Escalan asta bandera en el Zócalo para exigir cancelar planta de amoníaco en Topolobampo

Greenpeace México y representantes de comunidades Mayo-Yoreme llevaron este lunes su rechazo a la planta de amoníaco de Grupo Proman y Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) al Zócalo de la Ciudad de México, desde donde pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum cancelar el proyecto en Topolobampo, Sinaloa.

La protesta fue encabezada por activistas de Greenpeace, quienes escalaron el asta de la Bandera en la Plaza de la Constitución para colocar una manta con el mensaje “PRESIDENTA: ¡PROTEJA TOPOLOBAMPO!”.

Abajo, otros integrantes de la organización desplegaron una manta circular con la leyenda “¡En México No!”, mientras también mostraron mensajes como “No a la planta de amoniaco”, “Hagamos Patria, protejamos la Bahía de Ohuira” y “¡Vivan los defensores de Topolobampo y los pueblos originarios!”.

La acción se realizó en el contexto de los 100 días de plantón y resistencia civil que la comunidad mantiene frente al proyecto, cumplidos el 6 de septiembre. De acuerdo con Greenpeace, el Gobierno Federal anunció la conformación de tres grupos técnicos que evaluarán las condiciones del proyecto del 7 al 11 de septiembre, mientras que integrantes del Colectivo ¡Aquí No! han señalado que su disposición a participar en el análisis no implica aceptar la construcción de la planta.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace México, explicó que la organización acudió al Zócalo junto con representantes del Colectivo ¡Aquí No!, algunos de los cuales llevan cien días en plantón.

“Decidimos traer al centro de la ciudad, al corazón de la ciudad, este mensaje para llamar a la presidenta a proteger Topolobampo, con la cancelación de la planta de amoníaco que se está pretendiendo llevar a cabo en la zona”, dijo.

Lara Galicia sostuvo que las comunidades han expresado su rechazo al proyecto y han presentado argumentos sobre los riesgos que, según Greenpeace, implicaría para el ambiente y para las actividades de las poblaciones de la zona.

“Las comunidades han dicho que no, han argumentado científicamente los riesgos que traerá consigo esta planta, riesgos ambientales, pero también riesgos sociales, ya que pues estarán impactando los medios de vida de la comunidad”, señaló.

La directora ejecutiva de Greenpeace México agregó que la protesta se realizó al pie de la bandera nacional como una referencia a los conceptos de unidad, soberanía e identidad, y llamó a detener el proyecto de la empresa suizo-alemana Proman y su subsidiaria mexicana GPO.

“Estos capitales extranjeros están viniendo a amenazar ecosistemas de suma relevancia para el país y para el mundo. No podemos seguir permitiendo el desarrollo económico a costa de la vida en todas sus formas, del medio ambiente y de la gente que habita esta región”, afirmó.

Una resistencia de más de 13 años

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de la comunidad indígena Mayo-Yoreme de Ohuira y uno de los voceros del Colectivo ¡Aquí No!, señaló que las comunidades mantienen una resistencia pacífica contra el proyecto desde 2013.

“Hemos venido nosotros llevando una resistencia pacífica, donde buscamos más que nada el entendimiento a nuestras demandas, a la defensa de nuestros derechos”, afirmó.

“Por lo tanto, el grito de desesperación aquí en la ciudad, aquí en nuestra Ciudad de México y al frente de aquí del Zócalo, donde si la presidencia, la presidenta Claudia Sheinbaum nos escucha, o si mira este video, que ponga atención y que sea cancelado este proyecto”, agregó.

El gobernador tradicional calificó el proyecto como “un golpe existencial a nuestras vidas como pueblos originarios” y cuestionó sus dimensiones. La planta de Proman-GPO tendría una capacidad de producción de 2 mil 200 toneladas de amoníaco al día y almacenamiento de 75 mil toneladas.

Montaño también señaló que el proyecto requeriría la extracción de 2 mil metros cúbicos de agua por hora, que posteriormente sería descargada en la bahía a una temperatura mayor.

“Creo yo que sería prácticamente la muerte de la bahía y sería el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esta bahía, este proyecto succionará 2,000 metros cúbicos de agua por hora y así será devuelta con otro grado de calentamiento a la bahía”, sostuvo.

Ante ese escenario, planteó como alternativas la cancelación o reubicación del proyecto: “Por eso mismo el grito desesperado para que este proyecto sea cancelado o en sí reubicado hacia un lugar donde no esté atente con la vida humana”.

En un comunicado, Greenpeace señaló que en las movilizaciones también participaron habitantes de las comunidades indígenas y campos pesqueros de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas, así como de diversos ejidos y de Los Mochis.

Advierten sobre riesgos ante una eventual fuga

Montaño señaló que la comunidad ha participado en mesas de trabajo con autoridades federales, en las que se presentó un plan remedial relacionado con el proyecto. Según explicó, se planteó realizar una investigación y analizar posibles modificaciones a la extracción y descarga de agua.

Sin embargo, consideró que esos ajustes no resuelven las preocupaciones de la comunidad. “Creo yo que al igual no sería viable, ya que presenta no nomás irregularidades en la manifestación de impacto ambiental, tenemos también la manifestación de impacto de riesgo, que prácticamente no hay cómo evacuar, si llegara a tener una fuga este proyecto”, afirmó.

El representante Mayo-Yoreme añadió que, a su juicio, la población y los cuerpos de emergencia de la zona no cuentan con las condiciones necesarias para responder ante un accidente.

“No estamos capacitados, en este caso protección civil, bomberos, llámese guardia nacional, no hay cómo poder evacuar a la población, es por eso que la desesperación y el miedo a este proyecto que se establezca”, dijo.

Greenpeace ha señalado que, según la Manifestación de Impacto Ambiental elaborada por la propia empresa, una fuga de cinco minutos sería mortal en un radio de 15 kilómetros, con una población aproximada de 165 mil habitantes potencialmente alcanzada, mientras que una fuga de 15 minutos abarcaría un radio de 45 kilómetros y pondría en riesgo a más de 450 mil habitantes del municipio de Ahome. También señala el riesgo asociado con el tramo de tres kilómetros del amoniaducto necesario para transportar el producto de la planta al muelle.

Cuestionan modificaciones al proyecto

Greenpeace y el Colectivo ¡Aquí No! sostienen que el proyecto arrastra irregularidades y riesgos que fueron expuestos durante las mesas de diálogo entre la empresa, las organizaciones y el Gobierno Federal. Las organizaciones indicaron que estos señalamientos llevaron a Grupo Proman a comprometerse a realizar modificaciones técnicas, operativas y de mitigación social en su Manifestación de Impacto Ambiental y en su Estudio de Riesgo.

El colectivo ha sostenido que los ajustes relacionados con las descargas de agua no son suficientes y que el proyecto no sería viable aun con esas modificaciones.

Greenpeace, por su parte, señaló que las autoridades mexicanas tienen facultades para monitorear, vigilar y revisar el proceso mediante el cual Proman, a través de GPO, modifique ambos documentos, con el propósito de evitar que los cambios se limiten a atender formalmente las demandas planteadas durante las mesas de diálogo. La organización también argumentó que la realización de modificaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental y al Estudio de Riesgo en esta etapa contradice, a su juicio, los procedimientos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La organización sostiene además que la planta se ubicaría en una zona catalogada como sitio Ramsar, con humedales de relevancia mundial; como hogar y zona de crianza, tránsito y reproducción de 39 especies de flora y fauna protegidas por la NOM-059, entre ellas el delfín nariz de botella, y como territorio sagrado para las comunidades Mayo-Yoreme.

Lara Galicia insistió en que el impacto no se limitaría al entorno natural, sino que alcanzaría las actividades y formas de vida de las comunidades que dependen de la bahía.

“De continuar con el proyecto, la megaplanta traerá daños irreversibles e irreparables, no sólo medioambientales: en ecosistemas, hábitats, flora y fauna en la región; también en los modos de vida de las comunidades que por años han vivido en y de la Bahía de Ohuira”, señaló.

La activista pidió que las autoridades federales ejerzan sus atribuciones y que el proyecto sea frenado y cancelado antes de que se profundicen sus impactos durante la construcción y la eventual operación.

“Es tiempo de que las autoridades asuman su competencia en el tema, principalmente el Ejecutivo, encabezado por la Dra. Sheinbaum Pardo, y actúen a favor de la defensa y protección de este espacio, para frenar y cancelar definitivamente el proyecto antes de que los impactos en su construcción y posterior operación se profundicen”, afirmó.

La protesta de este lunes se suma a la movilización realizada el pasado 2 de septiembre en Topolobampo, donde más de 300 habitantes de comunidades costeras, ejidos y campos pesqueros de Topolobampo y Los Mochis participaron en una acción contra el proyecto. En esa ocasión desplegaron una manta de 30 metros de largo por 1.5 metros de ancho con la leyenda “¿INOFENSIVO? Juntos contra la amenaza”, junto a la estructura industrial conocida por los pobladores como “el misil”.

La comunidad, de acuerdo con Montaño, mantendrá el plantón frente a las instalaciones de GPO. “Si ahorita ya duramos 100 días, creo yo que podemos seguir adelante y si son los otros 100 días las que tenemos que estar ahí para ser escuchados, lo haremos”, concluyó.