF que ofrezcan los cursos que yo conozco muy bien, que ofrecen para el rastreo de armas”, planteó.

Dijo que estos cursos permitirían a funcionarios mexicanos conocer el sistema E-Trace, una herramienta utilizada para rastrear la procedencia y trayectoria de armas de fuego.

“Entonces, creo que mientras que se ordene la cooperación, va a ser en beneficio del país”, concluyó.