opinión*
Los opositores al gobierno y los enemigos de la República | Artículo
por Rogelio Muñiz Toledo

Rogelio Muñiz Toledo

“No ha querido, ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido”: Benito Juárez García*

Los opositores al gobierno y quienes en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación de las ideas y a defender los derechos humanos cuestionan las acciones y decisiones del presidente de la República no son ni “los reaccionarios de otros tiempos”, enemigos de la República, ni un “grupo o facción” integrada por los enemigos del gobierno. Son solo adversarios políticos y ciudadanos que se oponen a determinadas políticas o acciones gubernamentales. En una democracia deliberativa, el discurso y los proyectos políticos de quienes se oponen al cambio no pueden ser descalificados a priori por consideraciones morales; deben ser debatidos y, en su caso, derrotados política y electoralmente, no moralmente.

Calificar como conservador o reaccionario a todo aquel que critica o se opone a las decisiones del gobierno o señalar como conservadores “fuera de quicio” o reaccionarios “moralmente derrotados” a sus adversarios políticos o a quienes combaten política o jurídicamente sus decisiones, como lo hizo el presidente López Obrador en el discurso del pasado 1 de septiembre, genera distorsiones en la racionalidad del debate político porque incorpora como base de la discusión una premisa falsa -la superioridad moral de quienes detentan el poder- que no encuentra sustento ni en el triunfo electoral de la mayoría, aunque haya sido con más de 30 millones de votos- ni en la derrota política de las minorías.

El uso de expresiones dogmáticas y de contenido moral para descalificar a los adversarios es contrario a los valores de la democracia y cuando aquellas son utilizadas por el jefe del Estado para colocar en un plano de inferioridad moral al discurso y a las propuestas de los opositores al gobierno -o a los opositores mismos- es particularmente grave porque pueden ser malinterpretadas, tergiversadas y magnificadas, con alcances insospechados, por otros actores políticos e incluso por funcionarios del gobierno y dar pauta a discursos de odio propios de los regímenes totalitarios.

En referencia al discurso del presidente López Obrador del pasado 1 de septiembre, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, escribió en su columna en el periódico Excélsior, lo siguiente: ‘Para esos que están en la lona, hoy se dictó una sentencia condenatoria inapelable y de magnitud altamente expansiva: “moralmente derrotados”’. Peligrosa interpretación de lo dicho por el Presidente, ante la que cabría preguntar: ¿La “sentencia inapelable” que decretó la “derrota moral” de los opositores al gobierno los condena al ostracismo y, en consecuencia, la pena es el destierro político? En beneficio de la democracia, de los opositores y del gobierno, espero que en la interpretación del subsecretario de Gobernación, la “magnitud altamente expansiva” de la “sentencia” no tenga esos alcances.

Conocedor, como lo es, del pensamiento político del presidente Benito Juárez, convendría que el presidente López Obrador volviera a revisar -y recomendara su lectura a sus colaboradores y correligionarios- el breve pero histórico discurso que con motivo del triunfo de la República pronunció el presidente Juárez en 1867, al entrar a la Ciudad de México luego de haber alcanzado, en palabras del propio Juárez, “el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria”.

En el discurso del triunfo de la República no existe expresión alguna con la que se sentencie la derrota moral ni siquiera de los conservadores que combatieron al gobierno de Juárez y que eran -ellos sí, sin duda- enemigos de la República; por el contrario, lejos de dejarse llevar por las pasiones en contra de quienes le combatieron, el presidente Juárez reivindicó la templanza y la indulgencia como virtudes de su gobierno, al que se refirió con esta palabras: “Su deber ha sido, y es, pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad”.

La incuestionable superioridad moral del presidente Juárez y de los liberales frente a los conservadores del siglo XIX tuvo fundamento y se sostuvo porque su gobierno combatió por una causa superior a cualquier contienda política o electoral: la defensa de la independencia y la soberanía nacionales y de la Constitución y las instituciones republicanas ante los embates de los enemigos de la República.

Ni en la contienda electoral de 2018 la República estuvo en riesgo ni las instituciones republicanas lo están -al menos no en los discursos y proyectos políticos de las oposiciones- en el debate sobre el proyecto de nación y la propuesta de cambio de régimen del presidente López Obrador. Por lo tanto, en el actual proceso de cambio político no caben las “sentencias inapelables de derrota moral” basadas en la supuesta superioridad moral de quienes desde el poder las dictan en contra de las oposiciones o de quienes disienten del proyecto político o de la propuesta de cambio del Presidente. Si la esencia de la democracia es la posibilidad de la alternancia política, las elecciones no puede otorgar superioridad moral al triunfador ni significar la derrota moral de los perdedores, porque esto inhabilitaría políticamente a los opositores para impulsar su proyecto político y presentarse como una alternativa de gobierno en la elección siguiente.

Si el presidente López Obrador realmente quiere avanzar en el cambio del régimen político con el consenso de las oposiciones, conviene recordarle que, como dice el politólogo italiano Gianfranco Pasquino (La oposición, Alianza Editorial, 1998), “en ninguna democracia occidental los gobiernos le dicen a la oposición cómo debe ser” y “en ninguna de ellas, las oposiciones renuncian de entrada a ser duras e intransigentes, críticas y destructivas, propositivas y alternativas”, “del mismo modo (que) ninguna oposición debe pedir al gobierno que le deje ejercer como tal”.

En referencia al complejo proceso de cambio político que vivió al frente del gobierno de la URSS, Mijaíl Gorbachov, escribió:

“La experiencia histórica nos lo enseña claramente: la aspiración de las masas al progreso no podía traducirse en hechos si las fuerzas que accedían a la gobernación del país no tenían unos contrapesos democráticos”

Mijaíl Gorbachov. Foto: BBC.

El proceso de cambio político requiere de una mayoría incluyente que respete y debata con las minorías y de oposiciones dispuestas a dialogar y negociar con el gobierno. De lo contrario, el riesgo de que en el proceso de cambio de régimen existan retrocesos autoritarios e incluso de que la transición termine en la restauración de la cultura política y de las reglas y prácticas del antiguo régimen, es muy alto. La “Ley Bonilla” y la maniobra de la mayoría parlamentaria de Morena para intentar conservar en forma ilegítima la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados son dos señales claras, entre muchas otras, de que este riesgo está presente.

Al repensar el proceso de cambio y la crisis política de su gobierno, el ex presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, escribió en su memorias: “La impaciencia y el radicalismo se transforman en intolerancia y agresividad”.

En el actual proceso de cambio político en México la adecuada operación del gobierno federal se ha visto afectada por la prisa por consumar el cambio, y las resistencias a la Cuarta Transformación han hecho que afloren el radicalismo y el talante autoritario de algunos de los integrantes de la élite política que llegó al poder con el presidente López Obrador. La intolerancia y la agresividad hacia los opositores y los críticos del gobierno empiezan a manifestarse en forma recurrente.

Ante estas circunstancias sería deseable que el presidente López Obrador siguiera la máxima juarista y no se dejara “inspirar por ningún sentimiento de pasión” contra sus adversarios políticos y que pudiera convencer a sus correligionarios y colaboradores de que esta debe ser la norma que rija su conducta y sus acciones.

*Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

 

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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